Luego de diez años en trámite, Gobierno promulga ley del lobby
El presidente de Chile Transparente, Gonzalo Delaveau valoró la promulgación de la ley y afirmó que las multas son considerables, por lo que “no será grato obviar esta norma”.
Lunes 3 de marzo 2014 20:23 hrs.
Este lunes, el presidente Sebastián Piñera promulgó desde La Moneda la ley 20.730 que regula el lobby en la política nacional.
En la ocasión, el mandatario calificó la iniciativa como “un gran paso adelante para que el Estado vuelva a ser una institución transparente, cercana, proba y eficiente”.
Por su parte, el ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, destacó la iniciativa y explicó los mecanismos de registro de lobbistas, como de autoridades y funcionarios sujetos a ser influenciados por un tercero en la toma de decisiones: “Eso se va a informar en la página web de cada una de las instituciones y centralizadamente el Consejo para la Transparencia va a actualizar ese registro de instituciones que persiguen intereses particulares, de manera que toda la ciudadanía sepa quiénes han hecho gestiones de lobby”, señaló Larroulet.
Las autoridades y funcionarios que no registren periódicamente sus reuniones arriesgan multas de 10 a 50 UTM, al igual que las personas o lobbistas que omitan y entreguen información falsa a las autoridades.
El presidente de Chile Transparente, Gonzalo Delaveau valoró la promulgación de la ley que estuvo trabada principalmente por la no inclusión de un registro previo.
Al respecto, manifestó que espera se cumplan los plazos para la aplicación de esta ley que – cree – generará un cambio cultural en el tipo de relaciones con la política: “Es un registro que, independientemente que usted o yo nos declaremos como lobbistas, va a ir alimentándose igual, en la medida que representemos el interés particular de una empresa, persona o grupo. Por otro lado, las multas son considerables, es decir, no es grato saltarse esta norma. Todos ellos que son sujetos activos de esta norma, van a tener que ir aplicándola”, señaló Delaveau.
La nueva normativa, que tomó 10 años de tramitación, entrará en vigencia en tres meses, momento desde el cual las organizaciones pro transparencia buscarán profundizar las formas de control al ejercicio político.
Este lunes, el presidente Sebastián Piñera promulgó desde La Moneda la ley 20.730 que regula el lobby en la política nacional.
En la ocasión, el mandatario calificó la iniciativa como “un gran paso adelante para que el Estado vuelva a ser una institución transparente, cercana, proba y eficiente”.
Por su parte, el ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, destacó la iniciativa y explicó los mecanismos de registro de lobbistas, como de autoridades y funcionarios sujetos a ser influenciados por un tercero en la toma de decisiones: “Eso se va a informar en la página web de cada una de las instituciones y centralizadamente el Consejo para la Transparencia va a actualizar ese registro de instituciones que persiguen intereses particulares, de manera que toda la ciudadanía sepa quiénes han hecho gestiones de lobby”, señaló Larroulet.
Las autoridades y funcionarios que no registren periódicamente sus reuniones arriesgan multas de 10 a 50 UTM, al igual que las personas o lobbistas que omitan y entreguen información falsa a las autoridades.
El presidente de Chile Transparente, Gonzalo Delaveau valoró la promulgación de la ley que estuvo trabada principalmente por la no inclusión de un registro previo.
Al respecto, manifestó que espera se cumplan los plazos para la aplicación de esta ley que – cree – generará un cambio cultural en el tipo de relaciones con la política: “Es un registro que, independientemente que usted o yo nos declaremos como lobbistas, va a ir alimentándose igual, en la medida que representemos el interés particular de una empresa, persona o grupo. Por otro lado, las multas son considerables, es decir, no es grato saltarse esta norma. Todos ellos que son sujetos activos de esta norma, van a tener que ir aplicándola”, señaló Delaveau.
La nueva normativa, que tomó 10 años de tramitación, entrará en vigencia en tres meses, momento desde el cual las organizaciones pro transparencia buscarán profundizar las formas de control al ejercicio político.
Este lunes, el presidente Sebastián Piñera promulgó desde La Moneda la ley 20.730 que regula el lobby en la política nacional.
En la ocasión, el mandatario calificó la iniciativa como “un gran paso adelante para que el Estado vuelva a ser una institución transparente, cercana, proba y eficiente”.
Por su parte, el ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, destacó la iniciativa y explicó los mecanismos de registro de lobbistas, como de autoridades y funcionarios sujetos a ser influenciados por un tercero en la toma de decisiones: “Eso se va a informar en la página web de cada una de las instituciones y centralizadamente el Consejo para la Transparencia va a actualizar ese registro de instituciones que persiguen intereses particulares, de manera que toda la ciudadanía sepa quiénes han hecho gestiones de lobby”, señaló Larroulet.
Las autoridades y funcionarios que no registren periódicamente sus reuniones arriesgan multas de 10 a 50 UTM, al igual que las personas o lobbistas que omitan y entreguen información falsa a las autoridades.
El presidente de Chile Transparente, Gonzalo Delaveau valoró la promulgación de la ley que estuvo trabada principalmente por la no inclusión de un registro previo.
Al respecto, manifestó que espera se cumplan los plazos para la aplicación de esta ley que – cree – generará un cambio cultural en el tipo de relaciones con la política: “Es un registro que, independientemente que usted o yo nos declaremos como lobbistas, va a ir alimentándose igual, en la medida que representemos el interés particular de una empresa, persona o grupo. Por otro lado, las multas son considerables, es decir, no es grato saltarse esta norma. Todos ellos que son sujetos activos de esta norma, van a tener que ir aplicándola”, señaló Delaveau.
La nueva normativa, que tomó 10 años de tramitación, entrará en vigencia en tres meses, momento desde el cual las organizaciones pro transparencia buscarán profundizar las formas de control al ejercicio político.
