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Cuenta Pública:

Presidente del Consejo de Defensa del Estado cuestiona “protección efectiva” del Fisco

El presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Sergio Urrejola, no seguirá en su cargo y este lunes hizo la última cuenta pública de su gestión para el 2013. La ocasión estuvo marcada por los logros técnicos de la repartición, pero también por los cuestionamientos hacia la Fiscalía y el Consejo para la Transparencia por cuanto complicarían la labor de la defensa del fisco y sus organismos.

Héctor Areyuna

  Lunes 3 de marzo 2014 20:25 hrs. 
consejo de defensa del estado

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Los principales logros de la gestión de Sergio Urrejola Monckeberg en su último año a la cabeza del Consejo de Defensa del Estado, de acuerdo al propio balance que presentó, son la modernización de las plantas funcionarias y de las plataformas informáticas del CDE.

El Consejo patrocinó casi 25 mil causas durante el 2013, de las cuales, aquellas relacionadas con la defensa patrimonial del Fisco, presentaron una favorable tasa de resultados a los intereses del Estado. Esto se traduce en un 97,3 por ciento de pago evitado al Fisco demandado. En los casos administrativos, en el 93,3 por ciento se obtuvo sentencia favorable.

La ex presidenta del CDE Clara Szczaranski, destacó la gestión técnica emprendida por Urrejola: “Refleja fielmente lo que ha sido una gestión muy técnica, el presidente Urrejola ha sido un impulsor de la consolidación de los cambios y de nuevos cambios modernizando tremendamente el servicio. Yo diría que él tiene un rol gestor que difícilmente podrá ser superado”.

Sin embargo, al referirse a los temas de interés del CDE, Urrejola subrayó la preocupación del Consejo por una “tendencia jurisprudencial innovadora que suele exceder la ley y a veces se aparta de doctrina calificada”.

Según la autoridad se sostiene de manera reiterada la supuesta responsabilidad del Fisco y además, fallos judiciales se permiten hacer críticas a la defensa fiscal y se aplican criterios que “aunque pudieran ser plausibles, resultan desconcertantes, generando un clima de inseguridad en las decisiones judiciales”.

Para Sergio Urrejola esto llama a revisar la legislación procesal y aplicar criterios de fiscalización sobre el Ministerio Público.

“El fiscal es dueño de las diligencias, es dueño de perseverar o no perseverar y no hay una instancia superior que lo obligue a seguir adelante un proceso penal, y conociendo también el ámbito del trabajo de los abogados en Chile, siento que el abogado querellante de un particular, es un litigante de tercera categoría que no es tomado en cuenta. El sistema mientras no tenga una apelación, no tenga un superior jerárquico que lo revise, hace muy difícil que la ciudadanía crea en nuestro sistema y se sienta protegida y además todos la defendamos”, explicó el presidente del CDE.

Sobre estas críticas cruzadas entre distintas reparticiones y poderes del Estado, que se asemejan a los recientes cuestionamientos entre el Gobierno y la Corte Suprema, el Defensor Nacional, Georgy Schubert, llamó al equilibrio entre el debate público y el cuidado de las instituciones.

En este sentido, el defensor Nacional indicó que “cierto nivel de debate siempre va a ocurrir entre distintos Poderes del Estado, por un lado uno quisiera que ese debate se hiciera lo más internamente posible, pero por otro lado uno tampoco puede eludir que la ciudadanía se debe enterar de las distintas opiniones que existen entre los diferentes actores del Estado. Obviamente tiene que existir un equilibrio entre debatir públicamente las cosas, pero no afectar a las instituciones y a la credibilidad que tienen que tener las instituciones en un estado democrático de derecho, por lo tanto, lo que es necesario siempre es tener un equilibrio necesario entre crítica y respeto y separación de los poderes que establece la Constitución y la ley”.

Otro cuestionamiento del presidente del CDE apuntó al rol del Consejo para la Transparencia, sobre el secreto profesional a que se debe todo abogado.

Urrejola señaló en su discurso que el avance de la transparencia en la información “no puede confundirse con la alteración de una obligación básica de los abogados y funcionarios del CDE en su función de representar judicialmente al Estado, Fisco y organismos estatales en juicio”.

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