Diario y Radio Universidad Chile

Año XIV, 15 de agosto de 2022

Escritorio

El espaldarazo del Minvu a la proliferación de negocios inmobiliarios

Acusaciones por irregularidades en contra del Ministerio de Vivienda y Urbanismo han surgido desde diversos sectores, a propósito del cuestionado Decreto N°1 promulgado por dicha cartera. Según los denunciantes, el objetivo es facilitar y promover los proyectos inmobiliarios, así como flexibilizar las normas que los rigen.

Fernando Seymour

  Martes 25 de febrero 2014 20:06 hrs. 
Alto Las Condes

Compartir en

Un verdadero soporte legal para la proliferación de negocios inmobiliarios. Así califican desde diversos sectores el Decreto N°1 promulgado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) el pasado 12 de diciembre de 2013.

Y es que se trata de una gran posibilidad que facilita la instalación de centros comerciales en barrios residenciales, es decir, diversos malls que podrían ubicarse en una calle menor que solo debe estar relacionada, a una distancia de hasta 300 metros, con una vía importante, provocando la saturación de las vías aledañas, según establece un reportaje de CiperChile.

En suma, una modificación que incluso permitiría resolver “por secretaría” los casos de los cuestionados malls de Muelle Barón en Valparaíso y de Castro en Chiloé.

Ya publicado en el Diario Oficial, este Decreto Nº1 modifica además diversos artículos de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, lo que facilitaría, por ejemplo, una futura ampliación del centro comercial Alto Las Condes, así como la edificación de un complejo de once edificios en el cerro San Luis de la misma comuna, y que incluye al Club de Golf Los Leones, la cadena hotelera internacional Four Seasons y al Ministerio de Obras Públicas.

Al respecto, Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, recuerda haber participado en una sesión de la comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Diputados, donde dio a conocer algunos antecedentes sobre el Decreto, solicitando incluso la conformación de una comisión investigadora por las responsabilidades políticas que atribuye al ministro del Minvu, sin obtener respuesta hasta el momento.

Junto con calificar a dicha cartera como una instancia que está al servicio de los intereses privados que lucran con el sector inmobiliario, el propio Herman se refirió al principal objetivo del cuestionado decreto.

“Este es un decreto cuyo único propósito es destrabar proyectos inmobiliarios de alto impacto ilegales. Eso es lo que busca, por lo que mientras no se deje sin efecto este decreto todos estos proyectos inmobiliarios como centros comerciales y de alta carga de ocupación pasarán desapercibidos y las direcciones de obras de las municipalidades tendrán que aprobarlos”, denuncia Herman.

El principal implicado en el conflicto es el arquitecto José Ramón Ugarte, ex presidente del Colegio de Arquitectos entre los años 2002 y 2004, y actual asesor del Minvu, criticado por flexibilizar las normas que regulan el mercado inmobiliario, así como por presentar conflictos de interés, por ejemplo, en su relación como arquitecto del proyecto que busca ampliar el mall Alto Las Condes, perteneciente a la empresa Cencosud.

Entre las modificaciones que han flexibilizado las normas de desarrollo inmobiliario, debilitando las regulaciones urbanas para fomentar negocios de alto impacto, aparecen las relacionadas con áreas de riesgo para la construcción, como zonas de borde costero bajo peligro de tsunami; las que suprimen la facultad de los planes reguladores intercomunales de fijar usos de suelo en áreas rurales; y las que restringen facultades del Ministerio de Salud para calificar proyectos industriales que podrían afectar la salud de la población.

El rechazo al Decreto también quedó de manifiesto a través de una carta pública firmada por el Colegio de Arquitectos y Decanos de Arquitectura, en la que consideran que “esta sorpresiva modificación de las reglas del desarrollo urbano es contraria a los conceptos más elementales de la planificación urbana, introduce gran incertidumbre respecto del destino de barrios residenciales y contradice además las orientaciones contenidas en la Política Nacional de Desarrollo Urbano recientemente promulgada”.

Para los firmantes, entre los que destacan Sebastián Gray, presidente del Colegio de Arquitectos de Chile, y Leopoldo Prat, decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, “es indispensable que el Minvu fundamente esta medida, ya que no logramos deducir los criterios que hay tras ella”, como aseguran en la carta.

Precisamente Sebastián Gray asegura que en circunstancias normales este tipo de modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones serían consultadas e incluso consensuadas con otros actores interesados, como ha ocurrido habitualmente en otras oportunidades por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Por ahora, el arquitecto reconoce que han solicitado detener el proceso hasta tener la garantía de que todos los municipios urbanos del país estén en condiciones de enfrentar un escenario, en el que, según Gray, ni siquiera se entiende por qué se requiere liberalizar el uso del suelo, como pretenden hacerlo las autoridades ministeriales.

En este nuevo escenario, el presidente del Colegio de Arquitectos apunta a los problemas que implica el Decreto N°1.

“Esa sola posibilidad transforma radicalmente el panorama de habitabilidad que tienen los barrios de ciudades chilenas, termina con la certeza que tienen los vecinos de esos barrios con respecto al futuro y evidentemente abre el panorama del negocio inmobiliario que está siempre sujeto a los apetitos que tienen algunos inversionistas del rubro”, explica Gray.

El debilitamiento de las regulaciones urbanas para facilitar los negocios inmobiliarios de alto impacto también fue denunciado por seis arquitectos del propio Minvu, a través de una carta del 13 de enero de 2014.

Los profesionales, pertenecientes al Departamento de Planificación y Normas Urbanas, dejan constancia de no haber participado ni de favorecer con aquellas modificaciones a proyectos que corresponderían a intereses de grandes empresas.

“Queremos manifestarles que nos preocupa que se nos vincule profesionalmente con dichos propósitos, y se nos involucre en querer propiciarlos, toda vez que, a nuestro juicio, no están en la línea conceptual del desarrollo urbano y del bien público. De hecho, y como ustedes así lo han decidido, no hemos tenido participación alguna en el proceso final de elaboración de determinadas normas”, aseguran los seis arquitectos en la misiva dirigida a sus superiores, a propósito de ciertas normas que permitirán la instalación de diversos proyectos inmobiliarios en zonas residenciales.

La esperanza de los diversos denunciantes apunta a que definitivamente se anule el Decreto N°1, para lo cual insistirán ante las nuevas autoridades de Gobierno que asuman en marzo, particularmente con la futura ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball.

Síguenos en