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Corte de La Haya ordena a Japón detener “caza científica” de ballenas

En un fallo histórico, la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ordenó revocar los permisos de caza de ballenas que poseía Japón, bajo el pretexto de “uso científico”. Los fines del programa "no se ajustan a las provisiones contenidas en el artículo VIII" de la Convención Internacional para la Reglamentación de la Caza de Ballena, esgrime el Tribunal.

Claudio Medrano

  Lunes 31 de marzo 2014 16:09 hrs. 
caza de ballenas

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La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya ordenó a Japón que cese la caza de ballenas en el océano Antártico, al estimar que Tokio lleva a cabo una actividad comercial haciéndola pasar por científica.

“En la concepción del programa han tenido que ver consideraciones financieras, más que criterios puramente científicos”, declaró el juez Peter Tomka durante una audiencia en el Palacio de la Paz de La Haya.

El juez incidió en “la falta de transparencia” del sistema de cuotas japonesas, que según estimó “no son razonables”, e hizo valer el reducido número de publicaciones científicas en el marco del programa de investigación japonés JARPA II.

“Japón debe revocar todos los permisos, autorizaciones y licencias concedidos en el marco de JARPA II y abstenerse de otorgar cualquier nuevo permiso en virtud de este programa”, ordenó.

Para Elsa Cabrera, directora del Centro de Conservación Cetácea de Chile, este es un fallo histórico y que demuestra lo equivocado del planteamiento japonés. “Tenga las herramientas para que la comisión ballenera internacional pueda hacer cumplir lo que son las decisiones de por ejemplo la adopción de la moratoria de 1982 y que está vigente desde 1987, así como también defender la integridad de los Santuarios, porque Japón argumentaba que ninguna de estas medidas es válida porque carecen de justificación científica y lo que ha demostrado la Corte es que lo único que carece de justificación científica para cazar ballenas, es el gobierno de Japón”, explicó la ambientalista.

Por su parte, Juan Carlos Cárdenas, director de Ecoceanos, plantea los retos que tendrá ahora la comunidad internacional luego del fallo: “Ver lo que va a suceder en la próxima reunión de la Comisión Ballenera Internacional en septiembre que será en Eslovenia, donde este organismo internacional va a tener que adoptar una posición frente a esta decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Por eso que es tan importante que el bloque de países latinoamericanos sea quien lidere la implementación de esta decisión en alianza con países como Australia, Sudáfrica, Nueva Zelandia”.

Respecto de nuestro país, Matías Asún, director de Greenpeace Chile, valora los esfuerzos que se han hecho en los últimos años en materia de preservación ballenera, con la creación de algunos santuarios, pero agregó que todavía hay materias pendientes.

“Todavía nos queda muchísimo en la declaración de Santuarios, no sólo Santuarios Balleneros, también Santuarios de Vida Marina. La legislación sobre reservas marinas y áreas marinas protegidas en el marco de la discusión sobre Biodiversidad y la legislación vigente, hoy debe tener un nuevo rumbo, necesitamos mayores recursos, necesitamos una institucionalidad que sea capaz de administrarla, necesitamos, además, modernizar a los servicios que están hoy en día a cargo de las áreas no sólo marinas, también terrestre y por lo mismo es necesario que hoy la discusión sobre Biodiversidad y áreas protegidas vuelva a la palestra pública”, indicó el ecologista.

Tokio dijo rápidamente que respetará la decisión vinculante e inapelable del órgano judicial supremo de Naciones Unidas, manifestando no obstante su “profunda decepción”.

Con su veredicto, la Corte le da la razón a Australia, que recurrió a ella en 2010 afirmando que Japón practicaba la caza ballenera con objetivos comerciales, pretextando un programa de investigación científica.

Según el gobierno australiano, Japón capturó más de 10.000 ejemplares entre 1987 y 2009. Oficialmente, Noruega e Islandia son los dos únicos países del mundo que practican la caza comercial de ballenas, gracias a una objeción contra la moratoria de 1986 de la Comisión Ballenera Internacional (CBI), que prohíbe la captura con fines comerciales.

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