Algunos miembros de las Fuerzas Armadas, civiles y ex funcionarios, suscriben la solicitud por sacar el busto de uno de los principales responsables del Golpe de Estado de 1973, participando en su planificación y orden de bombardear industrias y universidades. El escrito plantea que exaltar a José Toribio Merino es una opción política que reivindica la dictadura.
“Merino fue un extravagante miembro de la junta militar, partidario de resolver los problemas del mundo a través de una tercera guerra mundial y los litigios chileno-argentinos a través de otra guerra que se decidiría en un colosal combate naval”, señala el texto.
El documento apunta a sus declaraciones, “engreídas lecciones televisadas prodigadas a través de la televisión por el vicealmirante, hacia los bolivianos, calificados de ‘auquénidos metamorfoseados’, y justificadoras de la tortura con el ‘argumento’ tomado del franquismo, que los comunistas son ‘humanoides sin alma’, desprovistos, por tanto, de Derechos Humanos”.
Asimismo, Merino se insubordinó contra el Presidente de la República y contra su comandante en jefe, y fue responsable directo de crímenes de lesa humanidad.
La Agrupación “Ciudadanos por la Memoria” fue la que redactó la petición. El abogado Luis Mariano Rendón, integrante del organismo sostuvo que la presidenta electa sencillamente debe tomar la decisión y dar la orden para que se retire el monumento: “Ya no hay ningún obstáculo jurídico. A partir de las reformas del 2005 el Presidente de la República recuperó el pleno mando respecto de las Fuerzas Armadas, al tener la capacidad de remover al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces aquí corresponde una orden presidencial que las Fuerzas Armadas, en cuanto a instituciones obedientes y no deliberantes, como señala la Constitución, deben proceder a dar cumplimiento a esa orden”, señaló Rendón.
El abogado comparó a Chile con Argentina, donde el presidente Kirchner tomó la determinación de remover los retratos de los miembros de la dictadura en recintos militares.
En tanto, el historiador Sergio Grez, también integrante de la Agrupación, afirmó que la iniciativa se venía trabajando hace tiempo y no surge por ocasión de cambio de mando, como ejemplo recuerda el exitoso rebautizo del año pasado a la calle 11 de septiembre por Nueva Providencia: “Estamos embarcados en un proyecto destinado a limpiar el espacio y los ambientes públicos de nuestra nación, depurándolos de todos los nombres y signos que signifiquen de la dictadura y los personajes que representaron las más atroces violaciones a los derechos humanos en Chile. Cuando asume un Gobierno en el cual una parte de la ciudadanía ha depositado esperanzas de profundización de la democracia en nuestro país, queremos emplazar a la nueva Presidenta a realizar esas promesas”, dijo Sergio Grez.
El historiador señaló que la solicitud lanzada públicamente hace tres días lleva mil 700 adhesiones y esperan dentro de semanas, llegar a 10 mil firmas que se han propuesto como meta para dirigir la carta a la presidenta.
Algunos miembros de las Fuerzas Armadas, civiles y ex funcionarios, suscriben la solicitud por sacar el busto de uno de los principales responsables del Golpe de Estado de 1973, participando en su planificación y orden de bombardear industrias y universidades. El escrito plantea que exaltar a José Toribio Merino es una opción política que reivindica la dictadura.
“Merino fue un extravagante miembro de la junta militar, partidario de resolver los problemas del mundo a través de una tercera guerra mundial y los litigios chileno-argentinos a través de otra guerra que se decidiría en un colosal combate naval”, señala el texto.
El documento apunta a sus declaraciones, “engreídas lecciones televisadas prodigadas a través de la televisión por el vicealmirante, hacia los bolivianos, calificados de ‘auquénidos metamorfoseados’, y justificadoras de la tortura con el ‘argumento’ tomado del franquismo, que los comunistas son ‘humanoides sin alma’, desprovistos, por tanto, de Derechos Humanos”.
Asimismo, Merino se insubordinó contra el Presidente de la República y contra su comandante en jefe, y fue responsable directo de crímenes de lesa humanidad.
La Agrupación “Ciudadanos por la Memoria” fue la que redactó la petición. El abogado Luis Mariano Rendón, integrante del organismo sostuvo que la presidenta electa sencillamente debe tomar la decisión y dar la orden para que se retire el monumento: “Ya no hay ningún obstáculo jurídico. A partir de las reformas del 2005 el Presidente de la República recuperó el pleno mando respecto de las Fuerzas Armadas, al tener la capacidad de remover al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces aquí corresponde una orden presidencial que las Fuerzas Armadas, en cuanto a instituciones obedientes y no deliberantes, como señala la Constitución, deben proceder a dar cumplimiento a esa orden”, señaló Rendón.
El abogado comparó a Chile con Argentina, donde el presidente Kirchner tomó la determinación de remover los retratos de los miembros de la dictadura en recintos militares.
En tanto, el historiador Sergio Grez, también integrante de la Agrupación, afirmó que la iniciativa se venía trabajando hace tiempo y no surge por ocasión de cambio de mando, como ejemplo recuerda el exitoso rebautizo del año pasado a la calle 11 de septiembre por Nueva Providencia: “Estamos embarcados en un proyecto destinado a limpiar el espacio y los ambientes públicos de nuestra nación, depurándolos de todos los nombres y signos que signifiquen de la dictadura y los personajes que representaron las más atroces violaciones a los derechos humanos en Chile. Cuando asume un Gobierno en el cual una parte de la ciudadanía ha depositado esperanzas de profundización de la democracia en nuestro país, queremos emplazar a la nueva Presidenta a realizar esas promesas”, dijo Sergio Grez.
El historiador señaló que la solicitud lanzada públicamente hace tres días lleva mil 700 adhesiones y esperan dentro de semanas, llegar a 10 mil firmas que se han propuesto como meta para dirigir la carta a la presidenta.
Algunos miembros de las Fuerzas Armadas, civiles y ex funcionarios, suscriben la solicitud por sacar el busto de uno de los principales responsables del Golpe de Estado de 1973, participando en su planificación y orden de bombardear industrias y universidades. El escrito plantea que exaltar a José Toribio Merino es una opción política que reivindica la dictadura.
“Merino fue un extravagante miembro de la junta militar, partidario de resolver los problemas del mundo a través de una tercera guerra mundial y los litigios chileno-argentinos a través de otra guerra que se decidiría en un colosal combate naval”, señala el texto.
El documento apunta a sus declaraciones, “engreídas lecciones televisadas prodigadas a través de la televisión por el vicealmirante, hacia los bolivianos, calificados de ‘auquénidos metamorfoseados’, y justificadoras de la tortura con el ‘argumento’ tomado del franquismo, que los comunistas son ‘humanoides sin alma’, desprovistos, por tanto, de Derechos Humanos”.
Asimismo, Merino se insubordinó contra el Presidente de la República y contra su comandante en jefe, y fue responsable directo de crímenes de lesa humanidad.
La Agrupación “Ciudadanos por la Memoria” fue la que redactó la petición. El abogado Luis Mariano Rendón, integrante del organismo sostuvo que la presidenta electa sencillamente debe tomar la decisión y dar la orden para que se retire el monumento: “Ya no hay ningún obstáculo jurídico. A partir de las reformas del 2005 el Presidente de la República recuperó el pleno mando respecto de las Fuerzas Armadas, al tener la capacidad de remover al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces aquí corresponde una orden presidencial que las Fuerzas Armadas, en cuanto a instituciones obedientes y no deliberantes, como señala la Constitución, deben proceder a dar cumplimiento a esa orden”, señaló Rendón.
El abogado comparó a Chile con Argentina, donde el presidente Kirchner tomó la determinación de remover los retratos de los miembros de la dictadura en recintos militares.
En tanto, el historiador Sergio Grez, también integrante de la Agrupación, afirmó que la iniciativa se venía trabajando hace tiempo y no surge por ocasión de cambio de mando, como ejemplo recuerda el exitoso rebautizo del año pasado a la calle 11 de septiembre por Nueva Providencia: “Estamos embarcados en un proyecto destinado a limpiar el espacio y los ambientes públicos de nuestra nación, depurándolos de todos los nombres y signos que signifiquen de la dictadura y los personajes que representaron las más atroces violaciones a los derechos humanos en Chile. Cuando asume un Gobierno en el cual una parte de la ciudadanía ha depositado esperanzas de profundización de la democracia en nuestro país, queremos emplazar a la nueva Presidenta a realizar esas promesas”, dijo Sergio Grez.
El historiador señaló que la solicitud lanzada públicamente hace tres días lleva mil 700 adhesiones y esperan dentro de semanas, llegar a 10 mil firmas que se han propuesto como meta para dirigir la carta a la presidenta.
