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Año XII, 15 de agosto de 2020

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Comisión Investigadora

Diputados rechazan informe de Pascua Lama y exigen revocar su autorización

Este martes la Sala de la Cámara de Diputados rechazó el informe de la Comisión Investigadora sobre el proyecto Pascua Lama, ya que no incluía en sus conclusiones la solicitud de revocación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que lo autoriza. La iniciativa dio pie a un debate sobre las falencias de la institucionalidad ambiental y la respuesta del ministro del Medioambiente sobre su funcionamiento.

Paula Correa

  Martes 8 de abril 2014 18:54 hrs. 





El 8 de mayo del 2013 la Cámara de Diputados aprobó la solicitud de iniciar una Comisión Investigadora sobre este polémico proyecto, la que se constituyó en junio fijando un plazo de 60 días para entregar sus conclusiones. Desde entonces una serie de prórrogas y ajustes dieron como resultado que recién este martes la Sala resolviera rechazar el documento.

Esto porque el documento no incorporaba la revocación definitiva de los permisos de la canadiense Barrick Gold, pese a los daños que la iniciativa genera al medioambiente y a la población del Valle del Huasco. Así lo señaló el diputado independiente, Roberto Poblete, quien abrió el debate apuntando al profundo impacto de Pascua Lama.

“Este proyecto que es de una escala mayor implica acceder a una mina situada bajo dos glaciares milenarios para luego extraer el oro allí situado. Lo anterior sin contar las externalidades que el proceso de extracción trae consigo, como el daño a las comunidades que habitan el Valle del Huasco, y por cierto el daño irreparable que se produce a los glaciares, como al valle mismo. Creemos sencillamente que algo así no puede ocurrir en Chile y menos en un gobierno que se ha comprometido a elevar los estándares de cuidado del medioambiente”, enfatizó Poblete.

El parlamentario recordó los incumplimientos reiterados que la empresa ha cometido a la legislación chilena ambiental, administrativa, civil y minera, y que, pese a las multas, la firma ha optado por seguir operando, reconociendo incluso las sanciones de la Superintendencia del Medioambiente y la paralización dictada por tribunales.

La mayoría de los diputados presentes coincidieron con que este mega proyecto de extracción ha dejado en evidencia las fallas de la actual institucionalidad medioambiental, y criticaron el sistema de evaluación y aprobación de las iniciativas, la falta de participación ciudadana, la figura de la compensación, entre otros temas. En esa línea, la también diputada independiente, Marcela Hernando, recordó que las leyes las aprobó el mismo Parlamento y que éste no tiene atribuciones para revocar una Resolución de Calificación Ambiental.

“Este proyecto se desarrolló con bases que esta Cámara entregó a través de una ley en donde estableció las competencias de la Superintendencia y de los Tribunales Medioambientales. Por ello no puede ahora entrometerse en sus funciones, ni en sus fallos. Quiero además, recordar que este es un proyecto enmarcado en el Tratado sobre integración y Complementación Minera entre Chile y Argentina y no me parece prudente que este Poder del Estado tensione dicho protocolo de acuerdo entre países”, indicó la parlamentaria.

A la discusión asistió como oyente el mismo ministro del ramo, Pablo Badenier, quien fue directamente interpelado por el presidente de la Comisión de Medioambiente de la Cámara, el socialista, Daniel Melo, quien instó a la autoridad a aclarar el rol del Gobierno en la revocación definitiva. Por su parte, el secretario de Estado, afirmó que la actual regulación no es la misma que hace tres años.

“La diferencia de otras discusiones, de otros proyectos controvertidos, hoy el proyecto Pascua Lama se encuentra paralizado por orden de la Superintendencia del Medioambiente. También en otras discusiones se hacía presente de multas relativamente menores e irrisorias que tenía la institucionalidad ambiental, donde las multas máximas que se podían aplicar eran del orden de 500 UTM. Hoy estamos frente a un proyecto de sanciones, de multas del orden de 16 mil Unidades Tributarias Anuales”, señaló el ministro.

Luego de esto el informe se rechazó por 64 sobre 42 votos, lo que dejó conforme a las comunidades del Valle del Huasco que estuvieron atentas al desarrollo de este acuerdo. Con esto la investigación que se realiza desde junio del 2013 queda anulada y no opera como una vía de validación de la permanencia de la empresa en la zona.