Se sabía con antelación los dos principales puntos de la Cuenta Pública del Defensor Penal Público, Georgy Schubert, quien tiene discrepancias con algunos contenidos de la ley sobre penas sustitutivas. Pero además de esto, Schubert se refirió a la excesiva aplicación de medidas cautelares y prisión preventiva, que según un estudio que la DPP encargó a la Fundación Paz Ciudadana, aumentaron significativamente.
“Yo creo que las cifras muestran que en Chile no existe un excesivo garantismo contrario a lo que se ha planteado una y otra vez, las cifras dan cuenta de que somos extremadamente duros en aplicar la prisión preventiva, en declarar legales las detenciones, en las personas que en definitiva encarcelamos, por lo tanto, lo que tiene que ver el sistema es tener un justo equilibrio y las políticas de persecución y de combate al delito, que están muy bien, no se pueden hacer a costa de los derechos de garantía de las personas que son llevadas a un juicio”, explicó el Defensor.
El funcionario de la Justicia profundizó además en la carga extra que significará la ley sobre penas sustitutivas. Ante esto llamó a evaluar siempre el impacto en los intervinientes que significan las reformas.
“Sin duda hay que analizar cuánto más trabajo implica para la institución y si es necesario inyectar más recursos, si esto sabemos va a generar más audiencias y sólo tiene recursos Gendarmería, obviamente que hay un déficit en lo que se refiere a los demás actores, particularmente jueces y defensores, porque hasta ahora serían los que intervendrían en la ejecución de esta ley. Nosotros vamos a dar a conocer a la Justicia este estudio que recibimos la semana pasada que da cuenta que deberían aumentar aproximadamente entre 100 mil y 150 milo audiencias adicionales al año”, señaló Schubert.
Sobre el desempeño de la institución, Georgy Schubert, relevó las mejoras a los funcionarios y la profesionalización de los equipos de trabajo, pero además destacó que las revisiones de la reforma a la reforma procesal penal no han llegado a la Ley Orgánica de la DPP.
Aseguró que el organismo requiere contar con mayor autonomía institucional, e incluir a los defensores en el sistema interamericano de DD.HH.
Sobre el funcionamiento de la defensa, Schubert, explicó las necesidades especiales con que cuentan ciertos grupos de la sociedad para la atención de la institución, como son las clases más bajas y los pueblos originarios.
“Cuando se trata de personas que tienen más dificultades en acceso a la Justicia por distintas variables: Dado su origen étnico, por estar apartado en zonas geográficas rurales, por niveles de pobreza. Por esos factores nosotros tenemos que hacer un esfuerzo adicional. Lo que hemos estado haciendo en materia adolescente de pueblos originarios, en materia de mujeres, en materia de personas encarceladas es hacer un esfuerzo adicional para acercar la Justicia a ellos, nosotros dando más recursos y también capacitando y entendiendo cuál es el problema especial que ellos tienen”, detalló el Defensor Penal Público.
Al concluir su exposición en el Centro Cultural Palacio de La Moneda (CCPLM), que contó con la presencia del ministro de Justicia, José Antonio Gómez y el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, Georgy Schubert reivindicó la labor de la Defensoría.
“Defendemos a personas que han cometido delitos, como también a inocentes que han sido acusados y que sólo nos tienen a nosotros de su parte, pero no sólo eso, cuando en una audiencia nos oponemos a la fiscalía, discutimos la resolución del juez, cuestionamos la actuación policial o reclamamos por las condiciones carcelarias, afirmamos que si los imputados de delitos tienen dignidad y garantía, entonces es cierto que todas las personas las tienen”, aseveró Schubert.
Durante el 2013, la DPP atendió a más de 434 mil personas, los delitos más frecuentes siguen siendo las lesiones y del total de imputados casi 42 mil obtuvieron como forma de término la absolución o el sobreseimiento definitivo.
Se sabía con antelación los dos principales puntos de la Cuenta Pública del Defensor Penal Público, Georgy Schubert, quien tiene discrepancias con algunos contenidos de la ley sobre penas sustitutivas. Pero además de esto, Schubert se refirió a la excesiva aplicación de medidas cautelares y prisión preventiva, que según un estudio que la DPP encargó a la Fundación Paz Ciudadana, aumentaron significativamente.
“Yo creo que las cifras muestran que en Chile no existe un excesivo garantismo contrario a lo que se ha planteado una y otra vez, las cifras dan cuenta de que somos extremadamente duros en aplicar la prisión preventiva, en declarar legales las detenciones, en las personas que en definitiva encarcelamos, por lo tanto, lo que tiene que ver el sistema es tener un justo equilibrio y las políticas de persecución y de combate al delito, que están muy bien, no se pueden hacer a costa de los derechos de garantía de las personas que son llevadas a un juicio”, explicó el Defensor.
El funcionario de la Justicia profundizó además en la carga extra que significará la ley sobre penas sustitutivas. Ante esto llamó a evaluar siempre el impacto en los intervinientes que significan las reformas.
“Sin duda hay que analizar cuánto más trabajo implica para la institución y si es necesario inyectar más recursos, si esto sabemos va a generar más audiencias y sólo tiene recursos Gendarmería, obviamente que hay un déficit en lo que se refiere a los demás actores, particularmente jueces y defensores, porque hasta ahora serían los que intervendrían en la ejecución de esta ley. Nosotros vamos a dar a conocer a la Justicia este estudio que recibimos la semana pasada que da cuenta que deberían aumentar aproximadamente entre 100 mil y 150 milo audiencias adicionales al año”, señaló Schubert.
Sobre el desempeño de la institución, Georgy Schubert, relevó las mejoras a los funcionarios y la profesionalización de los equipos de trabajo, pero además destacó que las revisiones de la reforma a la reforma procesal penal no han llegado a la Ley Orgánica de la DPP.
Aseguró que el organismo requiere contar con mayor autonomía institucional, e incluir a los defensores en el sistema interamericano de DD.HH.
Sobre el funcionamiento de la defensa, Schubert, explicó las necesidades especiales con que cuentan ciertos grupos de la sociedad para la atención de la institución, como son las clases más bajas y los pueblos originarios.
“Cuando se trata de personas que tienen más dificultades en acceso a la Justicia por distintas variables: Dado su origen étnico, por estar apartado en zonas geográficas rurales, por niveles de pobreza. Por esos factores nosotros tenemos que hacer un esfuerzo adicional. Lo que hemos estado haciendo en materia adolescente de pueblos originarios, en materia de mujeres, en materia de personas encarceladas es hacer un esfuerzo adicional para acercar la Justicia a ellos, nosotros dando más recursos y también capacitando y entendiendo cuál es el problema especial que ellos tienen”, detalló el Defensor Penal Público.
Al concluir su exposición en el Centro Cultural Palacio de La Moneda (CCPLM), que contó con la presencia del ministro de Justicia, José Antonio Gómez y el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, Georgy Schubert reivindicó la labor de la Defensoría.
“Defendemos a personas que han cometido delitos, como también a inocentes que han sido acusados y que sólo nos tienen a nosotros de su parte, pero no sólo eso, cuando en una audiencia nos oponemos a la fiscalía, discutimos la resolución del juez, cuestionamos la actuación policial o reclamamos por las condiciones carcelarias, afirmamos que si los imputados de delitos tienen dignidad y garantía, entonces es cierto que todas las personas las tienen”, aseveró Schubert.
Durante el 2013, la DPP atendió a más de 434 mil personas, los delitos más frecuentes siguen siendo las lesiones y del total de imputados casi 42 mil obtuvieron como forma de término la absolución o el sobreseimiento definitivo.
Se sabía con antelación los dos principales puntos de la Cuenta Pública del Defensor Penal Público, Georgy Schubert, quien tiene discrepancias con algunos contenidos de la ley sobre penas sustitutivas. Pero además de esto, Schubert se refirió a la excesiva aplicación de medidas cautelares y prisión preventiva, que según un estudio que la DPP encargó a la Fundación Paz Ciudadana, aumentaron significativamente.
“Yo creo que las cifras muestran que en Chile no existe un excesivo garantismo contrario a lo que se ha planteado una y otra vez, las cifras dan cuenta de que somos extremadamente duros en aplicar la prisión preventiva, en declarar legales las detenciones, en las personas que en definitiva encarcelamos, por lo tanto, lo que tiene que ver el sistema es tener un justo equilibrio y las políticas de persecución y de combate al delito, que están muy bien, no se pueden hacer a costa de los derechos de garantía de las personas que son llevadas a un juicio”, explicó el Defensor.
El funcionario de la Justicia profundizó además en la carga extra que significará la ley sobre penas sustitutivas. Ante esto llamó a evaluar siempre el impacto en los intervinientes que significan las reformas.
“Sin duda hay que analizar cuánto más trabajo implica para la institución y si es necesario inyectar más recursos, si esto sabemos va a generar más audiencias y sólo tiene recursos Gendarmería, obviamente que hay un déficit en lo que se refiere a los demás actores, particularmente jueces y defensores, porque hasta ahora serían los que intervendrían en la ejecución de esta ley. Nosotros vamos a dar a conocer a la Justicia este estudio que recibimos la semana pasada que da cuenta que deberían aumentar aproximadamente entre 100 mil y 150 milo audiencias adicionales al año”, señaló Schubert.
Sobre el desempeño de la institución, Georgy Schubert, relevó las mejoras a los funcionarios y la profesionalización de los equipos de trabajo, pero además destacó que las revisiones de la reforma a la reforma procesal penal no han llegado a la Ley Orgánica de la DPP.
Aseguró que el organismo requiere contar con mayor autonomía institucional, e incluir a los defensores en el sistema interamericano de DD.HH.
Sobre el funcionamiento de la defensa, Schubert, explicó las necesidades especiales con que cuentan ciertos grupos de la sociedad para la atención de la institución, como son las clases más bajas y los pueblos originarios.
“Cuando se trata de personas que tienen más dificultades en acceso a la Justicia por distintas variables: Dado su origen étnico, por estar apartado en zonas geográficas rurales, por niveles de pobreza. Por esos factores nosotros tenemos que hacer un esfuerzo adicional. Lo que hemos estado haciendo en materia adolescente de pueblos originarios, en materia de mujeres, en materia de personas encarceladas es hacer un esfuerzo adicional para acercar la Justicia a ellos, nosotros dando más recursos y también capacitando y entendiendo cuál es el problema especial que ellos tienen”, detalló el Defensor Penal Público.
Al concluir su exposición en el Centro Cultural Palacio de La Moneda (CCPLM), que contó con la presencia del ministro de Justicia, José Antonio Gómez y el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, Georgy Schubert reivindicó la labor de la Defensoría.
“Defendemos a personas que han cometido delitos, como también a inocentes que han sido acusados y que sólo nos tienen a nosotros de su parte, pero no sólo eso, cuando en una audiencia nos oponemos a la fiscalía, discutimos la resolución del juez, cuestionamos la actuación policial o reclamamos por las condiciones carcelarias, afirmamos que si los imputados de delitos tienen dignidad y garantía, entonces es cierto que todas las personas las tienen”, aseveró Schubert.
Durante el 2013, la DPP atendió a más de 434 mil personas, los delitos más frecuentes siguen siendo las lesiones y del total de imputados casi 42 mil obtuvieron como forma de término la absolución o el sobreseimiento definitivo.
