David Daniel Riquelme Ruiz falleció el 10 de marzo de 2010, mientras se ejercía el toque de queda luego del terremoto y maremoto del 27 de febrero de ese año. Su cuerpo fue encontrado en la comuna de Hualpén y la familia sostiene que un grupo de infantes de Marina es responsable de su homicidio, por el cual fueron imputados.

Hace un par de semanas, la familia del joven cartonero presentó además una demanda contra del Estado por un monto cercano a los 800 millones de pesos. La acción debía realizarse antes del próximo 10 de marzo, cuando se cumplen cuatro años desde el hecho, debido a que cualquier acción civil reparatoria contra el Estado prescribe luego de ese plazo.

Los sucesos se remontan a la madrugada de ese 10 de marzo, cuando en medio de una cancha de fútbol, en la comuna de Hualpén, Riquelme fue hallado sin vida y con múltiples heridas que acreditaban la participación de terceros.

Según consta en la investigación, el joven había sido aprehendido por el grupo de infantes por no respetar el toque de queda. De acuerdo a los antecedentes que maneja la familia, durante su detención fue golpeado y torturado, provocando finalmente su muerte.

La defensa de los cinco marinos sostiene que la muerte del joven se produjo después de la detención y posterior liberación de Riquelme y agrega que la investigación no se ha desarrollado de la manera adecuada.

Enrique Hernández, abogado de dos de los imputados, dijo que “sin perjuicio que existe una defensa mucho más profunda en la causa, nosotros planteamos que en lo orgánico esto tiene errores profundos. En la apreciación de los hechos también entendemos que la investigación no ha sido acabada y no ha sido absolutamente objetiva. Es decir, que se agoten todas las posibles líneas de investigación, porque lo que ocurrió esa noche es una imputación extremadamente grave que recae sobre nuestros representados, que esperamos revertir con los medios de prueba legales, para demostrar su absoluta inocencia en los hechos que se le están imputando”.

El jurista agregó que los informes científicos presentados durante la investigación no poseen la rigurosidad necesaria para este tipo de casos.

En esa línea, el representante de los imputados indicó que “que es un informe incompleto y al mismo tiempo sesgado, que no plantea con la total objetividad que se requeriría las circunstancias de muerte. Para muestra y que quede absolutamente claro, ni siquiera establece la hora de muerte de la persona, lo cual en cualquier informe tanatológico es fundamental”.

Hernández añadió que la defensa encargó nuevos peritajes a la tanatóloga Carmen Cerda, quien finalmente estableció que el golpe mortal recibido por David Riquelme es de una fuerza superior a la que podría infringir cualquiera de los elementos que portaban, en ese instante, los marinos.

Algo que es cuestionado por  el abogado de la familia de la víctima, Javier Ahumada, quien sostiene que la defensa planteada por los imputados es algo esperable dentro del proceso: “Es lo que se dice de manera clásica, es prácticamente un TIC nervioso que tienen todos los abogados, y me incluyo por cierto, de responderle a una pericia que no se acomoda a las pretensiones de la defensa. Yo he estado en esa situación y normalmente eso es lo que uno busca, desacreditar una pericia, pero lo cierto es que el médico tanatólogo que lo hizo, el doctor Juan Zuchel Matamala, tiene una experiencia de décadas, es uno de los principales médicos tanatólogos del sur de Chile y en realidad no hay nada que objetarle a esa pericia”.

Para el abogado, la tanatóloga ni siquiera tuvo acceso al cuerpo de David Riquelme y sólo se basó en los antecedentes contenidos en la autopsia anterior.

Javier Ahumada criticó además el proceder de la Justicia Militar en este caso, que podría extenderse incluso por dos años más: “Esa es una de las cosas más espantosas que todavía nos queda en nuestra legislación procesal, el Código de Justicia Militar, esto se debe por cierto en una corte castrense. Yo no dudo que la corte castrense tenga objetividad, yo creo que la tiene, pero mi problema es con el procedimiento, el tipo de proceso es exasperantemente largo. Por eso estoy esperando la sentencia de primer grado de la Corte Naval de Valparaíso recién para agosto del próximo año. Además, es posible que se extienda más allá de 2016, eso es lo que auguro”.

De acuerdo al informe consolidado emanado por la Fiscalía Naval de Talcahuano, los cinco imputados arriesgan penas que van desde los diez años y un día para los oficiales y de cinco años para los soldados, lo que a juicio de la familia es una buena noticia, porque evitaría que puedan recibir beneficios y por ende deberían cumplir la pena en prisión.