Son muchas las expectativas que están depositadas en el Gobierno que encabezará Michelle Bachelet.
Luego del surgimiento de una serie de movimientos sociales que dejaron de manifiesto la fragilidad de nuestra democracia, el programa de gobierno de la Nueva Mayoría se impuso contestar a dichos cuestionamientos y acogerlos en una serie de propuestas que buscan recoger el sentir de la ciudadanía.
Sin embargo, existen desconfianzas, porque muchos de estos anuncios han sido calificados por los actores sociales como “titulares” que no profundizan ni en la forma ni en el fondo del método que se utilizará para llevarlos a cabo.
En una primera revisión, el gobierno de la Nueva Mayoría tiene un favorable escenario parlamentario, que no se veía desde los primeros periodos de la Concertación. Con la mayoría en ambas cámaras del Congreso y con lo quórums necesarios para sacar adelante, por ejemplo, una reforma tributaria ambiciosa, al parecer no existirían excusas para que no se concreten los cambios que nuestro país necesita.
No obstante, esta expectativa favorable puede jugar en contra en el corto plazo, si es que no se plasma en avances. Para la analista política del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile (INAP), María Cristina Escudero, el primer año de mandato será más de instalación que de concreción de metas: “Muchos de los compromisos son de largo plazo, entonces más que si los vamos a ver finalizados o no en un Gobierno de cuatro años, se trata de qué cimientos se van a construir para estas políticas de largo plazo. Respecto de una educación gratuita a nivel superior, por ejemplo, qué márgenes va a tener, cómo se va a financiar y en qué plazo la vamos a obtener. Esas son las discusiones del primer año del Gobierno”, dijo.
En esa línea, Gustavo Rayo, académico de la Universidad de Talca, afirmó que el nuevo Gobierno necesitará de la compresión de los movimientos sociales: “Sobre la base del diálogo será posible realmente lograr los consensos necesarios. Ahora, eso va a exigir, de parte de los movimientos sociales, y en particular de los estudiantes, una mayor capacidad de comprensión de lo que son los intereses de los múltiples actores involucrados”, advirtió.
Desde los movimientos sociales, particularmente del estudiantil, afirman que las desconfianzas hacia las nuevas autoridades se mantienen, pese a lo declarado en el programa de Gobierno.
“El otro día veía los resultados de una encuesta que decían que alrededor del 70 por ciento de los chilenos creía que no iba a cumplir el tema de la educación gratuita”, dijo la presidenta de la FECH, Melissa Sepúlveda.
La dirigenta enfatizó que “nosotros tenemos diferencias importantes con el programa de Michelle Bachelet. No estamos de acuerdo en cómo se concibe la gratuidad. Finalmente son más becas y créditos, pero no cambia la lógica de la educación como una inversión individual y un bien de consumo”.
Asimismo, cuestionó que “solo habría fin al lucro en las instituciones que reciben aportes del Estado, por lo tanto, quedaría todo un nicho para el negocio y para que se reproduzcan situaciones tan vergonzosas como la de la Universidad del Mar”.
Respecto de la economía y de cómo el crecimiento pueda afectar el desarrollo del programa de Bachelet, los analistas aseguran que todo dependerá de la forma en que la nueva administración maneje el escenario de desaceleración, sin afectar la generación de empleo.
Dentro de las propuestas de la Nueva Mayoría para los primeros meses de Gobierno destacan el envío de proyectos de ley de reformas tributaria y educacional, la asignación de recursos para la contratación de 33 mil nuevos especialistas e impulsar la creación de una nueva agenda laboral.
Son muchas las expectativas que están depositadas en el Gobierno que encabezará Michelle Bachelet.
Luego del surgimiento de una serie de movimientos sociales que dejaron de manifiesto la fragilidad de nuestra democracia, el programa de gobierno de la Nueva Mayoría se impuso contestar a dichos cuestionamientos y acogerlos en una serie de propuestas que buscan recoger el sentir de la ciudadanía.
Sin embargo, existen desconfianzas, porque muchos de estos anuncios han sido calificados por los actores sociales como “titulares” que no profundizan ni en la forma ni en el fondo del método que se utilizará para llevarlos a cabo.
En una primera revisión, el gobierno de la Nueva Mayoría tiene un favorable escenario parlamentario, que no se veía desde los primeros periodos de la Concertación. Con la mayoría en ambas cámaras del Congreso y con lo quórums necesarios para sacar adelante, por ejemplo, una reforma tributaria ambiciosa, al parecer no existirían excusas para que no se concreten los cambios que nuestro país necesita.
No obstante, esta expectativa favorable puede jugar en contra en el corto plazo, si es que no se plasma en avances. Para la analista política del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile (INAP), María Cristina Escudero, el primer año de mandato será más de instalación que de concreción de metas: “Muchos de los compromisos son de largo plazo, entonces más que si los vamos a ver finalizados o no en un Gobierno de cuatro años, se trata de qué cimientos se van a construir para estas políticas de largo plazo. Respecto de una educación gratuita a nivel superior, por ejemplo, qué márgenes va a tener, cómo se va a financiar y en qué plazo la vamos a obtener. Esas son las discusiones del primer año del Gobierno”, dijo.
En esa línea, Gustavo Rayo, académico de la Universidad de Talca, afirmó que el nuevo Gobierno necesitará de la compresión de los movimientos sociales: “Sobre la base del diálogo será posible realmente lograr los consensos necesarios. Ahora, eso va a exigir, de parte de los movimientos sociales, y en particular de los estudiantes, una mayor capacidad de comprensión de lo que son los intereses de los múltiples actores involucrados”, advirtió.
Desde los movimientos sociales, particularmente del estudiantil, afirman que las desconfianzas hacia las nuevas autoridades se mantienen, pese a lo declarado en el programa de Gobierno.
“El otro día veía los resultados de una encuesta que decían que alrededor del 70 por ciento de los chilenos creía que no iba a cumplir el tema de la educación gratuita”, dijo la presidenta de la FECH, Melissa Sepúlveda.
La dirigenta enfatizó que “nosotros tenemos diferencias importantes con el programa de Michelle Bachelet. No estamos de acuerdo en cómo se concibe la gratuidad. Finalmente son más becas y créditos, pero no cambia la lógica de la educación como una inversión individual y un bien de consumo”.
Asimismo, cuestionó que “solo habría fin al lucro en las instituciones que reciben aportes del Estado, por lo tanto, quedaría todo un nicho para el negocio y para que se reproduzcan situaciones tan vergonzosas como la de la Universidad del Mar”.
Respecto de la economía y de cómo el crecimiento pueda afectar el desarrollo del programa de Bachelet, los analistas aseguran que todo dependerá de la forma en que la nueva administración maneje el escenario de desaceleración, sin afectar la generación de empleo.
Dentro de las propuestas de la Nueva Mayoría para los primeros meses de Gobierno destacan el envío de proyectos de ley de reformas tributaria y educacional, la asignación de recursos para la contratación de 33 mil nuevos especialistas e impulsar la creación de una nueva agenda laboral.
Son muchas las expectativas que están depositadas en el Gobierno que encabezará Michelle Bachelet.
Luego del surgimiento de una serie de movimientos sociales que dejaron de manifiesto la fragilidad de nuestra democracia, el programa de gobierno de la Nueva Mayoría se impuso contestar a dichos cuestionamientos y acogerlos en una serie de propuestas que buscan recoger el sentir de la ciudadanía.
Sin embargo, existen desconfianzas, porque muchos de estos anuncios han sido calificados por los actores sociales como “titulares” que no profundizan ni en la forma ni en el fondo del método que se utilizará para llevarlos a cabo.
En una primera revisión, el gobierno de la Nueva Mayoría tiene un favorable escenario parlamentario, que no se veía desde los primeros periodos de la Concertación. Con la mayoría en ambas cámaras del Congreso y con lo quórums necesarios para sacar adelante, por ejemplo, una reforma tributaria ambiciosa, al parecer no existirían excusas para que no se concreten los cambios que nuestro país necesita.
No obstante, esta expectativa favorable puede jugar en contra en el corto plazo, si es que no se plasma en avances. Para la analista política del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile (INAP), María Cristina Escudero, el primer año de mandato será más de instalación que de concreción de metas: “Muchos de los compromisos son de largo plazo, entonces más que si los vamos a ver finalizados o no en un Gobierno de cuatro años, se trata de qué cimientos se van a construir para estas políticas de largo plazo. Respecto de una educación gratuita a nivel superior, por ejemplo, qué márgenes va a tener, cómo se va a financiar y en qué plazo la vamos a obtener. Esas son las discusiones del primer año del Gobierno”, dijo.
En esa línea, Gustavo Rayo, académico de la Universidad de Talca, afirmó que el nuevo Gobierno necesitará de la compresión de los movimientos sociales: “Sobre la base del diálogo será posible realmente lograr los consensos necesarios. Ahora, eso va a exigir, de parte de los movimientos sociales, y en particular de los estudiantes, una mayor capacidad de comprensión de lo que son los intereses de los múltiples actores involucrados”, advirtió.
Desde los movimientos sociales, particularmente del estudiantil, afirman que las desconfianzas hacia las nuevas autoridades se mantienen, pese a lo declarado en el programa de Gobierno.
“El otro día veía los resultados de una encuesta que decían que alrededor del 70 por ciento de los chilenos creía que no iba a cumplir el tema de la educación gratuita”, dijo la presidenta de la FECH, Melissa Sepúlveda.
La dirigenta enfatizó que “nosotros tenemos diferencias importantes con el programa de Michelle Bachelet. No estamos de acuerdo en cómo se concibe la gratuidad. Finalmente son más becas y créditos, pero no cambia la lógica de la educación como una inversión individual y un bien de consumo”.
Asimismo, cuestionó que “solo habría fin al lucro en las instituciones que reciben aportes del Estado, por lo tanto, quedaría todo un nicho para el negocio y para que se reproduzcan situaciones tan vergonzosas como la de la Universidad del Mar”.
Respecto de la economía y de cómo el crecimiento pueda afectar el desarrollo del programa de Bachelet, los analistas aseguran que todo dependerá de la forma en que la nueva administración maneje el escenario de desaceleración, sin afectar la generación de empleo.
Dentro de las propuestas de la Nueva Mayoría para los primeros meses de Gobierno destacan el envío de proyectos de ley de reformas tributaria y educacional, la asignación de recursos para la contratación de 33 mil nuevos especialistas e impulsar la creación de una nueva agenda laboral.
