Hoy se llama Fondo Solidario y corresponde al que conocimos en el año 1981, como Crédito Fiscal. Un verdadero salvavidas que lanzaba el Estado al mar de  billeteras parentales que hacían agua a la hora de costear los estudios de sus hijos. Nada de gratuidad, solo un crédito como cualquier otro, con un interés leonino que permitía el ingreso de los jóvenes que tenían el sueño de estudiar en la Universidad. Un “salvavidas de plomo” para muchos de los que no pudieron conseguir trabajo en un Chile que luego se vio sumido en una recesión económica devastadora.

En los ochenta, quien quisiera solicitar el “crédito fiscal” tenía que estar en una situación verdaderamente desmedrada. Quienes no la tenían, pero aún así pedían el crédito, debían ocultar los abultados ingresos de sus padres, sus bienes y más, para calificar en el perfil de los beneficiados. Era posible engañar a ese Estado que estaba más pendiente de asesinar y vender sus activos a precio de feria, que de revisar las cuentas corrientes de los postulantes. Solo podían solicitar el crédito quienes estudiaban en Universidades estatales y muchos de los que no lo obtenían, debieron retirarse… Yo vi a tantos partir.

Y sucede que ahora nombran de ministra de cultura a quien debe su crédito fiscal desde entonces. Una destacada gestora cultural que vivió el exilio y que luego, ha hecho una importante carrera en el área.

Hay quienes dicen que el no pago del Crédito fiscal es una manera de rebelarse frente a aquel Estado. Aquel Estado que aterrorizaba a sus ciudadanos frente al cual la morosidad por más de 30 años podría interpretarse como un gesto de lucha, de rebeldía ante el que tanto hizo sufrir. Bajo esa mirada, el no pago del crédito fiscal sería un acto de justicia, de restitución necesaria. Puede ser…

Hace 30 años, Chile era un país difícil, aún lo sigue siendo, pero entonces, lo era aún más. Era un país gris y triste. El color se veía en cierta programación televisiva extranjera y alguna que otra nacional, donde el placebo de la entretención ocultaba las mentiras y el maquillaje gubernamental. Pero a fines de la década, llegó el arcoiris y Chile comenzó a cambiar. Al punto que el mismo Estado opresor pidió perdón, aunque con una justicia más bien cosmética. El Estado entendió que debía rehacer todo un tejido social y cultural y para ello, como padre, debía pagar los costos. Creó así programas sociales, de salud y en cultura, una ley Valdés y Fondos Concursables. Grandes e impensadas iniciativas nacieron bajo el alero de estos beneficios estatales. Uno de ellos fue Teatro a Mil.

Y sucede que la recién nombrada ministra de cultura, Claudia Barattini es parte de esta impresionante Fundación Teatro a Mil, quien como encargada de Relaciones Internacionales ha entendido la importancia del Estado. Lo que significa contar con el apoyo del éste en las negociaciones fuera y dentro de nuestras fronteras, y también lo esencial de los Fondos que el Estado le ha entregado para hacer crecer esta importante iniciativa.

Como Claudia Barattini hay muchas chilenas y chilenos que no tienen la menor intención de cancelar la obligación contraída hace años para estudiar en las Universidades del Consejo de Rectores. ¿Cuestión de justa rebeldía? Las razones sobran. Están en su derecho de hacer lo que se les plazca y resulta difícil juzgarlos. Pero esos chilenos no pueden aspirar a que sea el Estado el que subvencione su actividad profesional o les dé trabajo.

Porque cuando estos rebeldes quieren ser funcionarios públicos el escenario cambia.

¿Qué concepto tienen del Estado ahora que será su empleador?

Como administradores de fondos del Estado, ¿cómo, o con qué cara, para decirlo en buen chileno, van a exigir el cumplimiento de los pagos de quienes resulten beneficiados?

Desde el recién nombrado gabinete de la Presidenta electa se dice que esto se resuelve con el pago de lo adeudado. Curioso. ¿Por qué pagan hoy y no lo hicieron hace 20 años?

Es que no es tan fácil, porque no es una deuda cualquiera. Es, una vez más, una deuda contraída con el Estado a quien estas nueva autoridades deben defender y trabajar. Un Estado al que representarán y por el cual se esmerarán porque sea claro y transparente frente a la ciudadanía.

Resulta vergonzoso que de no haber sido nombrados, las deudas continuarían impagas.

Lo que está en juego aquí es la concepción de lo que significa ser un “servidor público”. La ciudadanía debe exigir que quienes están trabajando en el Estado, no importando la alcurnia dentro del organigrama administrativo, deben ser personas con una impecable trayectoria. En todo senti. Sin acusaciones de manoseos ni deudas con el Estado. Ellos deben reflejar lo mejor de Chile, para que sean verdaderos servidores públicos y no quienes vienen a “servirse del Estado”.