En junio de 2013, la Federación de Trabajadores de Empresas de Aseo, Jardines y Rellenos Sanitarios (Fenasinaj) dejó de retirar la basura de las casas y calles durante tres días, tiempo suficiente para presionar al Gobierno y acordar una mesa de trabajo con los municipios y el Ejecutivo que asegurara alzas salariales.

Mediante las movilizaciones, los recolectores de basura lograron que el gobierno inyectara 15 mil 700 millones a los municipios para que estos traspasaran vía convenio los dineros a las empresas contratistas y estas a su vez aplicaran el reajuste permanente de aproximadamente 80 mil pesos líquidos.

Según explicó el presidente de Fenasinaj, Armando Soto, el protocolo de acuerdo comprometía el trámite en Contraloría General de la República para poder hacer efectivo el traspaso antes del 30 de enero.

Soto aseguró que extrañamente ese documento todavía no se gestiona, por lo que ya existe concordancia en el gremio para tomar cartas en el asunto.

En este sentido, el dirigente de los trabajadores indicó que  “esto tendría que haber ocurrido los primeros días de enero y estamos en marzo, por eso los dirigentes sindicales de toda el Área Metropolitana y de todas las regiones, acordaron dar un plazo máximo hasta el 13 de marzo para que estos dineros sean entregados a los trabajadores y de lo contrario habrán movilizaciones”.

A modo de mostrar voluntad de diálogo, el dirigente sindical informó los pasos que darán antes de la fecha límite y cuya definición podría transformarse en el primer conflicto sindical que enfrente el nuevo gobierno de Michelle Bachelet.

“Nosotros tenemos reunión este lunes a las 13:30 horas con el Contralor de la República y luego de eso tenemos una reunión de dirigentes sindicales a las 15:00 en la CUT, donde vamos a tomar la decisión sobre cuáles van a ser los pasos que vamos a seguir y todo va a depender de la respuesta que nos entregue el Contralor”, explicó Armando Soto.

El vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades Christian Vittori enfatizó que esto difícilmente será resuelto a la brevedad, por lo que se constituye en una “bomba de tiempo” preparada para el gobierno entrante.

El alcalde de Maipú expresó su molestia por la falta de preocupación y posible negligencia de parte del gobierno saliente: “Hemos sido insistentes desde la Asociación Chilena de Municipalidades con el Gobierno para poder cumplir con estos acuerdos. Sin embargo, los días y las semanas pasaron, en definitiva lo que les importa a los trabajadores después de nueve meses es si el acuerdo se cumplo o no se cumple y la palabra comprometida por el Gobierno no se va a cumplir. Se podría decir con bastante argumento de que el Gobierno armó una bomba de tiempo para la Presidenta Michelle Bachelet”, indicó.

Pese a que el protocolo de acuerdo fue firmado el 31 de julio, aún no se cumple con los trabajadores.