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Exigen abrir archivos secretos de la dictadura: “No se puede seguir ocultando la verdad”

La organización de derechos humanos Londres 38 se reunió con el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, para insistir en la investigación sobre crímenes de lesa humanidad de la que fueron víctimas 98 personas en el ex centro de tortura, mientras funcionaba como cuartel de la DINA. Asimismo, exigen la apertura de los archivos secretos para llegar a la verdad.

Diana Torres

  Miércoles 5 de febrero 2014 17:46 hrs. 
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Las integrantes de la mesa directiva de Londres 38 manifestaron su preocupación respecto de la necesidad de generar avances en derechos humanos en relación a la verdad, las condenas y lo que significará la apertura de los archivos secretos.

Es por esto que solicitaron el término de las restricciones a los archivos de la ex Colonia Dignidad, incautados hace ocho años y que contienen 40 mil fichas y documentos, entre los que se cuentan personas que permanecen desaparecidas.

Al respecto, la directora del sitio de memorias, Erika Hennings, enfatizó en los avances que tendrá el conocimiento de los archivos para llegar a  la verdad.

“Los archivos son para ser conocidos, además, los archivos de Colonia Dignidad contienen ficha de las personas que estuvieron detenidas de los distintos partidos políticos, así como se cree también que pueden haber fichas de los propios agentes que participaron de los hechos represivos. En general es importante que se conozca para los avances de la verdad y las investigaciones, pero también para el conocimiento de toda la sociedad, respecto de lo que sucedió en todo el período de la dictadura militar”, afirmó.

Asimismo, diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos firmaron una carta que fue enviada al Presidente Sebastián Piñera para solicitar la desclasificación de los documentos, ya que a los archivos de la ex Colonia Dignidad se suma las Comisiones Rettig y Valech.

En este sentido, Gloria Elgueta, miembro del directorio, enfatizó en la importancia avanzar en la búsqueda de todos los registros que permanecen ocultos.

La dirigente del organismo de DD.HH. enfatizó que se deben abrir los “archivos que nosotros sabemos positivamente que están en poder de organismos del Estado y a los cuales no se ha dado acceso a la justicia, ni tampoco a las organizaciones de derechos humanos. En ese sentido, esperamos solicitar a las nuevas autoridades políticas cuando asuman en marzo que se comprometan a la apertura y desclasificación de esos archivos que continúan en manos de organismos del Estado, de las FF.AA. y de las fuerzas policiales y de inteligencia”.

Durante la semana pasada, familiares de ex prisioneros políticos y abogados se reunieron con el ministro Jorge Zepeda, a cargo del caso, para exigir la liberación de la información que se mantenía en la organización liderada por Paul Schaefer.

Dado que las fichas fueron declaradas secreto de Estado por el ministro, amparándose en la Ley de Inteligencia Nacional, se encuentran en poder de la Policía de Investigaciones. Esta situación fue calificada por el abogado de Derechos Humanos, Eduardo Contreras, como una “aberración jurídica”.

Esto, porque el jurista explica que el ministro atribuye condición de secreto de Estado a documentos que son antecedentes importantes para la justicia y los derechos de los familiares, apoyándose en la ley del  de 2004 en circunstancias que no atentan contra el orden constitucional y soberanía nacional. Por ello, no descartan estudiar acciones criminales por obstrucción a la justicia contra quienes sean responsables.

Asimismo, Contreras enfatizó en la gravedad de la situación, ya que pone en riesgo el futuro democrático del país: “Sin recuperar la memoria, sin dilucidar el papel exacto que a las FF.AA. chilenas, que siguen siendo las mismas, les correspondió en todo lo que ocurrió, no podemos dar por seguro el futuro democrático del país. Esto es grave, no se puede ocultar la verdad en Chile, son demasiados años, mucho sufrimiento de por medio y ocultarle a la ciudadanía y a los tribunales lo que ocurrió en dictadura constituye una complicidad con los crímenes. Esto es gravísimo y por lo tanto se debe exigir que se entreguen los antecedentes a quien corresponde”.

Finalmente, según lo establecido por ley, se mantendrá por 50 años el secreto a los testimonios de las personas prisioneras y torturadas de la Comisión Valech, restricciones similares a las que tienen las declaraciones prestadas ante la Comisión Rettig. Escenarios, que según el abogado, podrían cambiar con una ley de simple mayoría, si existiese voluntad desde el Congreso.

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