Cuatro estudiantes que participaron de la toma que el Congreso tiene en Santiago, ocurrida en octubre de 2011, fueron condenados este sábado a trabajos comunitarios.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago consideró que las manifestantes cometieron el delito de impedir la sesión de órganos legisladores y dispuso que cumplan 30 horas de servicio comunitario. Sin embargo, también acogió la solicitud de suspender la sentencia, siempre que mantengan buena conducta.
La fiscal adjunta Ximena Chong explicó que las estudiantes no pueden ser formalizadas ni requeridas por tribunales en los próximos seis meses. Si así fuera, el beneficio quedaría sin efecto.
El abogado Rodrigo Román, parte de la defensa, sostuvo que “el juez no quiere hacerse responsable de haber dictado una condena y suspende los efectos para aminorar las consecuencias perniciosas que tiene que adolescentes en Chile sean condenados por protestar”.
Mientras, la estudiante Scarlett Bravo anunció que su defensa pedirá la anulación del proceso: “A mí ya me echaron del colegio. Cuando fue la toma del Congreso, yo estaba en tercero medio en el Liceo Carmela Carvajal y con el Gobierno dictatorial de esa vez me echaron por la toma. Yo ya pagué, no tengo por qué seguir pagando con mi educación”, argumentó.
El pasado martes, el juzgado absolvió a cinco involucrados en el hecho: tres estudiantes y dos adultos: el abogado Luis Mariano Rendón y el sicólogo Osvaldo Tello.
Cuatro estudiantes que participaron de la toma que el Congreso tiene en Santiago, ocurrida en octubre de 2011, fueron condenados este sábado a trabajos comunitarios.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago consideró que las manifestantes cometieron el delito de impedir la sesión de órganos legisladores y dispuso que cumplan 30 horas de servicio comunitario. Sin embargo, también acogió la solicitud de suspender la sentencia, siempre que mantengan buena conducta.
La fiscal adjunta Ximena Chong explicó que las estudiantes no pueden ser formalizadas ni requeridas por tribunales en los próximos seis meses. Si así fuera, el beneficio quedaría sin efecto.
El abogado Rodrigo Román, parte de la defensa, sostuvo que “el juez no quiere hacerse responsable de haber dictado una condena y suspende los efectos para aminorar las consecuencias perniciosas que tiene que adolescentes en Chile sean condenados por protestar”.
Mientras, la estudiante Scarlett Bravo anunció que su defensa pedirá la anulación del proceso: “A mí ya me echaron del colegio. Cuando fue la toma del Congreso, yo estaba en tercero medio en el Liceo Carmela Carvajal y con el Gobierno dictatorial de esa vez me echaron por la toma. Yo ya pagué, no tengo por qué seguir pagando con mi educación”, argumentó.
El pasado martes, el juzgado absolvió a cinco involucrados en el hecho: tres estudiantes y dos adultos: el abogado Luis Mariano Rendón y el sicólogo Osvaldo Tello.
Cuatro estudiantes que participaron de la toma que el Congreso tiene en Santiago, ocurrida en octubre de 2011, fueron condenados este sábado a trabajos comunitarios.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago consideró que las manifestantes cometieron el delito de impedir la sesión de órganos legisladores y dispuso que cumplan 30 horas de servicio comunitario. Sin embargo, también acogió la solicitud de suspender la sentencia, siempre que mantengan buena conducta.
La fiscal adjunta Ximena Chong explicó que las estudiantes no pueden ser formalizadas ni requeridas por tribunales en los próximos seis meses. Si así fuera, el beneficio quedaría sin efecto.
El abogado Rodrigo Román, parte de la defensa, sostuvo que “el juez no quiere hacerse responsable de haber dictado una condena y suspende los efectos para aminorar las consecuencias perniciosas que tiene que adolescentes en Chile sean condenados por protestar”.
Mientras, la estudiante Scarlett Bravo anunció que su defensa pedirá la anulación del proceso: “A mí ya me echaron del colegio. Cuando fue la toma del Congreso, yo estaba en tercero medio en el Liceo Carmela Carvajal y con el Gobierno dictatorial de esa vez me echaron por la toma. Yo ya pagué, no tengo por qué seguir pagando con mi educación”, argumentó.
El pasado martes, el juzgado absolvió a cinco involucrados en el hecho: tres estudiantes y dos adultos: el abogado Luis Mariano Rendón y el sicólogo Osvaldo Tello.
