Opositores al proyecto de Pascua Lama celebraron el dictamen del nuevo Tribunal Ambiental que aumentó la sanción a la minera Barrick Gold. No obstante, la polémica iniciativa que hace peligrar recursos hídricos en la Región de Atacama y ha infringido una serie de normas, ha conducido la discusión al Congreso.
En esa línea, el senador PPD, Guido Girardi, calificó a la actual institucionalidad como obsoleta y afirmó que no permite resolver los problemas ambientales. Además, propuso un proyecto de Ley que pretende establecer una reforma en la materia.
Despolitización de las decisiones ambientales, autonomía de los órganos evaluadores y fiscalizadores, participación ciudadana garantizada y el establecimiento del Servicio Forestal, Áreas Protegidas y Biodiversidad son algunas de las transformaciones ingresadas por el senador.
En tanto, el diputado del Partido Radical Social Demócrata, Alberto Robles, se manifestó en contra del “perdonazo” al proyecto y al informe de la comisión investigadora, y sostuvo que la iniciativa ha incumplido en forma gravísima sus compromisos ambientales, por lo que consideró necesario “dar una señal legal de que las empresas multimillonarias internacionales que tienen los medios para hacer las cosas bien, no deben defraudar a las personas”.
Al respecto, explicó que “estamos haciendo fuerza para que en el Parlamento voten en contra del informe que de alguna manera, le da oportunidades a Pascua Lama, que a mi juicio no se las ha ganado. Lo que hizo la Corte Suprema de retomar compromisos ambientales y una vez retomados podrá volver a desarrollar su proyecto, yo creo que en último caso lo máximo que uno podría pedir es que haya una nueva resolución ambiental”, dijo Robles.
Así mismo, el diputado Robles criticó que la institucionalidad ambiental estuviera compuesta por personas designadas por el Presidente cuando debiera contar con participación ciudadana.
Por su parte, el diputado socialista Marcelo Schilling, afirmó que el Tribunal Ambiental fue mucho más riguroso que la Superintendencia, pero que en casos como el de Pascua Lama, debería integrarse la ley que configuró el reconocimiento de delitos cometidos por personas jurídicas: “Cuando se discutió la ley que configuró ciertos delitos cometidos por personas jurídicas, cosas que era totalmente inexistente en Chile, se establecieron delitos susceptibles de ser cometidos por personas jurídicas, empresas, entre ellos estaba el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y yo pedí que también se incluyera la sanción a las empresas que tienen por cultura organizacional deteriorar el medio ambiente y hacer las cosas sin que esto importe, pero no hubo acuerdo”, señaló el diputado.
Desde la Alianza, el presidente de la comisión investigadora sobre Pascua Lama, el diputado UDI Giovanni Calderón, lamentó que por parte de la oposición se rompiera el acuerdo de ocho votos contra dos por emitir un solo informe.
Calderón añadió que si se realiza un informe político como pedía el diputado Robles, se tendría que volver al pasado mandato de la presidenta Michelle Bachelet, donde la familia de la ahora electa diputada Yasna Provoste mantuvo relaciones comerciales con la empresa Barrick: “Para evitar la politización del tema en un período de campaña en que la actual presidenta electa estaba involucrada por su gestión anterior, decidimos tener un informe que se centrara en las correcciones que había que hacer a la institucionalidad medio ambiental y desgraciadamente aprovechando la oportunidad, la pequeña política sin cumplir su acuerdo y esta obligación, lo que me parece lamentable, porque va en contra del espíritu que reinó siempre en la comisión”, dijo el diputado.
El diputado Calderón concluyó afirmando que el Informe ya no fue votado en este período legislativo, es decir, caduca el mandato de la comisión y queda pendiente para la próxima administración.
Opositores al proyecto de Pascua Lama celebraron el dictamen del nuevo Tribunal Ambiental que aumentó la sanción a la minera Barrick Gold. No obstante, la polémica iniciativa que hace peligrar recursos hídricos en la Región de Atacama y ha infringido una serie de normas, ha conducido la discusión al Congreso.
En esa línea, el senador PPD, Guido Girardi, calificó a la actual institucionalidad como obsoleta y afirmó que no permite resolver los problemas ambientales. Además, propuso un proyecto de Ley que pretende establecer una reforma en la materia.
Despolitización de las decisiones ambientales, autonomía de los órganos evaluadores y fiscalizadores, participación ciudadana garantizada y el establecimiento del Servicio Forestal, Áreas Protegidas y Biodiversidad son algunas de las transformaciones ingresadas por el senador.
En tanto, el diputado del Partido Radical Social Demócrata, Alberto Robles, se manifestó en contra del “perdonazo” al proyecto y al informe de la comisión investigadora, y sostuvo que la iniciativa ha incumplido en forma gravísima sus compromisos ambientales, por lo que consideró necesario “dar una señal legal de que las empresas multimillonarias internacionales que tienen los medios para hacer las cosas bien, no deben defraudar a las personas”.
Al respecto, explicó que “estamos haciendo fuerza para que en el Parlamento voten en contra del informe que de alguna manera, le da oportunidades a Pascua Lama, que a mi juicio no se las ha ganado. Lo que hizo la Corte Suprema de retomar compromisos ambientales y una vez retomados podrá volver a desarrollar su proyecto, yo creo que en último caso lo máximo que uno podría pedir es que haya una nueva resolución ambiental”, dijo Robles.
Así mismo, el diputado Robles criticó que la institucionalidad ambiental estuviera compuesta por personas designadas por el Presidente cuando debiera contar con participación ciudadana.
Por su parte, el diputado socialista Marcelo Schilling, afirmó que el Tribunal Ambiental fue mucho más riguroso que la Superintendencia, pero que en casos como el de Pascua Lama, debería integrarse la ley que configuró el reconocimiento de delitos cometidos por personas jurídicas: “Cuando se discutió la ley que configuró ciertos delitos cometidos por personas jurídicas, cosas que era totalmente inexistente en Chile, se establecieron delitos susceptibles de ser cometidos por personas jurídicas, empresas, entre ellos estaba el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y yo pedí que también se incluyera la sanción a las empresas que tienen por cultura organizacional deteriorar el medio ambiente y hacer las cosas sin que esto importe, pero no hubo acuerdo”, señaló el diputado.
Desde la Alianza, el presidente de la comisión investigadora sobre Pascua Lama, el diputado UDI Giovanni Calderón, lamentó que por parte de la oposición se rompiera el acuerdo de ocho votos contra dos por emitir un solo informe.
Calderón añadió que si se realiza un informe político como pedía el diputado Robles, se tendría que volver al pasado mandato de la presidenta Michelle Bachelet, donde la familia de la ahora electa diputada Yasna Provoste mantuvo relaciones comerciales con la empresa Barrick: “Para evitar la politización del tema en un período de campaña en que la actual presidenta electa estaba involucrada por su gestión anterior, decidimos tener un informe que se centrara en las correcciones que había que hacer a la institucionalidad medio ambiental y desgraciadamente aprovechando la oportunidad, la pequeña política sin cumplir su acuerdo y esta obligación, lo que me parece lamentable, porque va en contra del espíritu que reinó siempre en la comisión”, dijo el diputado.
El diputado Calderón concluyó afirmando que el Informe ya no fue votado en este período legislativo, es decir, caduca el mandato de la comisión y queda pendiente para la próxima administración.
Opositores al proyecto de Pascua Lama celebraron el dictamen del nuevo Tribunal Ambiental que aumentó la sanción a la minera Barrick Gold. No obstante, la polémica iniciativa que hace peligrar recursos hídricos en la Región de Atacama y ha infringido una serie de normas, ha conducido la discusión al Congreso.
En esa línea, el senador PPD, Guido Girardi, calificó a la actual institucionalidad como obsoleta y afirmó que no permite resolver los problemas ambientales. Además, propuso un proyecto de Ley que pretende establecer una reforma en la materia.
Despolitización de las decisiones ambientales, autonomía de los órganos evaluadores y fiscalizadores, participación ciudadana garantizada y el establecimiento del Servicio Forestal, Áreas Protegidas y Biodiversidad son algunas de las transformaciones ingresadas por el senador.
En tanto, el diputado del Partido Radical Social Demócrata, Alberto Robles, se manifestó en contra del “perdonazo” al proyecto y al informe de la comisión investigadora, y sostuvo que la iniciativa ha incumplido en forma gravísima sus compromisos ambientales, por lo que consideró necesario “dar una señal legal de que las empresas multimillonarias internacionales que tienen los medios para hacer las cosas bien, no deben defraudar a las personas”.
Al respecto, explicó que “estamos haciendo fuerza para que en el Parlamento voten en contra del informe que de alguna manera, le da oportunidades a Pascua Lama, que a mi juicio no se las ha ganado. Lo que hizo la Corte Suprema de retomar compromisos ambientales y una vez retomados podrá volver a desarrollar su proyecto, yo creo que en último caso lo máximo que uno podría pedir es que haya una nueva resolución ambiental”, dijo Robles.
Así mismo, el diputado Robles criticó que la institucionalidad ambiental estuviera compuesta por personas designadas por el Presidente cuando debiera contar con participación ciudadana.
Por su parte, el diputado socialista Marcelo Schilling, afirmó que el Tribunal Ambiental fue mucho más riguroso que la Superintendencia, pero que en casos como el de Pascua Lama, debería integrarse la ley que configuró el reconocimiento de delitos cometidos por personas jurídicas: “Cuando se discutió la ley que configuró ciertos delitos cometidos por personas jurídicas, cosas que era totalmente inexistente en Chile, se establecieron delitos susceptibles de ser cometidos por personas jurídicas, empresas, entre ellos estaba el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y yo pedí que también se incluyera la sanción a las empresas que tienen por cultura organizacional deteriorar el medio ambiente y hacer las cosas sin que esto importe, pero no hubo acuerdo”, señaló el diputado.
Desde la Alianza, el presidente de la comisión investigadora sobre Pascua Lama, el diputado UDI Giovanni Calderón, lamentó que por parte de la oposición se rompiera el acuerdo de ocho votos contra dos por emitir un solo informe.
Calderón añadió que si se realiza un informe político como pedía el diputado Robles, se tendría que volver al pasado mandato de la presidenta Michelle Bachelet, donde la familia de la ahora electa diputada Yasna Provoste mantuvo relaciones comerciales con la empresa Barrick: “Para evitar la politización del tema en un período de campaña en que la actual presidenta electa estaba involucrada por su gestión anterior, decidimos tener un informe que se centrara en las correcciones que había que hacer a la institucionalidad medio ambiental y desgraciadamente aprovechando la oportunidad, la pequeña política sin cumplir su acuerdo y esta obligación, lo que me parece lamentable, porque va en contra del espíritu que reinó siempre en la comisión”, dijo el diputado.
El diputado Calderón concluyó afirmando que el Informe ya no fue votado en este período legislativo, es decir, caduca el mandato de la comisión y queda pendiente para la próxima administración.
