Un grupo de vecinos decidió hacer justicia con sus propias manos, rodearon a David Moreyra de 19 años, quien acababa de robar un bolso y lo golpearon hasta dejarlo grave y con importante pérdida de masa encefálica. Cuatro días después David murió en el Hospital de Rosario. Fue el primero de los doce linchamientos que se han registrado hasta ahora en Argentina.
En Buenos Aires ya se decretó emergencia pública en seguridad, con lo que se reincorporaron cinco mil policías retirados a una fuerza de seguridad que ya cuenta con 72 mil uniformados. A este complejo escenario se sumó ahora una huelga nacional, convocada por la Confederación General del Trabajo, entre otras organizaciones. La huelga paralizó el transporte público, la recolección de basura, el suministro de combustibles y la actividad en los puertos. Los manifestantes reclaman al gobierno acciones contra la alta inflación y ajustes de tarifas.
La académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Paz Milet, explicó que en Argentina existe una desconfianza ante el sistema judicial, lo que genera una sensación de impunidad en la población. Además, dijo que esto da cuenta de la imposibilidad por parte del Gobierno de dar respuestas concretas ante la disminución en la calidad de vida de los argentinos. Al respecto, dijo que “hay un descontento social frente a la situación de inseguridad y a la política de la llamada puerta giratoria. El hecho de que haya lo que la población considera un inadecuado tratamiento de las penas que se dan a los delincuentes y a los hechos de violencia. Esto se suma a un contexto económico complicado, porque a partir de este año ha habido una devaluación del 15 por ciento, se transparentó la inflación que llegó a más de 32 por ciento y eso está repercutiendo en el descontento social y una sensación de hartazgo de la delincuencia”, explicó.
El fenómeno de los linchamientos se repite en varios países de Latinoamérica, donde la seguridad pública está entre las principales demandas de la ciudadanía.
En ese sentido, Alejandra Mohor, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, apuntó al rol que cumplen los medios comunicación al exacerbar casos puntuales y crear un ambiente de violencia propicio para algunos sectores. En sentido señaló que “el rédito político que se puede sacar de estos casos es muy alto. Cuando se enarbolan las banderas de más mano dura que es lo que tienden a pedir las personas. En el inconsciente colectivo no está instalada la idea de que lo que se necesita es un trabajo sistemático y constante en materia de prevención, lo que está instalado es que lo que se requiere es que vayan más personas a la cárcel y que permanezcan más tiempo, lo cual es un error, porque algún día van a salir en libertad. En estos contextos la clase política que pretende encontrar un eslogan rápido y fácil, hacen uso de la seguridad ciudadana, para generar un clima de reproche hacia la autoridad, que los ubica a ellos como paladines de la situación”, afirmó.
Por su parte, el sociólogo del Instituto de Estudios Avanzados, Cristián Parker, consideró que el problema debe ser abordado a través de diversos ámbitos, como superar la corrupción en la policía, atacar el problema del narcotráfico y establecer políticas tanto de coerción como de prevención del delito. Sin embargo, “las medidas que se tomen por el lado del aparato represivo deben ser complementadas por políticas en el ámbito ciudadano y social, es decir, cómo se moviliza a la ciudadanía para lograr una convivencia distinta. Se trata de un desafío de fondo, porque hay un descontento que podría transformarse en una situación de crisis de movilización social que puede ser caótica, en la medida en que estas situaciones se comiencen a multiplicar. El hecho de que la gente empiece a tomar la justicia en sus manos puede conducir a mucha violencia social”, advirtió.
A juicio de Cristián Fuentes, analista internacional de la Fundación Chile XXI, la población argentina siente que el Gobierno de Cristina Fernández no manifiesta disposición a tomar medidas inmediatas de control, percepción que redunda en la baja de popularidad del oficialismo.
Frente a esto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, quien aspira a competir en las próximas presidenciales, declaró emergencia por inseguridad en su distrito. Lo mismo hizo Sergio Massa, quien se perfila como principal candidato opositor a la Presidencia, y que instaló la seguridad pública como eje de su campaña, acusando una ausencia del Estado en la materia.
Un grupo de vecinos decidió hacer justicia con sus propias manos, rodearon a David Moreyra de 19 años, quien acababa de robar un bolso y lo golpearon hasta dejarlo grave y con importante pérdida de masa encefálica. Cuatro días después David murió en el Hospital de Rosario. Fue el primero de los doce linchamientos que se han registrado hasta ahora en Argentina.
En Buenos Aires ya se decretó emergencia pública en seguridad, con lo que se reincorporaron cinco mil policías retirados a una fuerza de seguridad que ya cuenta con 72 mil uniformados. A este complejo escenario se sumó ahora una huelga nacional, convocada por la Confederación General del Trabajo, entre otras organizaciones. La huelga paralizó el transporte público, la recolección de basura, el suministro de combustibles y la actividad en los puertos. Los manifestantes reclaman al gobierno acciones contra la alta inflación y ajustes de tarifas.
La académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Paz Milet, explicó que en Argentina existe una desconfianza ante el sistema judicial, lo que genera una sensación de impunidad en la población. Además, dijo que esto da cuenta de la imposibilidad por parte del Gobierno de dar respuestas concretas ante la disminución en la calidad de vida de los argentinos. Al respecto, dijo que “hay un descontento social frente a la situación de inseguridad y a la política de la llamada puerta giratoria. El hecho de que haya lo que la población considera un inadecuado tratamiento de las penas que se dan a los delincuentes y a los hechos de violencia. Esto se suma a un contexto económico complicado, porque a partir de este año ha habido una devaluación del 15 por ciento, se transparentó la inflación que llegó a más de 32 por ciento y eso está repercutiendo en el descontento social y una sensación de hartazgo de la delincuencia”, explicó.
El fenómeno de los linchamientos se repite en varios países de Latinoamérica, donde la seguridad pública está entre las principales demandas de la ciudadanía.
En ese sentido, Alejandra Mohor, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, apuntó al rol que cumplen los medios comunicación al exacerbar casos puntuales y crear un ambiente de violencia propicio para algunos sectores. En sentido señaló que “el rédito político que se puede sacar de estos casos es muy alto. Cuando se enarbolan las banderas de más mano dura que es lo que tienden a pedir las personas. En el inconsciente colectivo no está instalada la idea de que lo que se necesita es un trabajo sistemático y constante en materia de prevención, lo que está instalado es que lo que se requiere es que vayan más personas a la cárcel y que permanezcan más tiempo, lo cual es un error, porque algún día van a salir en libertad. En estos contextos la clase política que pretende encontrar un eslogan rápido y fácil, hacen uso de la seguridad ciudadana, para generar un clima de reproche hacia la autoridad, que los ubica a ellos como paladines de la situación”, afirmó.
Por su parte, el sociólogo del Instituto de Estudios Avanzados, Cristián Parker, consideró que el problema debe ser abordado a través de diversos ámbitos, como superar la corrupción en la policía, atacar el problema del narcotráfico y establecer políticas tanto de coerción como de prevención del delito. Sin embargo, “las medidas que se tomen por el lado del aparato represivo deben ser complementadas por políticas en el ámbito ciudadano y social, es decir, cómo se moviliza a la ciudadanía para lograr una convivencia distinta. Se trata de un desafío de fondo, porque hay un descontento que podría transformarse en una situación de crisis de movilización social que puede ser caótica, en la medida en que estas situaciones se comiencen a multiplicar. El hecho de que la gente empiece a tomar la justicia en sus manos puede conducir a mucha violencia social”, advirtió.
A juicio de Cristián Fuentes, analista internacional de la Fundación Chile XXI, la población argentina siente que el Gobierno de Cristina Fernández no manifiesta disposición a tomar medidas inmediatas de control, percepción que redunda en la baja de popularidad del oficialismo.
Frente a esto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, quien aspira a competir en las próximas presidenciales, declaró emergencia por inseguridad en su distrito. Lo mismo hizo Sergio Massa, quien se perfila como principal candidato opositor a la Presidencia, y que instaló la seguridad pública como eje de su campaña, acusando una ausencia del Estado en la materia.
Un grupo de vecinos decidió hacer justicia con sus propias manos, rodearon a David Moreyra de 19 años, quien acababa de robar un bolso y lo golpearon hasta dejarlo grave y con importante pérdida de masa encefálica. Cuatro días después David murió en el Hospital de Rosario. Fue el primero de los doce linchamientos que se han registrado hasta ahora en Argentina.
En Buenos Aires ya se decretó emergencia pública en seguridad, con lo que se reincorporaron cinco mil policías retirados a una fuerza de seguridad que ya cuenta con 72 mil uniformados. A este complejo escenario se sumó ahora una huelga nacional, convocada por la Confederación General del Trabajo, entre otras organizaciones. La huelga paralizó el transporte público, la recolección de basura, el suministro de combustibles y la actividad en los puertos. Los manifestantes reclaman al gobierno acciones contra la alta inflación y ajustes de tarifas.
La académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Paz Milet, explicó que en Argentina existe una desconfianza ante el sistema judicial, lo que genera una sensación de impunidad en la población. Además, dijo que esto da cuenta de la imposibilidad por parte del Gobierno de dar respuestas concretas ante la disminución en la calidad de vida de los argentinos. Al respecto, dijo que “hay un descontento social frente a la situación de inseguridad y a la política de la llamada puerta giratoria. El hecho de que haya lo que la población considera un inadecuado tratamiento de las penas que se dan a los delincuentes y a los hechos de violencia. Esto se suma a un contexto económico complicado, porque a partir de este año ha habido una devaluación del 15 por ciento, se transparentó la inflación que llegó a más de 32 por ciento y eso está repercutiendo en el descontento social y una sensación de hartazgo de la delincuencia”, explicó.
El fenómeno de los linchamientos se repite en varios países de Latinoamérica, donde la seguridad pública está entre las principales demandas de la ciudadanía.
En ese sentido, Alejandra Mohor, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, apuntó al rol que cumplen los medios comunicación al exacerbar casos puntuales y crear un ambiente de violencia propicio para algunos sectores. En sentido señaló que “el rédito político que se puede sacar de estos casos es muy alto. Cuando se enarbolan las banderas de más mano dura que es lo que tienden a pedir las personas. En el inconsciente colectivo no está instalada la idea de que lo que se necesita es un trabajo sistemático y constante en materia de prevención, lo que está instalado es que lo que se requiere es que vayan más personas a la cárcel y que permanezcan más tiempo, lo cual es un error, porque algún día van a salir en libertad. En estos contextos la clase política que pretende encontrar un eslogan rápido y fácil, hacen uso de la seguridad ciudadana, para generar un clima de reproche hacia la autoridad, que los ubica a ellos como paladines de la situación”, afirmó.
Por su parte, el sociólogo del Instituto de Estudios Avanzados, Cristián Parker, consideró que el problema debe ser abordado a través de diversos ámbitos, como superar la corrupción en la policía, atacar el problema del narcotráfico y establecer políticas tanto de coerción como de prevención del delito. Sin embargo, “las medidas que se tomen por el lado del aparato represivo deben ser complementadas por políticas en el ámbito ciudadano y social, es decir, cómo se moviliza a la ciudadanía para lograr una convivencia distinta. Se trata de un desafío de fondo, porque hay un descontento que podría transformarse en una situación de crisis de movilización social que puede ser caótica, en la medida en que estas situaciones se comiencen a multiplicar. El hecho de que la gente empiece a tomar la justicia en sus manos puede conducir a mucha violencia social”, advirtió.
A juicio de Cristián Fuentes, analista internacional de la Fundación Chile XXI, la población argentina siente que el Gobierno de Cristina Fernández no manifiesta disposición a tomar medidas inmediatas de control, percepción que redunda en la baja de popularidad del oficialismo.
Frente a esto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, quien aspira a competir en las próximas presidenciales, declaró emergencia por inseguridad en su distrito. Lo mismo hizo Sergio Massa, quien se perfila como principal candidato opositor a la Presidencia, y que instaló la seguridad pública como eje de su campaña, acusando una ausencia del Estado en la materia.
