El próximo jueves, una semana después de la conmemoración de un nuevo aniversario del terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010, en la Corte Suprema se llevarán a cabo los alegatos para resolver los recursos de nulidad presentados por la defensa de los cuatro inculpados en el caso Alto Río.
El emblemático edificio, ubicado en Concepción, se derrumbó luego del sismo de 8,8 grados en la escala de Richter, lo que derivó en un proceso que culminó con la sentencia contra los representantes de la empresa constructora.
En el último juicio, los tres ejecutivos de la Inmobiliaria Socovil -Juan Ignacio Ortigosa Ampuero, Felipe Andrés Parra Zanetti y Ricardo Baeza Martínez- fueron condenados a tres años de presidio remitido y al pago de una indemnización de 1.812 millones de pesos a los familiares de los fallecidos y a los lesionados graves.
En tanto, quien había sido el único inculpado en el juicio original, el ingeniero calculista del proyecto, René Pettinelli Loayza, recibió una pena de 800 días.
Las defensas de estas personas presentaron un recurso de nulidad ante la Corte Suprema que sólo fue acogido para las tres primeras y cuyos alegatos se llevaran a cabo este jueves.
Para el abogado querellante, Enrique Hernández, la Corte debería desestimar el recurso y mantener la sentencia impuesta por el Tribunal Oral: “Nuestra apreciación, voluntad y ánimo es que esto sea confirmado por la Corte Suprema, que se rechacen los recursos de nulidad y se mantenga la decisión de condena de estas personas, que han sido establecidas como responsables por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción”, dijo.
El jurista agregó que un nuevo proceso no se justifica: “Se respetaron las garantías de todas las partes involucradas en el proceso y entiendo que así también lo estima el Ministerio Público. Me consta que la defensa tuvo todas las oportunidades que corresponden, legal y constitucionalmente, para alegar, defender su tesis y lograr lo que pretendían, que era una absolución”, argumentó.
Esta afirmación es compartida por la presidenta de la Fundación Alto Río, Mónica Molina, quien además reparó en el gasto que esto ha significado para el Estado: “Por un lado, es excesivo seguir exponiendo a las víctimas y a nuestras familias a este tercer proceso, pero también es excesivo el gasto de recursos, cuando en el segundo juicio se definió toda la evidencia y esclareció toda duda. Es un desgaste emocional para la familia y un innecesario gasto de dinero para el Estado”, sostuvo.
De confirmarse la solicitud hecha por la defensa de los inculpados, una vez más se enfrentarían los afectados por la caída del inmueble y los ocho ejecutivos, inculpados por ocho muertes y decenas de heridos producidos por el derrumbe, ocurrido en la madrugada del 27 de febrero de 2010.
El próximo jueves, una semana después de la conmemoración de un nuevo aniversario del terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010, en la Corte Suprema se llevarán a cabo los alegatos para resolver los recursos de nulidad presentados por la defensa de los cuatro inculpados en el caso Alto Río.
El emblemático edificio, ubicado en Concepción, se derrumbó luego del sismo de 8,8 grados en la escala de Richter, lo que derivó en un proceso que culminó con la sentencia contra los representantes de la empresa constructora.
En el último juicio, los tres ejecutivos de la Inmobiliaria Socovil -Juan Ignacio Ortigosa Ampuero, Felipe Andrés Parra Zanetti y Ricardo Baeza Martínez- fueron condenados a tres años de presidio remitido y al pago de una indemnización de 1.812 millones de pesos a los familiares de los fallecidos y a los lesionados graves.
En tanto, quien había sido el único inculpado en el juicio original, el ingeniero calculista del proyecto, René Pettinelli Loayza, recibió una pena de 800 días.
Las defensas de estas personas presentaron un recurso de nulidad ante la Corte Suprema que sólo fue acogido para las tres primeras y cuyos alegatos se llevaran a cabo este jueves.
Para el abogado querellante, Enrique Hernández, la Corte debería desestimar el recurso y mantener la sentencia impuesta por el Tribunal Oral: “Nuestra apreciación, voluntad y ánimo es que esto sea confirmado por la Corte Suprema, que se rechacen los recursos de nulidad y se mantenga la decisión de condena de estas personas, que han sido establecidas como responsables por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción”, dijo.
El jurista agregó que un nuevo proceso no se justifica: “Se respetaron las garantías de todas las partes involucradas en el proceso y entiendo que así también lo estima el Ministerio Público. Me consta que la defensa tuvo todas las oportunidades que corresponden, legal y constitucionalmente, para alegar, defender su tesis y lograr lo que pretendían, que era una absolución”, argumentó.
Esta afirmación es compartida por la presidenta de la Fundación Alto Río, Mónica Molina, quien además reparó en el gasto que esto ha significado para el Estado: “Por un lado, es excesivo seguir exponiendo a las víctimas y a nuestras familias a este tercer proceso, pero también es excesivo el gasto de recursos, cuando en el segundo juicio se definió toda la evidencia y esclareció toda duda. Es un desgaste emocional para la familia y un innecesario gasto de dinero para el Estado”, sostuvo.
De confirmarse la solicitud hecha por la defensa de los inculpados, una vez más se enfrentarían los afectados por la caída del inmueble y los ocho ejecutivos, inculpados por ocho muertes y decenas de heridos producidos por el derrumbe, ocurrido en la madrugada del 27 de febrero de 2010.
El próximo jueves, una semana después de la conmemoración de un nuevo aniversario del terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010, en la Corte Suprema se llevarán a cabo los alegatos para resolver los recursos de nulidad presentados por la defensa de los cuatro inculpados en el caso Alto Río.
El emblemático edificio, ubicado en Concepción, se derrumbó luego del sismo de 8,8 grados en la escala de Richter, lo que derivó en un proceso que culminó con la sentencia contra los representantes de la empresa constructora.
En el último juicio, los tres ejecutivos de la Inmobiliaria Socovil -Juan Ignacio Ortigosa Ampuero, Felipe Andrés Parra Zanetti y Ricardo Baeza Martínez- fueron condenados a tres años de presidio remitido y al pago de una indemnización de 1.812 millones de pesos a los familiares de los fallecidos y a los lesionados graves.
En tanto, quien había sido el único inculpado en el juicio original, el ingeniero calculista del proyecto, René Pettinelli Loayza, recibió una pena de 800 días.
Las defensas de estas personas presentaron un recurso de nulidad ante la Corte Suprema que sólo fue acogido para las tres primeras y cuyos alegatos se llevaran a cabo este jueves.
Para el abogado querellante, Enrique Hernández, la Corte debería desestimar el recurso y mantener la sentencia impuesta por el Tribunal Oral: “Nuestra apreciación, voluntad y ánimo es que esto sea confirmado por la Corte Suprema, que se rechacen los recursos de nulidad y se mantenga la decisión de condena de estas personas, que han sido establecidas como responsables por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción”, dijo.
El jurista agregó que un nuevo proceso no se justifica: “Se respetaron las garantías de todas las partes involucradas en el proceso y entiendo que así también lo estima el Ministerio Público. Me consta que la defensa tuvo todas las oportunidades que corresponden, legal y constitucionalmente, para alegar, defender su tesis y lograr lo que pretendían, que era una absolución”, argumentó.
Esta afirmación es compartida por la presidenta de la Fundación Alto Río, Mónica Molina, quien además reparó en el gasto que esto ha significado para el Estado: “Por un lado, es excesivo seguir exponiendo a las víctimas y a nuestras familias a este tercer proceso, pero también es excesivo el gasto de recursos, cuando en el segundo juicio se definió toda la evidencia y esclareció toda duda. Es un desgaste emocional para la familia y un innecesario gasto de dinero para el Estado”, sostuvo.
De confirmarse la solicitud hecha por la defensa de los inculpados, una vez más se enfrentarían los afectados por la caída del inmueble y los ocho ejecutivos, inculpados por ocho muertes y decenas de heridos producidos por el derrumbe, ocurrido en la madrugada del 27 de febrero de 2010.
