Sequía: Autoridades destacan construcción de embalses y ambientalistas apuntan a solución integral
La Comisión Nacional de Riego entregó su cuenta pública y destacó el aumento en la capacidad hídrica, entre diversos aspectos. Desde Greenpeace sostienen que es una medida parcial y que se deben asegurar reservas de agua para el futuro.
Miércoles 26 de febrero 2014 18:00 hrs.
El secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego (CNR), Felipe Martin, entregó la cuenta pública que resume las gestiones hechas por el organismo para enfrentar la crisis hídrica que afecta a varias regiones del país.
Dentro de las medidas que se impulsaron está la Política de Recursos Hídricos, desplegada por el ministerio de Obras Públicas (MOP) y el ministerio de Agricultura, para la reconstrucción de canales y embalses que sufrieron deterioros por el terremoto de 2010, además de la generación de inversión para la construcción de infraestructura de acumulación y conducción de agua.
En esta línea, Martin valoró la construcción del embalse Chacrillas, ubicado en la región de Valparaíso, así como de cuatro embalses que se proyectan: Valle Hermoso (región de Coquimbo), Azapa y Chironta (Arica y Parinacota) y Punilla (Biobío). Este último entrará en proceso de licitación en el primer semestre.
Asimismo, indicó que se proyecta la construcción de otros 16 embalses para el año 2022, lo que aumentará la capacidad hídrica en un 31 por ciento, gracias a la inversión de recursos recibidos por la modificación de la Ley de Fomento al Riego, que involucra a los propios usuarios en la construcción de obras y ha ayudado a las regiones con mayores problemas de sequía.
El jefe del organismo señaló que la entrega de los cuatro embalses y la implementación de una política de crecimiento económico de la mano con el desarrollo social serán de gran ayuda para los sectores agrícolas.
“Se ha duplicado el presupuesto de la comisión, que son medidas paliativas para solucionar los problemas de corto plazo. Hay un trabajo de corto, mediano y largo plazo que está dando resultados sumamente claros y precisos. En el corto plazo, la mitigación; en el mediano, la adaptación; y en el largo, la solución definitiva”, explicó.
Por otra parte, Martin destacó la participación de los gobiernos regionales y de las organizaciones ciudadanas en el fortalecimiento de la regulación de los títulos de agua, lo que ha permitido definir permisos y establecer un catastro. Eso sirve para enfrentar el hurto de recursos hídricos por parte de predios, que afecta a las comunidades y los pequeños agricultores.
La necesidad de resolver problemas en materia hídrica proviene de diversos sectores y ha afectado gravemente a muchas zonas del país, como la minería, hidrogeneración, agua potable, riego para la agricultura, entre otros.
Ante esto, el subsecretario de Agricultura, Álvaro Cruzat, señaló que “en la medida que haya un diseño de mediano y largo plazo es más factible que todos esos intereses se logren conciliar. Como país, tenemos que conciliar el desarrollo económico y el bienestar de las personas, proveyendo de agua potable rural en las zonas donde no hay”.
“Se han desarrollado planes para cada una de estas regiones y muchos son de mitigación. Por ejemplo, mayor equipamiento para camiones aljibe, cuando la solución definitiva no está implementada. Nosotros seguimos teniendo necesidad de inversión para agua potable en los sectores rurales, esa tarea no ha terminado”, destacó.
Desde los organismos públicos se explicó que más allá del déficit hídrico que sufre nuestro país, existe un déficit de infraestructura de acumulación y conducción de agua.
Para el coordinador de campañas de Greenpeace Chile y experto en el tema, Samuel Leiva, la construcción de embalses mejora los problemas específicos de ciertas cuencas, pero no resuelve el problema de manera integral.
“Es paradójico que haya 40 instituciones encargadas del agua en Chile y es evidente que eso complica la gestión gubernamental. Terminamos teniendo graves problemas de uso, la otorgación de derechos y en el cómo aseguramos que estos recursos permitan el desarrollo agrícola e industrial. Pero eso también pasa por asegurar reservas de agua para el futuro, como pueden ser los glaciares. Sin ir más lejos, hoy los glaciares no tienen un marco regulatorio concreto, pero sí tienen muchas amenazas, como el sector minero”, afirmó Leiva.
Además, el experto consideró necesario fortalecer la gestión y capacidad gubernamental de administrar un recurso que es escaso en muchas zonas del país y abundante en otras, lugares que no pueden ser administrados con una única política pública de gestión del agua.
El secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego (CNR), Felipe Martin, entregó la cuenta pública que resume las gestiones hechas por el organismo para enfrentar la crisis hídrica que afecta a varias regiones del país.
Dentro de las medidas que se impulsaron está la Política de Recursos Hídricos, desplegada por el ministerio de Obras Públicas (MOP) y el ministerio de Agricultura, para la reconstrucción de canales y embalses que sufrieron deterioros por el terremoto de 2010, además de la generación de inversión para la construcción de infraestructura de acumulación y conducción de agua.
En esta línea, Martin valoró la construcción del embalse Chacrillas, ubicado en la región de Valparaíso, así como de cuatro embalses que se proyectan: Valle Hermoso (región de Coquimbo), Azapa y Chironta (Arica y Parinacota) y Punilla (Biobío). Este último entrará en proceso de licitación en el primer semestre.
Asimismo, indicó que se proyecta la construcción de otros 16 embalses para el año 2022, lo que aumentará la capacidad hídrica en un 31 por ciento, gracias a la inversión de recursos recibidos por la modificación de la Ley de Fomento al Riego, que involucra a los propios usuarios en la construcción de obras y ha ayudado a las regiones con mayores problemas de sequía.
El jefe del organismo señaló que la entrega de los cuatro embalses y la implementación de una política de crecimiento económico de la mano con el desarrollo social serán de gran ayuda para los sectores agrícolas.
“Se ha duplicado el presupuesto de la comisión, que son medidas paliativas para solucionar los problemas de corto plazo. Hay un trabajo de corto, mediano y largo plazo que está dando resultados sumamente claros y precisos. En el corto plazo, la mitigación; en el mediano, la adaptación; y en el largo, la solución definitiva”, explicó.
Por otra parte, Martin destacó la participación de los gobiernos regionales y de las organizaciones ciudadanas en el fortalecimiento de la regulación de los títulos de agua, lo que ha permitido definir permisos y establecer un catastro. Eso sirve para enfrentar el hurto de recursos hídricos por parte de predios, que afecta a las comunidades y los pequeños agricultores.
La necesidad de resolver problemas en materia hídrica proviene de diversos sectores y ha afectado gravemente a muchas zonas del país, como la minería, hidrogeneración, agua potable, riego para la agricultura, entre otros.
Ante esto, el subsecretario de Agricultura, Álvaro Cruzat, señaló que “en la medida que haya un diseño de mediano y largo plazo es más factible que todos esos intereses se logren conciliar. Como país, tenemos que conciliar el desarrollo económico y el bienestar de las personas, proveyendo de agua potable rural en las zonas donde no hay”.
“Se han desarrollado planes para cada una de estas regiones y muchos son de mitigación. Por ejemplo, mayor equipamiento para camiones aljibe, cuando la solución definitiva no está implementada. Nosotros seguimos teniendo necesidad de inversión para agua potable en los sectores rurales, esa tarea no ha terminado”, destacó.
Desde los organismos públicos se explicó que más allá del déficit hídrico que sufre nuestro país, existe un déficit de infraestructura de acumulación y conducción de agua.
Para el coordinador de campañas de Greenpeace Chile y experto en el tema, Samuel Leiva, la construcción de embalses mejora los problemas específicos de ciertas cuencas, pero no resuelve el problema de manera integral.
“Es paradójico que haya 40 instituciones encargadas del agua en Chile y es evidente que eso complica la gestión gubernamental. Terminamos teniendo graves problemas de uso, la otorgación de derechos y en el cómo aseguramos que estos recursos permitan el desarrollo agrícola e industrial. Pero eso también pasa por asegurar reservas de agua para el futuro, como pueden ser los glaciares. Sin ir más lejos, hoy los glaciares no tienen un marco regulatorio concreto, pero sí tienen muchas amenazas, como el sector minero”, afirmó Leiva.
Además, el experto consideró necesario fortalecer la gestión y capacidad gubernamental de administrar un recurso que es escaso en muchas zonas del país y abundante en otras, lugares que no pueden ser administrados con una única política pública de gestión del agua.
El secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego (CNR), Felipe Martin, entregó la cuenta pública que resume las gestiones hechas por el organismo para enfrentar la crisis hídrica que afecta a varias regiones del país.
Dentro de las medidas que se impulsaron está la Política de Recursos Hídricos, desplegada por el ministerio de Obras Públicas (MOP) y el ministerio de Agricultura, para la reconstrucción de canales y embalses que sufrieron deterioros por el terremoto de 2010, además de la generación de inversión para la construcción de infraestructura de acumulación y conducción de agua.
En esta línea, Martin valoró la construcción del embalse Chacrillas, ubicado en la región de Valparaíso, así como de cuatro embalses que se proyectan: Valle Hermoso (región de Coquimbo), Azapa y Chironta (Arica y Parinacota) y Punilla (Biobío). Este último entrará en proceso de licitación en el primer semestre.
Asimismo, indicó que se proyecta la construcción de otros 16 embalses para el año 2022, lo que aumentará la capacidad hídrica en un 31 por ciento, gracias a la inversión de recursos recibidos por la modificación de la Ley de Fomento al Riego, que involucra a los propios usuarios en la construcción de obras y ha ayudado a las regiones con mayores problemas de sequía.
El jefe del organismo señaló que la entrega de los cuatro embalses y la implementación de una política de crecimiento económico de la mano con el desarrollo social serán de gran ayuda para los sectores agrícolas.
“Se ha duplicado el presupuesto de la comisión, que son medidas paliativas para solucionar los problemas de corto plazo. Hay un trabajo de corto, mediano y largo plazo que está dando resultados sumamente claros y precisos. En el corto plazo, la mitigación; en el mediano, la adaptación; y en el largo, la solución definitiva”, explicó.
Por otra parte, Martin destacó la participación de los gobiernos regionales y de las organizaciones ciudadanas en el fortalecimiento de la regulación de los títulos de agua, lo que ha permitido definir permisos y establecer un catastro. Eso sirve para enfrentar el hurto de recursos hídricos por parte de predios, que afecta a las comunidades y los pequeños agricultores.
La necesidad de resolver problemas en materia hídrica proviene de diversos sectores y ha afectado gravemente a muchas zonas del país, como la minería, hidrogeneración, agua potable, riego para la agricultura, entre otros.
Ante esto, el subsecretario de Agricultura, Álvaro Cruzat, señaló que “en la medida que haya un diseño de mediano y largo plazo es más factible que todos esos intereses se logren conciliar. Como país, tenemos que conciliar el desarrollo económico y el bienestar de las personas, proveyendo de agua potable rural en las zonas donde no hay”.
“Se han desarrollado planes para cada una de estas regiones y muchos son de mitigación. Por ejemplo, mayor equipamiento para camiones aljibe, cuando la solución definitiva no está implementada. Nosotros seguimos teniendo necesidad de inversión para agua potable en los sectores rurales, esa tarea no ha terminado”, destacó.
Desde los organismos públicos se explicó que más allá del déficit hídrico que sufre nuestro país, existe un déficit de infraestructura de acumulación y conducción de agua.
Para el coordinador de campañas de Greenpeace Chile y experto en el tema, Samuel Leiva, la construcción de embalses mejora los problemas específicos de ciertas cuencas, pero no resuelve el problema de manera integral.
“Es paradójico que haya 40 instituciones encargadas del agua en Chile y es evidente que eso complica la gestión gubernamental. Terminamos teniendo graves problemas de uso, la otorgación de derechos y en el cómo aseguramos que estos recursos permitan el desarrollo agrícola e industrial. Pero eso también pasa por asegurar reservas de agua para el futuro, como pueden ser los glaciares. Sin ir más lejos, hoy los glaciares no tienen un marco regulatorio concreto, pero sí tienen muchas amenazas, como el sector minero”, afirmó Leiva.
Además, el experto consideró necesario fortalecer la gestión y capacidad gubernamental de administrar un recurso que es escaso en muchas zonas del país y abundante en otras, lugares que no pueden ser administrados con una única política pública de gestión del agua.
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