Fechas claves vive la nueva forma de medir los indicadores de pobreza en el país. Esto, después de la controversia que en 2012 tuvo el Gobierno con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la que originó cuestionamientos a los resultados de la encuesta de Caracterización Social y Económica Nacional (Casen) 2011.
La Comisión para la Medición de la Pobreza en Chile, encargada del diseño de la nueva ficha, apuesta por una nueva metodología. Así lo indicó su presidente, Rodrigo Jordán, quien destaca los nuevos elementos a considerar, como la línea de vulnerabilidad, elevar los estándares que determinan los niveles de pobreza, medición de otras de sus dimensiones, un Instituto Nacional de Estadísticas (INE) autónomo, entre otros.
En ese sentido, el economista de la Fundación Supera la Pobreza, Mauricio Rusenbluth, coincide con lo beneficioso de la nueva medición. Asimismo, destaca la importancia de restituir la confianza de la ciudadanía sobre las cifras que se entregan desde el Estado.
El experto destacó la medición multidimensional, afirmando que el ingreso no es capaz de reconstruir correctamente una noción de bienestar en las familias, por lo que agregar el estudio de vulnerabilidad, es decir, familias que entran y salen de la línea de pobreza, va en una correcta dirección.
Al respecto señaló que: “Ellos construyeron una línea adicional a la de pobreza, que se llama de vulnerabilidad. Esta tiene características multidimensionales y también de ingreso y arroja que casi un 45 por ciento de la población nacional está en situación de vulnerabilidad. A nuestro juicio, esto coincide con lo que otros estudios ya habían arrojado que más o menos involucraban a más del 35 por ciento de la población con dificultades para llegar a fin de mes”, concluyó Rusenbluth.
Respecto de las instituciones, el economista respalda que el INE sea un ente autónomo, plantea para las autoridades el compromiso de que los datos de la Casen sean entregados con y sin ajustes de ingresos, además insiste en reponer la tutela de ciertos organismos públicos internacionales en la medición de pobreza nacional.
Fechas claves vive la nueva forma de medir los indicadores de pobreza en el país. Esto, después de la controversia que en 2012 tuvo el Gobierno con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la que originó cuestionamientos a los resultados de la encuesta de Caracterización Social y Económica Nacional (Casen) 2011.
La Comisión para la Medición de la Pobreza en Chile, encargada del diseño de la nueva ficha, apuesta por una nueva metodología. Así lo indicó su presidente, Rodrigo Jordán, quien destaca los nuevos elementos a considerar, como la línea de vulnerabilidad, elevar los estándares que determinan los niveles de pobreza, medición de otras de sus dimensiones, un Instituto Nacional de Estadísticas (INE) autónomo, entre otros.
En ese sentido, el economista de la Fundación Supera la Pobreza, Mauricio Rusenbluth, coincide con lo beneficioso de la nueva medición. Asimismo, destaca la importancia de restituir la confianza de la ciudadanía sobre las cifras que se entregan desde el Estado.
El experto destacó la medición multidimensional, afirmando que el ingreso no es capaz de reconstruir correctamente una noción de bienestar en las familias, por lo que agregar el estudio de vulnerabilidad, es decir, familias que entran y salen de la línea de pobreza, va en una correcta dirección.
Al respecto señaló que: “Ellos construyeron una línea adicional a la de pobreza, que se llama de vulnerabilidad. Esta tiene características multidimensionales y también de ingreso y arroja que casi un 45 por ciento de la población nacional está en situación de vulnerabilidad. A nuestro juicio, esto coincide con lo que otros estudios ya habían arrojado que más o menos involucraban a más del 35 por ciento de la población con dificultades para llegar a fin de mes”, concluyó Rusenbluth.
Respecto de las instituciones, el economista respalda que el INE sea un ente autónomo, plantea para las autoridades el compromiso de que los datos de la Casen sean entregados con y sin ajustes de ingresos, además insiste en reponer la tutela de ciertos organismos públicos internacionales en la medición de pobreza nacional.
Fechas claves vive la nueva forma de medir los indicadores de pobreza en el país. Esto, después de la controversia que en 2012 tuvo el Gobierno con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la que originó cuestionamientos a los resultados de la encuesta de Caracterización Social y Económica Nacional (Casen) 2011.
La Comisión para la Medición de la Pobreza en Chile, encargada del diseño de la nueva ficha, apuesta por una nueva metodología. Así lo indicó su presidente, Rodrigo Jordán, quien destaca los nuevos elementos a considerar, como la línea de vulnerabilidad, elevar los estándares que determinan los niveles de pobreza, medición de otras de sus dimensiones, un Instituto Nacional de Estadísticas (INE) autónomo, entre otros.
En ese sentido, el economista de la Fundación Supera la Pobreza, Mauricio Rusenbluth, coincide con lo beneficioso de la nueva medición. Asimismo, destaca la importancia de restituir la confianza de la ciudadanía sobre las cifras que se entregan desde el Estado.
El experto destacó la medición multidimensional, afirmando que el ingreso no es capaz de reconstruir correctamente una noción de bienestar en las familias, por lo que agregar el estudio de vulnerabilidad, es decir, familias que entran y salen de la línea de pobreza, va en una correcta dirección.
Al respecto señaló que: “Ellos construyeron una línea adicional a la de pobreza, que se llama de vulnerabilidad. Esta tiene características multidimensionales y también de ingreso y arroja que casi un 45 por ciento de la población nacional está en situación de vulnerabilidad. A nuestro juicio, esto coincide con lo que otros estudios ya habían arrojado que más o menos involucraban a más del 35 por ciento de la población con dificultades para llegar a fin de mes”, concluyó Rusenbluth.
Respecto de las instituciones, el economista respalda que el INE sea un ente autónomo, plantea para las autoridades el compromiso de que los datos de la Casen sean entregados con y sin ajustes de ingresos, además insiste en reponer la tutela de ciertos organismos públicos internacionales en la medición de pobreza nacional.
