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Año XIII, 2 de diciembre de 2021

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Casos de Derechos Humanos

Corte Interamericana analiza denuncia de presiones a jueces

En el período ordinario de sesiones número 150 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se realiza en Washington en los Estados Unidos, el Estado chileno dio cuenta de las presiones y cuestionamientos a la independencia del Poder Judicial en la Audiencia llamada: “Situación de Operadores de Justicia en Chile”.

Paula Correa

  Jueves 27 de marzo 2014 18:35 hrs. 
justicia


“El Poder Judicial chileno tiene una estructura anacrónica que permanece ya por casi 200 años en el país, y se vuelve necesario y fundamental abrir un debate sobre su configuración y relación efectiva de un Estado de Derecho”, afirmó Félix Mora, juez de Ontario Canadá, en representación de la Red Iberoamericana de Jueces una de las organizaciones que solicitaron a la CIDH convocar al Estado a dar explicaciones sobre la interferencia y el hostigamiento que, afirman, están viviendo los jueces en Chile.

La Red, junto a la ONG Leasur afirmó que si bien Chile reconoce en sus leyes la independencia de este poder como un fundamento de la democracia, en la práctica no garantiza una sana aplicación de este principio.

En este sentido, el juez canadiense indicó que “a pesar de este reconocimiento normativo que se le ha otorgado a este principio a nivel nacional e internacional, en la práctica la independencia judicial en Chile ha sido constantemente vulnerada, con la consiguiente desprotección de los derechos fundamentales. Durante los últimos años las juezas y jueces en el Estado chileno han sufrido serios hostigamientos, en especial por las mismas instituciones judiciales, cuando han determinado la responsabilidad de los agentes estatales e instituciones gubernamentales en la violación de los derechos humanos”.

En la presentación se señala que las presiones no solo vienen del Poder Legislativo o del mismo Ejecutivo, quienes emiten muchas veces juicios anticipados de las sentencias en medios abiertos, sino que se dan también en el seno del sistema mismo. Para demostrarlo, señalaron problemas en la selección de magistrados y ascensos, el sistema disciplinario chileno y los vicios en procesos judiciales emblemáticos como el llamado Caso Bombas y el de la jueza Atala, entre otros.

Además realizaron una serie de propuestas entre las que figuran la creación de un nuevo organismo público autónomo que vele por la independencia y defina políticas sobre la gestión, nombramiento, capacitación y sistema disciplinario aplicable a los jueces, un nuevo sistema  de ascenso basado en los méritos de los candidatos, así como ajustar el funcionamiento a la Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, para igualar la carrera judicial.

Por su parte, el Estado, representado por el subdirector de Derechos Humanos de la Cancillería, Patricio Contreras, manifestó su extrañeza por esta convocatoria y respondió tajantemente a la acusación.

“Contrariamente a lo sostenido por los solicitantes en Chile no existen sanciones disciplinarias, ni campañas públicas de desprestigio en contra los jueces y juezas por pronunciarse en el ejercicio de su ministerio en causas de violaciones a los derechos humanos. Los solicitantes de esta audiencia no han aportado ejemplos de casos concretos en que juezas o jueces chilenos hayan sido sancionados disciplinariamente por los supuestos hechos que motivan su denuncia, por el contrario, como lo ha sostenido el propio presidente de la Corte Suprema el Estado de Chile ha dado pasos significativos en investigación, condena y sanción de los responsables de estas violaciones”, afirmó Contreras.

Además, sostuvo que la presentación fue precaria y que ello puso a la Cancillería ante la imposibilidad de responder de forma adecuada y añadió que una de las organizaciones demandantes la Asociación Nacional de Magistrados se desvinculó de la causa.

Desde esta organización confirmaron el dato e indicaron que fue un miembro individual que sumó a la organización sin consultar al directorio, y que, debido a esto, debió presentar su renuncia. Sin embargo, en conversación con nuestra emisora, reconocieron la existencia de este problema, pero sostuvieron que su opción es dialogarlo con el actual Gobierno.