El 7 de agosto del año pasado publicamos en un medio de prensa digital la columna de opinión “No lo demolerán”. En esa columna nos referíamos a la extraordinaria, desde el punto de vista patrimonial, edificación localizada en la esquina de las calles Morandé con Rosas, comuna de Santiago.
Pues bien, en razón a que ha transcurrido el tiempo y en ciertas ocasiones hemos recibido llamados telefónicos de periodistas preguntando por el status de la situación porque, según ellos, el edificio ya se debería haber demolido, lo que no ha sucedido, damos a conocer algunas gestiones hechas ante las autoridades locales y centrales buscando la preservación del inmueble protegido con la figura de “Conservación Histórica” del Plan Regulador Comunal (PRC) de Santiago.
1.- El 2 de octubre de 2013 el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) responde a Carolina Tohá, alcaldesa de Santiago, informándole que no puede aceptar su solicitud para declarar Monumentos Nacional, en calidad de Monumento Histórico ese inmueble porque existe un permiso de edificación “vigente” (sic) de fecha 25/01/08 por 2 torres de 33 pisos cada una, estando ya terminada una de ellas y faltando solo el permiso de demolición del edificio en comento para iniciar las faenas de la segunda torre.
2.- El 11 de diciembre de 2013, vía correo electrónico, le solicitamos una entrevista al Director de Obras Municipales para expresarle que tal edificio no se podía demoler por una serie de razones que le queríamos dar a conocer en persona, respondiéndonos el día siguiente que su función estaría dispuesta a denegar la solicitud de demolición y que el conflicto se debería resolver en la Seremi de Vivienda y Urbanismo.
3.- El 27 de diciembre de 2013 entregamos una carta dirigida al Seremi de Vivienda y Urbanismo, adjuntando una serie de documentos atingentes, expresándole que la demolición era improcedente porque el permiso de edificación ya estaba caducado y porque no existía en el expediente un informe suscrito por un arquitecto en donde se deberían dar los fundamentos técnicos que justificaran el derrumbe.
4.- El 10 de febrero de 2014 la Jefa de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la Seremi de Vivienda y Urbanismo, vía ORD. Nº 588, aludiendo a nuestra presentación, le pide al Director de Obras Municipales que le explique el desarrollo de los hechos, ya que para la eliminación de tal edificio de valor arquitectónico quien dice la última palabra es la función del gobierno central.
5.- El 11 de febrero de 2014, nuevamente nos dirigimos por escrito al Seremi de Vivienda y Urbanismo diciéndole, entre otras cosas, que el permiso de edificación ya individualizado estaba mal otorgado porque los 3 predios que se debían fusionar con anterioridad a la emisión del mismo, no se habían unificado conforme al mandato legal, asunto corroborado en consulta en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago.
A pesar de que desconocemos la resolución final del Seremi de Vivienda y Urbanismo, queda en evidencia entonces que se respetará la condición de “Conservación Histórica” del edificio que tanto le interesa salvaguardar no solo a la comunidad, a nosotros mismos, al Colegio de Arquitectos, a los concejales y en especial a la alcaldesa Carolina Tohá.
En este episodio, la Inmobiliaria Morandé 2010 S.A., dueña de la elevada torre habitacional ya edificada, como también del inmueble que se salvó de la picota y de los bulldozers, tiene la oportunidad de proceder conforme a lo que se denomina Responsabilidad Social Empresarial, restaurando en debida forma su edificio protegido, comportamiento asaz acertado que será reconocido por todos como un verdadero aporte urbanístico a la ciudad de Santiago.
Finalmente y como una ironía del destino señalamos que si la inmobiliaria que tiene la propiedad del edificio patrimonial lo hubiera demolido, antes que la municipalidad lo hubo protegido en el PRC, para construir allí la primera elevada torre, hoy en día ese actor privado ya estaría construyendo la segunda torre de volumen y altura similar, haciendo por lo tanto un pingüe negocio.
En resumen, el empresario no visualizó las decisiones que iba a adoptar la Municipalidad de Santiago después de haber obtenido el permiso de edificación, acto administrativo que recientemente hemos detectado que es trucho.