El año pasado un informe dio cuenta de la ineficiencia del sistema de cárceles concesionadas, por cuanto éste no disminuía las cifras de reincidencia, además de problemas en relación a la oferta programática prestada en dichos recintos.
Al mismo tiempo, describe que no es posible establecer diferencias entre las cárceles concesionadas y el sistema estatal respecto de la disminución de la reincidencia delictual.
Por esto, analistas, trabajadores y expertos coincidieron en la existencia de una crisis en el sector, ya que finalmente las cárceles concesionadas replicaron los mismos problemas que debían solucionar. La crisis se mantuvo y se agudizó ante la falta de políticas públicas.
La académica Olga Espinoza, del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana (CESC) del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, explicó que durante la administración de Sebastián Piñera el problema fue la falta de ejecución.
“Han habido programas que se han implementado y que han apuntado con bastante seriedad a hacer evaluaciones de los programas existentes. Sin embargo, luego de las evaluaciones corresponde una de las etapas más complejas, que es la implementación de las recomendaciones planteadas en los diagnósticos desarrollados”, señaló.
Como coordinadora del Área de Estudios Penitenciarios del CESC, agregó que se debe pensar en la construcción de nuevos espacios ante el alto índice de hacinamiento (38 por ciento), pero pensando antes en un trabajo interministerial de rehabilitación y reinserción, considerando a Trabajo, Salud y Senda, además de Interior y Justicia.
Esto, porque justamente eso es lo considera en esta materia el programa de Gobierno de Michelle Bachelet, además de la evaluación del modelo de cárceles concesionadas y la construcción de nuevos recintos.
Sin embargo, Olga Espinoza lamentó la falta de propuestas que consideren penas sustitutivas, a su juicio, una medida importante para reducir la sobrepoblación penal.
Por otra parte, un grupo que debe lidiar directamente con estos problemas son los gendarmes. El presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes (ANSOG), Joe González, aseguró que el programa del actual Gobierno es insuficiente.
“Es demasiado vago y apunta generalmente a fortalecer netamente el tema de las policías. El tema penitenciario se trata solamente de manera general. Y lo que nosotros necesitamos como institución y como funcionarios es que este Gobierno pueda saldar la deuda histórica que existe con este servicio. Aquí ha habido un abandono histórico, sistemático y permanente respecto de la función del servicio, de sus funcionarios, de infraestructura y de todos los tópicos que están directamente relacionados con el sistema”, acusó.
González llamó a establecer una real política penitenciaria que implique mejoras cualitativas en el servicio y en la labor de los gendarmes.
El año pasado un informe dio cuenta de la ineficiencia del sistema de cárceles concesionadas, por cuanto éste no disminuía las cifras de reincidencia, además de problemas en relación a la oferta programática prestada en dichos recintos.
Al mismo tiempo, describe que no es posible establecer diferencias entre las cárceles concesionadas y el sistema estatal respecto de la disminución de la reincidencia delictual.
Por esto, analistas, trabajadores y expertos coincidieron en la existencia de una crisis en el sector, ya que finalmente las cárceles concesionadas replicaron los mismos problemas que debían solucionar. La crisis se mantuvo y se agudizó ante la falta de políticas públicas.
La académica Olga Espinoza, del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana (CESC) del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, explicó que durante la administración de Sebastián Piñera el problema fue la falta de ejecución.
“Han habido programas que se han implementado y que han apuntado con bastante seriedad a hacer evaluaciones de los programas existentes. Sin embargo, luego de las evaluaciones corresponde una de las etapas más complejas, que es la implementación de las recomendaciones planteadas en los diagnósticos desarrollados”, señaló.
Como coordinadora del Área de Estudios Penitenciarios del CESC, agregó que se debe pensar en la construcción de nuevos espacios ante el alto índice de hacinamiento (38 por ciento), pero pensando antes en un trabajo interministerial de rehabilitación y reinserción, considerando a Trabajo, Salud y Senda, además de Interior y Justicia.
Esto, porque justamente eso es lo considera en esta materia el programa de Gobierno de Michelle Bachelet, además de la evaluación del modelo de cárceles concesionadas y la construcción de nuevos recintos.
Sin embargo, Olga Espinoza lamentó la falta de propuestas que consideren penas sustitutivas, a su juicio, una medida importante para reducir la sobrepoblación penal.
Por otra parte, un grupo que debe lidiar directamente con estos problemas son los gendarmes. El presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes (ANSOG), Joe González, aseguró que el programa del actual Gobierno es insuficiente.
“Es demasiado vago y apunta generalmente a fortalecer netamente el tema de las policías. El tema penitenciario se trata solamente de manera general. Y lo que nosotros necesitamos como institución y como funcionarios es que este Gobierno pueda saldar la deuda histórica que existe con este servicio. Aquí ha habido un abandono histórico, sistemático y permanente respecto de la función del servicio, de sus funcionarios, de infraestructura y de todos los tópicos que están directamente relacionados con el sistema”, acusó.
González llamó a establecer una real política penitenciaria que implique mejoras cualitativas en el servicio y en la labor de los gendarmes.
El año pasado un informe dio cuenta de la ineficiencia del sistema de cárceles concesionadas, por cuanto éste no disminuía las cifras de reincidencia, además de problemas en relación a la oferta programática prestada en dichos recintos.
Al mismo tiempo, describe que no es posible establecer diferencias entre las cárceles concesionadas y el sistema estatal respecto de la disminución de la reincidencia delictual.
Por esto, analistas, trabajadores y expertos coincidieron en la existencia de una crisis en el sector, ya que finalmente las cárceles concesionadas replicaron los mismos problemas que debían solucionar. La crisis se mantuvo y se agudizó ante la falta de políticas públicas.
La académica Olga Espinoza, del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana (CESC) del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, explicó que durante la administración de Sebastián Piñera el problema fue la falta de ejecución.
“Han habido programas que se han implementado y que han apuntado con bastante seriedad a hacer evaluaciones de los programas existentes. Sin embargo, luego de las evaluaciones corresponde una de las etapas más complejas, que es la implementación de las recomendaciones planteadas en los diagnósticos desarrollados”, señaló.
Como coordinadora del Área de Estudios Penitenciarios del CESC, agregó que se debe pensar en la construcción de nuevos espacios ante el alto índice de hacinamiento (38 por ciento), pero pensando antes en un trabajo interministerial de rehabilitación y reinserción, considerando a Trabajo, Salud y Senda, además de Interior y Justicia.
Esto, porque justamente eso es lo considera en esta materia el programa de Gobierno de Michelle Bachelet, además de la evaluación del modelo de cárceles concesionadas y la construcción de nuevos recintos.
Sin embargo, Olga Espinoza lamentó la falta de propuestas que consideren penas sustitutivas, a su juicio, una medida importante para reducir la sobrepoblación penal.
Por otra parte, un grupo que debe lidiar directamente con estos problemas son los gendarmes. El presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes (ANSOG), Joe González, aseguró que el programa del actual Gobierno es insuficiente.
“Es demasiado vago y apunta generalmente a fortalecer netamente el tema de las policías. El tema penitenciario se trata solamente de manera general. Y lo que nosotros necesitamos como institución y como funcionarios es que este Gobierno pueda saldar la deuda histórica que existe con este servicio. Aquí ha habido un abandono histórico, sistemático y permanente respecto de la función del servicio, de sus funcionarios, de infraestructura y de todos los tópicos que están directamente relacionados con el sistema”, acusó.
González llamó a establecer una real política penitenciaria que implique mejoras cualitativas en el servicio y en la labor de los gendarmes.
