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Año XII, 19 de septiembre de 2020

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Medidas apuntan a zonas aisladas, especulación de precios y reconstrucción

Con el objetivo de constatar daños en terreno y a petición de los propios damnificados, diversas autoridades se han desplegado en las zonas afectadas por el terremoto. Además de la visita de Michelle Bachelet a Camarones, se suma el anuncio del Gobierno de castigar a quienes especulen con los precios de productos de primera necesidad.

Fernando Seymour

  Jueves 3 de abril 2014 19:59 hrs. 





El último balance de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) informa que luego del segundo terremoto de 7,6 grados del miércoles, que afectó a la zona norte del país, fueron evacuadas más de 270 mil personas a nivel nacional.

El detalle arroja la existencia de seis albergues en Arica, tres en la comuna de Camarones y ocho en la región de Tarapacá, mientras que en la comuna de Alto Hospicio una primera evaluación apunta a dos mil casas dañadas, donde el 60 por ciento son viviendas sociales.

Hasta Camarones, en la Región de Arica y Parinacota, se trasladó este jueves la Presidenta Michelle Bachelet, con el objetivo de visitar una de las zonas aisladas.

Junto con enviar un mensaje a las regiones afectadas y felicitar a la población por su reacción en la evacuación, la Mandataria evaluó en terreno los principales problemas y necesidades de los lugares visitados.

“En muchos lugares, y es uno de los principales problemas que me han planteado, es la pérdida de muchos canales de regadío por enormes cantidades de rocas, por lo que llegará el ministro de Agricultura para visitar la zona junto al seremi. Hay un tema de riego que es urgente, puesto que le gente podría perder todos sus cultivos”, explicó la Presidenta.

Además, destacó que “lo segundo, obviamente, es un impacto en las casas, pues varias se han desplomado. El trabajo que se está haciendo es buscar lugares para proteger a la gente mientras se trabaja en tareas de mediano y largo plazo”.

En cuanto a Alto Hospicio, a doce kilómetros de Iquique, su alcalde, Ramón Galleguillos, ha insistido en llamar a las autoridades a agilizar el envío de ayuda para los damnificados, quienes si bien disponen de un albergue, igualmente han denunciado el desabastecimiento y el excesivo incremento en los precios de los productos básicos, como harina y agua.

Sobre aquellas conductas de especulaciones el vocero de Gobierno, Álvaro Elizalde, solicitó a quienes se sientan afectados que denuncien y recurran a las autoridades.

“Ante las numerosas denuncias que hemos recibido en las últimas horas de conductas de especulación y acaparamiento de alimentos básicos y artículos de primera necesidad el Gobierno desea expresar que se hará cumplir la ley para proteger a los ciudadanos que han sido afectados por esta catástrofe y sancionar estas conductas de manera clara y nítida. Y por eso se ha instruido a Carabineros de Chile para realizar la fiscalización de estas conductas y será el Ministerio Público el que llevará adelante la investigación correspondiente”, manifestó.

Por su parte, el fiscal regional de Tarapacá, Manuel Guerra, aseguró que la instrucción que tiene la policía es que ante este tipo de situaciones corresponde la detención de los comerciantes, mientras que el fiscal de turno debe pasar a los detenidos a audiencia de control de detención.

Según el fiscal, “si hubiesen establecimientos comerciales que estén vendiendo los productos básicos a precios fraudulentos, derechamente alzas de precios desmedidas a propósito de la catástrofe decretada en esta región, los vecinos afectados tienen el derecho a hacer la denuncia ante Carabineros o la PDI por un delito que está establecido en el artículo 285 en complemento con el artículo 286 del Código Penal”.

En cuanto a los problemas que afectan a los pescadores artesanales de Iquique, particularmente de la Caleta Riquelme en el Muelle Prat, quienes sufrieron la destrucción de 40 embarcaciones por las olas que se produjeron luego del terremoto, el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, se reunió con sus dirigentes para evaluar los daños.

“Hemos venido a Caleta Riquelme y nos hemos reunido con los pescadores. Nuestra primera tarea es tener claras las pérdidas, en términos de embarcaciones y material de trabajo, para comenzar a trabajar en las soluciones que permitan que los pescadores vuelvan al mar, vuelvan a trabajar, vuelvan a generar sus fuentes de ingresos. En eso hemos comprometido el trabajo del Gobierno con los pescadores”, expresó el ministro.

Anuncian medidas de protección a la infancia

Por otra parte, el Consejo Nacional de la Infancia y Adolescencia presentó la información oficial sobre las consecuencias que se han generado en las instituciones ligadas a este ámbito.

Respecto del Sename, de las 869 residenciales entre Arica y Coquimbo 81 niños y niñas fueron evacuados a las Aldeas SOS. En cuanto a la Junji, 159 jardines infantiles y salas cuna de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta se encuentran cerrados, asegurando que la entrega de alimentación no se ha interrumpido. Mientras que la Fundación Integra informó que de los mil 46 jardines y salas cunas a nivel nacional, 67 se mantienen sin funcionamiento en las regiones afectadas por el terremoto.

La secretaria ejecutiva del Consejo, Estela Ortiz, junto con descartar las versiones que hablan de niños extraviados, se refirió a los procedimientos que ya se están implementando en el norte del país.

“Vamos a trabajar con materiales que signifique entregarle herramientas a las educadoras de párvulos, a las técnicas, a la gente que trabaja en los hogares del Sename y a toda la institucionalidad que recibe a los niños y niñas cuando vuelvan a su vida normal. Y a la vez materiales para trabajar directamente con los niños y evitar que los sustos y traumas que puedan tener en este momento pasen lo más rápidamente posible”, detalló.

Cabe destacar que desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) hicieron un llamado a denunciar a las empresas que cometan abusos e incurran en ilegalidades, a propósito de acusaciones que se han registrado en Iquique, Talcahuano y Chiloé contra empresas que no permitieron a sus trabajadores trasladarse hacia zonas de seguridad, como también contra aquellas que realicen despidos aduciendo fuerzas mayores como consecuencia del terremoto.