El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, participó de la sesión de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja para recoger inquietudes y solicitudes de los parlamentarios sobre el actual sistema penitenciario del país.
En la instancia, a la que no llegó la ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas, pese a estar agendada su participación, se habló sobre la necesidad de generar medidas adicionales que fomenten la reinserción de los reclusos con objeto de descomprimir las cárceles.
Una de las medidas que el ministro Gómez estudia es la creación de un penal focalizado para la reclusión de primerizos en la región Metropolitana, que alcanzaría a una población de mil 200 detenidos. Además, aseguró la construcción de dos nuevos recintos en Copiapó y Talca, ambos en etapa de diseño.
Gómez señaló que están revisando la decisión del gobierno anterior de aumentar la densidad de las cárceles concesionadas, ya que generaría otros problemas al sistema penal: “Tenemos que analizar esa decisión porque se aumenta en un porcentaje que nos puede complicar el desarrollo del penal actual, pero es un camino. Mientras logramos mayores recursos para construir más metros cuadrados, para hacer divisiones entre bajo, mediano y alto compromiso, hacer una gestión penitenciaria que nos permita realmente trabajar con aquellos que se pueden reinsertar y que aquellos que no, y deben cumplir su condena completa, estén bajo medidas de seguridad pertinentes para que no se produzcan fugas”, señaló.
El jefe de la cartera también está a la espera de un estudio solicitado a Gendarmería sobre las condiciones de seguridad de las cárceles. Especial preocupación reviste la seguridad de los detenidos en Iquique, quienes no fueron puestos en un lugar seguro ante la alerta de maremoto, pese a que la cárcel está en zona de inundación.
Para el diputado DC Claudio Arriagada, la situación es crítica. Por ello indicó que Chile debe sincerar su realidad penitenciaria. Además, criticó a las concesionarias por fallas en la mantención y falta de agua en los recintos: “Los programas sociales no hablan con el sistema carcelario y se tienen que integrar” reclamó Arriagada, quien también espera se avance en resolver los problemas del Sename: “Uno mira las cifras de inversión, las medidas administrativas como las cárceles concesionadas y una serie de medidas que dan cuenta que se ha avanzado poco y que se han adecuado factores como la densificación y el aumento de camas en las cárceles para decirle a Chile que algo hemos avanzado. Pero la realidad que uno ve es que en las cárceles, sobre todo en las de menores como el caso de Puente Alto, se sigue viviendo en condiciones inhumanas”, sostuvo.
Por su parte, el diputado Felipe Kast expresó su insatisfacción con esta primera reunión, por la poca claridad sobre el presupuesto y su relación con el plan, aún disperso del ministro: “Lo que nos encendió algunas preocupaciones fue básicamente que el ministro todavía está en una etapa de diagnóstico. Habríamos esperado que, después de la campaña y el trabajo previo, hubiese existido alguna claridad sobre procesos de inversión, cuánto se va a invertir, cuánto se va a cambiar el hacinamiento en las cárceles chilenas y cuándo vamos a tener el nuevo Sename funcionando. Muchas preguntas y todavía muy pocas respuestas”, afirmó.
En la sesión también participaron abogados del Instituto de Derechos Humanos, quienes presentaron antecedentes sobre la situación crítica de los penales y la amplia brecha existente entre los estándares internacionales y la realidad chilena.
“La situación es preocupante” dijo el abogado Yerko Ljubetic, quien insistió en buscar la manera de no vulnerar los derechos de los condenados: “A nuestro juicio tiene que haber una revisión completa de los procedimientos, protocolos y reglamentos de manera que se cumpla el objetivo de que la estadía en una condición de reclusión, un ciudadano no tenga que ser objeto de ninguna otra forma de limitación a sus derechos, salvo la que impone la justicia que es la privación de su libertad”, dijo.
Por lo pronto, el ministro prepara un informe acabado de la situación actual de gendarmería que propuso ser presentado en sala. El documento incluiría un análisis de la infraestructura actual, la evolución del sistema penal, una caracterización de los condenados, evaluar rebajas de condena, los programas de rehabilitación, los niveles de reincidencia, entre otros temas sobre los que aún no hay claridad.
El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, participó de la sesión de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja para recoger inquietudes y solicitudes de los parlamentarios sobre el actual sistema penitenciario del país.
En la instancia, a la que no llegó la ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas, pese a estar agendada su participación, se habló sobre la necesidad de generar medidas adicionales que fomenten la reinserción de los reclusos con objeto de descomprimir las cárceles.
Una de las medidas que el ministro Gómez estudia es la creación de un penal focalizado para la reclusión de primerizos en la región Metropolitana, que alcanzaría a una población de mil 200 detenidos. Además, aseguró la construcción de dos nuevos recintos en Copiapó y Talca, ambos en etapa de diseño.
Gómez señaló que están revisando la decisión del gobierno anterior de aumentar la densidad de las cárceles concesionadas, ya que generaría otros problemas al sistema penal: “Tenemos que analizar esa decisión porque se aumenta en un porcentaje que nos puede complicar el desarrollo del penal actual, pero es un camino. Mientras logramos mayores recursos para construir más metros cuadrados, para hacer divisiones entre bajo, mediano y alto compromiso, hacer una gestión penitenciaria que nos permita realmente trabajar con aquellos que se pueden reinsertar y que aquellos que no, y deben cumplir su condena completa, estén bajo medidas de seguridad pertinentes para que no se produzcan fugas”, señaló.
El jefe de la cartera también está a la espera de un estudio solicitado a Gendarmería sobre las condiciones de seguridad de las cárceles. Especial preocupación reviste la seguridad de los detenidos en Iquique, quienes no fueron puestos en un lugar seguro ante la alerta de maremoto, pese a que la cárcel está en zona de inundación.
Para el diputado DC Claudio Arriagada, la situación es crítica. Por ello indicó que Chile debe sincerar su realidad penitenciaria. Además, criticó a las concesionarias por fallas en la mantención y falta de agua en los recintos: “Los programas sociales no hablan con el sistema carcelario y se tienen que integrar” reclamó Arriagada, quien también espera se avance en resolver los problemas del Sename: “Uno mira las cifras de inversión, las medidas administrativas como las cárceles concesionadas y una serie de medidas que dan cuenta que se ha avanzado poco y que se han adecuado factores como la densificación y el aumento de camas en las cárceles para decirle a Chile que algo hemos avanzado. Pero la realidad que uno ve es que en las cárceles, sobre todo en las de menores como el caso de Puente Alto, se sigue viviendo en condiciones inhumanas”, sostuvo.
Por su parte, el diputado Felipe Kast expresó su insatisfacción con esta primera reunión, por la poca claridad sobre el presupuesto y su relación con el plan, aún disperso del ministro: “Lo que nos encendió algunas preocupaciones fue básicamente que el ministro todavía está en una etapa de diagnóstico. Habríamos esperado que, después de la campaña y el trabajo previo, hubiese existido alguna claridad sobre procesos de inversión, cuánto se va a invertir, cuánto se va a cambiar el hacinamiento en las cárceles chilenas y cuándo vamos a tener el nuevo Sename funcionando. Muchas preguntas y todavía muy pocas respuestas”, afirmó.
En la sesión también participaron abogados del Instituto de Derechos Humanos, quienes presentaron antecedentes sobre la situación crítica de los penales y la amplia brecha existente entre los estándares internacionales y la realidad chilena.
“La situación es preocupante” dijo el abogado Yerko Ljubetic, quien insistió en buscar la manera de no vulnerar los derechos de los condenados: “A nuestro juicio tiene que haber una revisión completa de los procedimientos, protocolos y reglamentos de manera que se cumpla el objetivo de que la estadía en una condición de reclusión, un ciudadano no tenga que ser objeto de ninguna otra forma de limitación a sus derechos, salvo la que impone la justicia que es la privación de su libertad”, dijo.
Por lo pronto, el ministro prepara un informe acabado de la situación actual de gendarmería que propuso ser presentado en sala. El documento incluiría un análisis de la infraestructura actual, la evolución del sistema penal, una caracterización de los condenados, evaluar rebajas de condena, los programas de rehabilitación, los niveles de reincidencia, entre otros temas sobre los que aún no hay claridad.
El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, participó de la sesión de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja para recoger inquietudes y solicitudes de los parlamentarios sobre el actual sistema penitenciario del país.
En la instancia, a la que no llegó la ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas, pese a estar agendada su participación, se habló sobre la necesidad de generar medidas adicionales que fomenten la reinserción de los reclusos con objeto de descomprimir las cárceles.
Una de las medidas que el ministro Gómez estudia es la creación de un penal focalizado para la reclusión de primerizos en la región Metropolitana, que alcanzaría a una población de mil 200 detenidos. Además, aseguró la construcción de dos nuevos recintos en Copiapó y Talca, ambos en etapa de diseño.
Gómez señaló que están revisando la decisión del gobierno anterior de aumentar la densidad de las cárceles concesionadas, ya que generaría otros problemas al sistema penal: “Tenemos que analizar esa decisión porque se aumenta en un porcentaje que nos puede complicar el desarrollo del penal actual, pero es un camino. Mientras logramos mayores recursos para construir más metros cuadrados, para hacer divisiones entre bajo, mediano y alto compromiso, hacer una gestión penitenciaria que nos permita realmente trabajar con aquellos que se pueden reinsertar y que aquellos que no, y deben cumplir su condena completa, estén bajo medidas de seguridad pertinentes para que no se produzcan fugas”, señaló.
El jefe de la cartera también está a la espera de un estudio solicitado a Gendarmería sobre las condiciones de seguridad de las cárceles. Especial preocupación reviste la seguridad de los detenidos en Iquique, quienes no fueron puestos en un lugar seguro ante la alerta de maremoto, pese a que la cárcel está en zona de inundación.
Para el diputado DC Claudio Arriagada, la situación es crítica. Por ello indicó que Chile debe sincerar su realidad penitenciaria. Además, criticó a las concesionarias por fallas en la mantención y falta de agua en los recintos: “Los programas sociales no hablan con el sistema carcelario y se tienen que integrar” reclamó Arriagada, quien también espera se avance en resolver los problemas del Sename: “Uno mira las cifras de inversión, las medidas administrativas como las cárceles concesionadas y una serie de medidas que dan cuenta que se ha avanzado poco y que se han adecuado factores como la densificación y el aumento de camas en las cárceles para decirle a Chile que algo hemos avanzado. Pero la realidad que uno ve es que en las cárceles, sobre todo en las de menores como el caso de Puente Alto, se sigue viviendo en condiciones inhumanas”, sostuvo.
Por su parte, el diputado Felipe Kast expresó su insatisfacción con esta primera reunión, por la poca claridad sobre el presupuesto y su relación con el plan, aún disperso del ministro: “Lo que nos encendió algunas preocupaciones fue básicamente que el ministro todavía está en una etapa de diagnóstico. Habríamos esperado que, después de la campaña y el trabajo previo, hubiese existido alguna claridad sobre procesos de inversión, cuánto se va a invertir, cuánto se va a cambiar el hacinamiento en las cárceles chilenas y cuándo vamos a tener el nuevo Sename funcionando. Muchas preguntas y todavía muy pocas respuestas”, afirmó.
En la sesión también participaron abogados del Instituto de Derechos Humanos, quienes presentaron antecedentes sobre la situación crítica de los penales y la amplia brecha existente entre los estándares internacionales y la realidad chilena.
“La situación es preocupante” dijo el abogado Yerko Ljubetic, quien insistió en buscar la manera de no vulnerar los derechos de los condenados: “A nuestro juicio tiene que haber una revisión completa de los procedimientos, protocolos y reglamentos de manera que se cumpla el objetivo de que la estadía en una condición de reclusión, un ciudadano no tenga que ser objeto de ninguna otra forma de limitación a sus derechos, salvo la que impone la justicia que es la privación de su libertad”, dijo.
Por lo pronto, el ministro prepara un informe acabado de la situación actual de gendarmería que propuso ser presentado en sala. El documento incluiría un análisis de la infraestructura actual, la evolución del sistema penal, una caracterización de los condenados, evaluar rebajas de condena, los programas de rehabilitación, los niveles de reincidencia, entre otros temas sobre los que aún no hay claridad.
