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Rectoría critica “ausencia y secretismo” de ministra Carolina Schmidt

El Rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez Vera, firma una carta donde se cuestiona la falta de acciones desde la ministra de Educación, Carolina Schmidt, ante las situaciones denunciadas por millonarios traspasos desde universidades chilenas a su matriz Laureate, irregularidades ampliamente denunciadas por distintos estamentos educacionales y judiciales.

Diario Uchile

  Martes 4 de marzo 2014 11:03 hrs. 
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Una declaración pública de la Rectoría de la Universidad de Chile señala “ausencia y secretismo” de la ministra de Educación, Carolina Schmidt, por irregularidades en instituciones de educación superior. El documento apunta a que la secretaria de gobierno “no ha iniciado una investigación seria y formal sobre la compra-venta de la marca y los estudiantes de la U. Andrés Bello y sobre los millonarios traspasos de esa universidad y de la U. de las Américas a su matriz Laureate, acciones que podrían implicar violación de la ley chilena y mal uso de recursos estatales”.

Estos hechos han sido denunciados por la Comisión Nacional de Educación, la Policía de Investigaciones y la Fiscalía del Ministerio Público, pero el Mineduc solo deriva estos datos a una investigación menor, debido a contratos de las universidades Andrés Bello y De las Américas con su matriz Laureate.

En ello, el texto indica que “la ministra Schmidt no aborda la forma en que Laureate habría ingresado y operaría en Chile, pese a que habría evidencia que obligaría al Ministerio de Educación a actuar de oficio ampliando el ámbito de la investigación a todos los antecedentes disponibles, de modo de cumplir y hacer cumplir la Ley, exigencia que la Universidad de Chile viene planteando desde hace años”.

A renglón seguido, se plantea tres interrogantes a la ministra de Educación: “¿Está investigando el contrato de compra-venta de la marca y los estudiantes de la U. Andrés Bello, ya que hasta la prensa ha planteado que pudiera haber indicios de violación a la Ley en ellos? ¿Está investigando todos los traspasos millonarios de la U. Andrés Bello y de la U. de las Américas a Laureate? ¿Estamos en presencia de algo que le impida o inhiba a la ministra Schmidt ordenar de una vez una investigación formal y amplia del Ministerio en esta materia?”.

La misiva cita que la ministra Schmidt se ha excusado de iniciar investigaciones, las que no responden al ministerio. No obstante, esto ha sido desmentido por el Contralor de la República, quien ha declarado ante la comisión investigadora que “la fiscalización que puede hacer una División de Educación Superior, en el contexto de las sanas y potentes normas que tiene, necesariamente le alcanzan de acuerdo con la determinación normativa y regulatoria que tiene”. Peor aún, Ramiro Mendoza señala que “efectivamente hay una musculatura fiscalizadora, reguladora del sector que no se ha aplicado”.

En esta línea, Rectoría apunta que “el Ministerio de Educación sí tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la Ley que establece que en Chile las universidades son corporaciones sin fines de lucro. Y sí tiene facultades para hacerlo, más aún en caso que haya indicios de que se ha hecho una aplicación falsa de la Ley. Es un insulto a la inteligencia de la ciudadanía enterarse por los medios de comunicación que grupos inversionistas nacionales y extranjeros compran y venden universidades en cifras millonarias en dólares, ante la vista y paciencia de las autoridades, en un país en que las universidades no pueden tener fines de lucro. Esa es la discusión de fondo del tema y no otra. ¿Qué discusión podemos tener sobre la educación superior cuando no logramos ponernos de acuerdo en lo mínimo: que se cumpla la Ley vigente, pese al lobby de algunos poderosos? ¿Cómo se entiende que el Ministerio de Educación renuncie a su obligatoria musculatura fiscalizadora y pretenda traspasar la responsabilidad a otras instituciones del Estado?”.

El texto advierte que “dichos actos podrían conllevar un mal uso de dineros públicos, máxime si consideramos que las universidades privadas recibirán este año más de US$ 1.000 millones de dólares del presupuesto nacional, dinero de todos los chilenos que se usará y manejará sin fiscalización de la Contraloría General de la República y sin encontrarse sujeto a la Ley de Transparencia ni al Portal Mercado Público, y que se resta del presupuesto que requiere la educación pública estatal que reciben los niños y jóvenes más pobres de todo Chile”.

El Rector Víctor Pérez minimizó la “investigación simbólica” que ha iniciado el Ministerio de Educación ante estos hechos, y apunta que “son una burla para el imperio de la Ley y para el futuro de la educación superior pública, y hace prever que nada cambiará si la sociedad no fiscaliza y exige que efectivamente se lleven a cabo las investigaciones como corresponde, utilizando las facultades fiscalizadoras en su plenitud y no alegando la falta de las mismas”.