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Pescadores y algueras rechazan medida que levanta suspensión de Bocamina I

Endesa Chile, dueña del proyecto Bocamina, anunció que la Superintendencia de Medio Ambiente levantó la suspensión de operaciones del proyecto termoeléctrico ubicado en la comuna de Coronel, región del Biobío. Ante esto, las organizaciones de pescadores artesanales se mostraron en contra, ya que denuncian falta de fiscalización desde el organismo.

Diana Torres

  Viernes 7 de febrero 2014 16:48 hrs. 
bocamina 1


La superintendencia de Medio Ambiente dictó el 27 de febrero la suspensión de operaciones del proyecto Bocamina I, que aporta 128 megavatios, porque se produjo una abducción de sardinas en el circuito de refrigeración principal.

Hecho que cambió, luego que el organismo dejara sin efecto la clausura temporal de la industria, según ha afirmado Endesa Chile.

En un comunicado enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), la empresa confirmó que ha cumplido con las medidas de corrección, seguridad y control ordenadas por la autoridad, cambiando la malla por una nueva estructura y reparando la cortina de burbujas de los sifones de Bocamina I y II.

Sin embargo, para los afectados esto no es así, Rosendo Arroyo, dirigente de la Caleta Lo Rojas en Coronel, enfatizó que han constatado fallas permanentes en el proyecto y ausencia en la fiscalización.

En esta línea, el dirigente de los pescadores artesanales de la zona de Coronel indicó que “esa opinión es muy válida cuando de la oficina se fiscaliza, pero otra cosa es en el terreno, en el terreno nosotros podemos ver acá las falencias que tiene la bocatoma de agua, son medidas de parche porque en realidad se tiene que hacer un trabajo mucho más grande, y probablemente ellos están mirando el costo, como para que les otorguen de nuevo el visto bueno para poder operar. La fiscalización del escritorio no sirve tiene que ser realmente con los actores que están siendo afectados”

A su vez, el abogado Sebastián Inostroza, representante de algueras y pescadores artesanales de Coronel, señaló que el organismo ambiental debe inspeccionar los proyectos de inversión, atendiendo al cumplimiento de las garantías.

Por esto, el abogado de los pescadores y algueras explicó que “la superintendencia tiene por un mandato legal que fiscalizar los proyectos de inversión sujetos al sistema de evaluación, y en particular una orden expresa de la Corte Suprema de hacerse cargo de los conflictos que ha provocado la succión masiva de recursos hidrobiológicos, y nosotros creemos que en ese sentido ella se tendrá que hacer cargo de la fiscalización. En definitiva lo que tiene que haber entendido la superintendencia del Medio Ambiente es que las precarias medidas tomadas por la empresa aseguran el cumplimiento de lo resuelto por la Corte Suprema, nosotros creemos que no es así”.

Cabe señalar que a fines del 2013, la Corte Suprema acogió el recurso presentado por pescadores de la localidad. Dictamen que ordenó a Endesa el cierre de la planta Bocamina II, citando declarar ante la superintendencia del Medio Ambiente al gerente general, en el marco del procedimiento sancionatorio.

Ante esto, Marisol Ortega, dirigenta de los recolectores algueros de la costa de Coronel, expresó que la ley de medioambiente ha sido débil, permitiendo daños irreparables.

En este sentido, la dirigenta de la algueras de Coronel enfatizó que “lamentablemente han matado casi todas las especies marinas que están en el borde costero. No podemos convivir con las termoeléctricas, porque la caleta Lo Rojas que está más retirada de las termoeléctricas está a 500 metros. Nosotros sufrimos por todas las falencias, no tenemos derecho a vivir como dice la Ley del Medio Ambiente, en un ambiente libre de contaminación y libre de ruido. Todo Coronel está contaminado, mucha gente muriendo de cáncer de la noche a la mañana, son muchas las contradicciones que hay respecto de las termoeléctricas de Coronel”.

Las agrupaciones de Coronel anunciaron tomar medidas drásticas. A su vez, el abogado Inostroza indicó que mantendrán los recursos y acciones legales para que Endesa se someta a la legislación vigente, ya que la medida “no tiene justificación”, pronunció.