Mientras la justicia investiga a los responsables del millonario robo de concentrado de cobre, monto que ascendería a unos 45 mil millones de pesos, parlamentarios de la zona solicitaron formalmente en el Congreso una comisión especial investigadora que establezca las responsabilidades políticas en este caso.
Como ha sido establecido preliminarmente, desde 2011 en adelante, el material que salía desde minera La Escondida, fue reemplazado por uno de menor calidad, adulterando el contenido de los camiones que se trasladaban a Tal Tal y luego a la Fundición de Potrerillos.
La entrega de un material que no era el comprometido pasaba por diversos controles, algunos de ellos externalizados por Codelco a la empresa contratista Ingecom. Debido a las irregularidades, la empresa estatal puso término al contrato este 31 de marzo, dejando cesantes a 70 trabajadores.
Al respecto, el diputado Lautaro Carmona (PC) reclamó que los ejecutivos de Codelco tienen responsabilidades indelegables sobre el proceso de control y calidad.
“Para llegar a este fraude había que pasar garitas que tienen un protocolo de control, y gente que hace muestras de la calidad del cobre que se está entregando y luego recién llegar a la fundición”, apuntó Carmona, para profundizar sobre la alteración de las cargas que eran entregadas en una ley 20 veces menor que la original.
Por su parte, la diputada Daniella Cicardini (PS) señaló que hay que analizar la participación de todos los administrativos, incluido el presidente ejecutivo de la Corporación Nacional del Cobre: “Desde Tomás Keller hacia abajo yo creo que tienen que hacerse responsables de los sistemas de control que han sido vulnerados. Hoy día están pasando por momentos muy complicados, porque no es tan solo el robo concentrado de cobre, que suma alrededor de 45 mil millones de pesos, sino que también ahora nos hemos enterado, en las últimas semanas, de un robo de petróleo, que no son valores mínimos”, advirtió.
Los parlamentarios también señalaron posibles irregularidades por parte de la Empresa Nacional de Minería (Enami), que habría comprado el producto haciéndolo pasar por uno de baja ley.
El presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, Raimundo Espinoza señaló que “los trabajadores poco tienen que ver en esto”, ya que la irregularidad era cometida antes de llegar a la división.
El dirigente sindical pidió transparencia en el proceso y señaló que hay que esperar las auditorías, para ver las responsabilidades de cada uno sobre el control y el proceso establecido en los contratos. Al respecto dijo que los controles que hay están en manos de terceros, “aquí hay una polución que no es menor, producto de lo mismo que ha salido en la prensa”. Por eso destacó la importancia de investigar y buscar a los responsables y “Codelco tendrá que tomar las medidas por los temas administrativos de la empresa y los tribunales tendrán que sancionar a los que están cometiendo algún grado de irregularidad respecto a esto”, sostuvo.
Ana Lama, dirigenta nacional de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) y representante de la organización en la División Salvador, valoró la iniciativa de los parlamentarios y enfatizó que “los grandes responsables de todo es la administración de Codelco”. Además, reclamó que “se cortó por el hilo más fino” dejando cesantes a trabajadores cuyas familias viven en la comuna de Diego de Almagro. La dirigenta cuestionó sobre quiénes se responsabilizan respecto al impacto social. “Aquí hay responsabilidades, pero el costo lo estamos pagando nosotros”, dijo.
Cicardini y Carmona cuentan con las firmas necesarias para presentar la comisión que deberá ser votada en los próximos días y cuyo plazo de investigación será de tres meses, para develar si existe un eventual caso de fraude.
Mientras la justicia investiga a los responsables del millonario robo de concentrado de cobre, monto que ascendería a unos 45 mil millones de pesos, parlamentarios de la zona solicitaron formalmente en el Congreso una comisión especial investigadora que establezca las responsabilidades políticas en este caso.
Como ha sido establecido preliminarmente, desde 2011 en adelante, el material que salía desde minera La Escondida, fue reemplazado por uno de menor calidad, adulterando el contenido de los camiones que se trasladaban a Tal Tal y luego a la Fundición de Potrerillos.
La entrega de un material que no era el comprometido pasaba por diversos controles, algunos de ellos externalizados por Codelco a la empresa contratista Ingecom. Debido a las irregularidades, la empresa estatal puso término al contrato este 31 de marzo, dejando cesantes a 70 trabajadores.
Al respecto, el diputado Lautaro Carmona (PC) reclamó que los ejecutivos de Codelco tienen responsabilidades indelegables sobre el proceso de control y calidad.
“Para llegar a este fraude había que pasar garitas que tienen un protocolo de control, y gente que hace muestras de la calidad del cobre que se está entregando y luego recién llegar a la fundición”, apuntó Carmona, para profundizar sobre la alteración de las cargas que eran entregadas en una ley 20 veces menor que la original.
Por su parte, la diputada Daniella Cicardini (PS) señaló que hay que analizar la participación de todos los administrativos, incluido el presidente ejecutivo de la Corporación Nacional del Cobre: “Desde Tomás Keller hacia abajo yo creo que tienen que hacerse responsables de los sistemas de control que han sido vulnerados. Hoy día están pasando por momentos muy complicados, porque no es tan solo el robo concentrado de cobre, que suma alrededor de 45 mil millones de pesos, sino que también ahora nos hemos enterado, en las últimas semanas, de un robo de petróleo, que no son valores mínimos”, advirtió.
Los parlamentarios también señalaron posibles irregularidades por parte de la Empresa Nacional de Minería (Enami), que habría comprado el producto haciéndolo pasar por uno de baja ley.
El presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, Raimundo Espinoza señaló que “los trabajadores poco tienen que ver en esto”, ya que la irregularidad era cometida antes de llegar a la división.
El dirigente sindical pidió transparencia en el proceso y señaló que hay que esperar las auditorías, para ver las responsabilidades de cada uno sobre el control y el proceso establecido en los contratos. Al respecto dijo que los controles que hay están en manos de terceros, “aquí hay una polución que no es menor, producto de lo mismo que ha salido en la prensa”. Por eso destacó la importancia de investigar y buscar a los responsables y “Codelco tendrá que tomar las medidas por los temas administrativos de la empresa y los tribunales tendrán que sancionar a los que están cometiendo algún grado de irregularidad respecto a esto”, sostuvo.
Ana Lama, dirigenta nacional de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) y representante de la organización en la División Salvador, valoró la iniciativa de los parlamentarios y enfatizó que “los grandes responsables de todo es la administración de Codelco”. Además, reclamó que “se cortó por el hilo más fino” dejando cesantes a trabajadores cuyas familias viven en la comuna de Diego de Almagro. La dirigenta cuestionó sobre quiénes se responsabilizan respecto al impacto social. “Aquí hay responsabilidades, pero el costo lo estamos pagando nosotros”, dijo.
Cicardini y Carmona cuentan con las firmas necesarias para presentar la comisión que deberá ser votada en los próximos días y cuyo plazo de investigación será de tres meses, para develar si existe un eventual caso de fraude.
Mientras la justicia investiga a los responsables del millonario robo de concentrado de cobre, monto que ascendería a unos 45 mil millones de pesos, parlamentarios de la zona solicitaron formalmente en el Congreso una comisión especial investigadora que establezca las responsabilidades políticas en este caso.
Como ha sido establecido preliminarmente, desde 2011 en adelante, el material que salía desde minera La Escondida, fue reemplazado por uno de menor calidad, adulterando el contenido de los camiones que se trasladaban a Tal Tal y luego a la Fundición de Potrerillos.
La entrega de un material que no era el comprometido pasaba por diversos controles, algunos de ellos externalizados por Codelco a la empresa contratista Ingecom. Debido a las irregularidades, la empresa estatal puso término al contrato este 31 de marzo, dejando cesantes a 70 trabajadores.
Al respecto, el diputado Lautaro Carmona (PC) reclamó que los ejecutivos de Codelco tienen responsabilidades indelegables sobre el proceso de control y calidad.
“Para llegar a este fraude había que pasar garitas que tienen un protocolo de control, y gente que hace muestras de la calidad del cobre que se está entregando y luego recién llegar a la fundición”, apuntó Carmona, para profundizar sobre la alteración de las cargas que eran entregadas en una ley 20 veces menor que la original.
Por su parte, la diputada Daniella Cicardini (PS) señaló que hay que analizar la participación de todos los administrativos, incluido el presidente ejecutivo de la Corporación Nacional del Cobre: “Desde Tomás Keller hacia abajo yo creo que tienen que hacerse responsables de los sistemas de control que han sido vulnerados. Hoy día están pasando por momentos muy complicados, porque no es tan solo el robo concentrado de cobre, que suma alrededor de 45 mil millones de pesos, sino que también ahora nos hemos enterado, en las últimas semanas, de un robo de petróleo, que no son valores mínimos”, advirtió.
Los parlamentarios también señalaron posibles irregularidades por parte de la Empresa Nacional de Minería (Enami), que habría comprado el producto haciéndolo pasar por uno de baja ley.
El presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, Raimundo Espinoza señaló que “los trabajadores poco tienen que ver en esto”, ya que la irregularidad era cometida antes de llegar a la división.
El dirigente sindical pidió transparencia en el proceso y señaló que hay que esperar las auditorías, para ver las responsabilidades de cada uno sobre el control y el proceso establecido en los contratos. Al respecto dijo que los controles que hay están en manos de terceros, “aquí hay una polución que no es menor, producto de lo mismo que ha salido en la prensa”. Por eso destacó la importancia de investigar y buscar a los responsables y “Codelco tendrá que tomar las medidas por los temas administrativos de la empresa y los tribunales tendrán que sancionar a los que están cometiendo algún grado de irregularidad respecto a esto”, sostuvo.
Ana Lama, dirigenta nacional de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) y representante de la organización en la División Salvador, valoró la iniciativa de los parlamentarios y enfatizó que “los grandes responsables de todo es la administración de Codelco”. Además, reclamó que “se cortó por el hilo más fino” dejando cesantes a trabajadores cuyas familias viven en la comuna de Diego de Almagro. La dirigenta cuestionó sobre quiénes se responsabilizan respecto al impacto social. “Aquí hay responsabilidades, pero el costo lo estamos pagando nosotros”, dijo.
Cicardini y Carmona cuentan con las firmas necesarias para presentar la comisión que deberá ser votada en los próximos días y cuyo plazo de investigación será de tres meses, para develar si existe un eventual caso de fraude.
