Con el ministerio del Interior como querellante se inició el juicio oral por el caso “toma del ex Congreso”, donde un grupo de estudiantes y líderes sociales irrumpieron en una sesión para exigir cambios en la Constitución (2011).
La acción iniciada por el entonces ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, busca condenar por el delito de desacato y atentado contra la autoridad al ecologista Luis Mariano Rendón y el sicólogo Osvaldo Tello, para quienes pide 200 días de prisión en su grado mínimo y a siete jóvenes involucrados, quienes arriesgan una pena de 120 horas de trabajo comunitario.
Rendón criticó la postura del ministerio del Interior hacia una acción de protesta no violenta. Asimismo afirmó que se están gastando millones de pesos en una investigación a la que catalogó como “ridícula”: “Pero el Gobierno de la Presidenta Bachelet tomó la decisión de continuar esta persecución y nosotros enfrentamos esta batalla judicial, dispuestos a derrotar al señor Peñailillo, como en su momento estuvimos dispuestos a derrotar al señor Hinzpeter”, aseguró.
Por su parte, la Defensora Penal Pública Juvenil, Carla Saavedra, defiende que las circunstancias por las que fueron demandados los jóvenes, no satisfacen los elementos del tipo penal por los que han sido requeridos por el Ministerio Público: “En crimen de adolescente están los trabajos comunitarios y el ministerio público solicitó esa naturaleza de sanción en el máximo. El mínimo de estos trabajos comunitarios son treinta horas, sin embargo la mayoría de estos adolescentes no tienen antecedentes penales y, en consecuencia, la sanción claramente podría ser incluso menor que esa”, dijo.
Rodrigo Román, abogado de dos de los implicados, señaló que “el Ministerio Público ha sido instrumentalizado últimamente por el poder político y se ha puesto a la cola de la marea criminalizadora de la protesta”, cuestionando los procesos de la Alianza, y ahora la Nueva Mayoría.
Recordemos que días previos al juicio, los demandados enviaron una carta a la presidenta Michelle Bachelet, solicitándole desistir de la querella.
Otro de los cincuenta participantes de la toma fue José Osorio, vocero de vecinos por la defensa del Barrio Yungay y de Democracia para Chile, quien insiste que Interior no siga con el caso: “Si hay un espíritu y una propuesta programática en que necesitamos un cambio de Constitución, si fuera esta una acción de ocupación pacífica y ciudadana, reclamando el cambio y la transformación de una Constitución que fue hecha durante la dictadura, sin ningún mecanismo democrático, creemos que es coherente de que este juicio no siga adelante”, sostuvo.
En el proceso, Orlando Poblete, quien fuera asesor de Augusto Pinochet entre los años 79 y 87 y su Ministro Secretario General de Gobierno entre los años 87 y 88, declaró como testigo en el juicio que se lleva adelante en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
Con el ministerio del Interior como querellante se inició el juicio oral por el caso “toma del ex Congreso”, donde un grupo de estudiantes y líderes sociales irrumpieron en una sesión para exigir cambios en la Constitución (2011).
La acción iniciada por el entonces ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, busca condenar por el delito de desacato y atentado contra la autoridad al ecologista Luis Mariano Rendón y el sicólogo Osvaldo Tello, para quienes pide 200 días de prisión en su grado mínimo y a siete jóvenes involucrados, quienes arriesgan una pena de 120 horas de trabajo comunitario.
Rendón criticó la postura del ministerio del Interior hacia una acción de protesta no violenta. Asimismo afirmó que se están gastando millones de pesos en una investigación a la que catalogó como “ridícula”: “Pero el Gobierno de la Presidenta Bachelet tomó la decisión de continuar esta persecución y nosotros enfrentamos esta batalla judicial, dispuestos a derrotar al señor Peñailillo, como en su momento estuvimos dispuestos a derrotar al señor Hinzpeter”, aseguró.
Por su parte, la Defensora Penal Pública Juvenil, Carla Saavedra, defiende que las circunstancias por las que fueron demandados los jóvenes, no satisfacen los elementos del tipo penal por los que han sido requeridos por el Ministerio Público: “En crimen de adolescente están los trabajos comunitarios y el ministerio público solicitó esa naturaleza de sanción en el máximo. El mínimo de estos trabajos comunitarios son treinta horas, sin embargo la mayoría de estos adolescentes no tienen antecedentes penales y, en consecuencia, la sanción claramente podría ser incluso menor que esa”, dijo.
Rodrigo Román, abogado de dos de los implicados, señaló que “el Ministerio Público ha sido instrumentalizado últimamente por el poder político y se ha puesto a la cola de la marea criminalizadora de la protesta”, cuestionando los procesos de la Alianza, y ahora la Nueva Mayoría.
Recordemos que días previos al juicio, los demandados enviaron una carta a la presidenta Michelle Bachelet, solicitándole desistir de la querella.
Otro de los cincuenta participantes de la toma fue José Osorio, vocero de vecinos por la defensa del Barrio Yungay y de Democracia para Chile, quien insiste que Interior no siga con el caso: “Si hay un espíritu y una propuesta programática en que necesitamos un cambio de Constitución, si fuera esta una acción de ocupación pacífica y ciudadana, reclamando el cambio y la transformación de una Constitución que fue hecha durante la dictadura, sin ningún mecanismo democrático, creemos que es coherente de que este juicio no siga adelante”, sostuvo.
En el proceso, Orlando Poblete, quien fuera asesor de Augusto Pinochet entre los años 79 y 87 y su Ministro Secretario General de Gobierno entre los años 87 y 88, declaró como testigo en el juicio que se lleva adelante en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
Con el ministerio del Interior como querellante se inició el juicio oral por el caso “toma del ex Congreso”, donde un grupo de estudiantes y líderes sociales irrumpieron en una sesión para exigir cambios en la Constitución (2011).
La acción iniciada por el entonces ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, busca condenar por el delito de desacato y atentado contra la autoridad al ecologista Luis Mariano Rendón y el sicólogo Osvaldo Tello, para quienes pide 200 días de prisión en su grado mínimo y a siete jóvenes involucrados, quienes arriesgan una pena de 120 horas de trabajo comunitario.
Rendón criticó la postura del ministerio del Interior hacia una acción de protesta no violenta. Asimismo afirmó que se están gastando millones de pesos en una investigación a la que catalogó como “ridícula”: “Pero el Gobierno de la Presidenta Bachelet tomó la decisión de continuar esta persecución y nosotros enfrentamos esta batalla judicial, dispuestos a derrotar al señor Peñailillo, como en su momento estuvimos dispuestos a derrotar al señor Hinzpeter”, aseguró.
Por su parte, la Defensora Penal Pública Juvenil, Carla Saavedra, defiende que las circunstancias por las que fueron demandados los jóvenes, no satisfacen los elementos del tipo penal por los que han sido requeridos por el Ministerio Público: “En crimen de adolescente están los trabajos comunitarios y el ministerio público solicitó esa naturaleza de sanción en el máximo. El mínimo de estos trabajos comunitarios son treinta horas, sin embargo la mayoría de estos adolescentes no tienen antecedentes penales y, en consecuencia, la sanción claramente podría ser incluso menor que esa”, dijo.
Rodrigo Román, abogado de dos de los implicados, señaló que “el Ministerio Público ha sido instrumentalizado últimamente por el poder político y se ha puesto a la cola de la marea criminalizadora de la protesta”, cuestionando los procesos de la Alianza, y ahora la Nueva Mayoría.
Recordemos que días previos al juicio, los demandados enviaron una carta a la presidenta Michelle Bachelet, solicitándole desistir de la querella.
Otro de los cincuenta participantes de la toma fue José Osorio, vocero de vecinos por la defensa del Barrio Yungay y de Democracia para Chile, quien insiste que Interior no siga con el caso: “Si hay un espíritu y una propuesta programática en que necesitamos un cambio de Constitución, si fuera esta una acción de ocupación pacífica y ciudadana, reclamando el cambio y la transformación de una Constitución que fue hecha durante la dictadura, sin ningún mecanismo democrático, creemos que es coherente de que este juicio no siga adelante”, sostuvo.
En el proceso, Orlando Poblete, quien fuera asesor de Augusto Pinochet entre los años 79 y 87 y su Ministro Secretario General de Gobierno entre los años 87 y 88, declaró como testigo en el juicio que se lleva adelante en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
