El equipo de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur participó en el inicio de los alegatos de clausura del Juicio Oral contra ocho gendarmes, por el incendio ocurrido el 8 de diciembre de 2010 en la cárcel de San Miguel, que dejó 81 víctimas fatales.
Durante los últimos siete meses, la Fiscalía Regional Metropolitana Sur presentó más de cuatro mil evidencias para acreditar la existencia de los cuasidelitos reiterados de homicidio y lesiones en contra de los gendarmes acusados.
154 testigos, 59 pruebas materiales, 272 pruebas documentales, 63 peritos, 24 informes de ADN, 3.331 fotografías, 92 láminas referenciales, 257 secuencias fijas y 25 CD y DVD con información son parte del material.
En ese contexto, se iniciaron los alegatos de clausura del juicio.
Mientras familiares de los internos se manifestaron afuera del Centro de Justicia, el equipo de la Fiscalía Sur, liderado por el fiscal Regional Raúl Guzmán, junto al fiscal jefe de Puente Alto, Cristián Galdames y fiscal adjunto Víctor Núñez, declararon ante la justicia.
El fiscal adjunto Víctor Núñez señaló que la primera parte de la defensa final por parte de la Fiscalía constó de una recapitulación de las pruebas rendidas que logran establecer una de las tesis principales del Ministerio Público: el incendio estuvo precedido de una serie de acontecimientos que fueron en escalada y que dieron cuenta de la omisión por parte de los vigilantes en advertir lo que estaba ocurriendo en el penal.
“La responsabilidad es de los centinelas, que no percibieron aquello que tenían enfrente por descuido, por no estar atentos ni vigilantes, y también del jefe de la guardia interna de esa noche, que no realizó las rondas a las que estaba obligado durante esa madrugada y permitió, por lo mismo, que este conflicto se desatara y llegara a un incendio que fue incontrolable”, explicó Núñez.
El fiscal afirmó que “el Ministerio Público, de acuerdo a como ha rendido sus pruebas, con un análisis exhaustivo, cree que los antecedentes están para que el tribunal entienda como ocurrieron las cosas y que los hechos implican la responsabilidad penal de los acusados”.
Luego de los alegatos de los acusadores y las defensas, se espera que el tribunal entregue un fallo a fines de abril.
El equipo de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur participó en el inicio de los alegatos de clausura del Juicio Oral contra ocho gendarmes, por el incendio ocurrido el 8 de diciembre de 2010 en la cárcel de San Miguel, que dejó 81 víctimas fatales.
Durante los últimos siete meses, la Fiscalía Regional Metropolitana Sur presentó más de cuatro mil evidencias para acreditar la existencia de los cuasidelitos reiterados de homicidio y lesiones en contra de los gendarmes acusados.
154 testigos, 59 pruebas materiales, 272 pruebas documentales, 63 peritos, 24 informes de ADN, 3.331 fotografías, 92 láminas referenciales, 257 secuencias fijas y 25 CD y DVD con información son parte del material.
En ese contexto, se iniciaron los alegatos de clausura del juicio.
Mientras familiares de los internos se manifestaron afuera del Centro de Justicia, el equipo de la Fiscalía Sur, liderado por el fiscal Regional Raúl Guzmán, junto al fiscal jefe de Puente Alto, Cristián Galdames y fiscal adjunto Víctor Núñez, declararon ante la justicia.
El fiscal adjunto Víctor Núñez señaló que la primera parte de la defensa final por parte de la Fiscalía constó de una recapitulación de las pruebas rendidas que logran establecer una de las tesis principales del Ministerio Público: el incendio estuvo precedido de una serie de acontecimientos que fueron en escalada y que dieron cuenta de la omisión por parte de los vigilantes en advertir lo que estaba ocurriendo en el penal.
“La responsabilidad es de los centinelas, que no percibieron aquello que tenían enfrente por descuido, por no estar atentos ni vigilantes, y también del jefe de la guardia interna de esa noche, que no realizó las rondas a las que estaba obligado durante esa madrugada y permitió, por lo mismo, que este conflicto se desatara y llegara a un incendio que fue incontrolable”, explicó Núñez.
El fiscal afirmó que “el Ministerio Público, de acuerdo a como ha rendido sus pruebas, con un análisis exhaustivo, cree que los antecedentes están para que el tribunal entienda como ocurrieron las cosas y que los hechos implican la responsabilidad penal de los acusados”.
Luego de los alegatos de los acusadores y las defensas, se espera que el tribunal entregue un fallo a fines de abril.
El equipo de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur participó en el inicio de los alegatos de clausura del Juicio Oral contra ocho gendarmes, por el incendio ocurrido el 8 de diciembre de 2010 en la cárcel de San Miguel, que dejó 81 víctimas fatales.
Durante los últimos siete meses, la Fiscalía Regional Metropolitana Sur presentó más de cuatro mil evidencias para acreditar la existencia de los cuasidelitos reiterados de homicidio y lesiones en contra de los gendarmes acusados.
154 testigos, 59 pruebas materiales, 272 pruebas documentales, 63 peritos, 24 informes de ADN, 3.331 fotografías, 92 láminas referenciales, 257 secuencias fijas y 25 CD y DVD con información son parte del material.
En ese contexto, se iniciaron los alegatos de clausura del juicio.
Mientras familiares de los internos se manifestaron afuera del Centro de Justicia, el equipo de la Fiscalía Sur, liderado por el fiscal Regional Raúl Guzmán, junto al fiscal jefe de Puente Alto, Cristián Galdames y fiscal adjunto Víctor Núñez, declararon ante la justicia.
El fiscal adjunto Víctor Núñez señaló que la primera parte de la defensa final por parte de la Fiscalía constó de una recapitulación de las pruebas rendidas que logran establecer una de las tesis principales del Ministerio Público: el incendio estuvo precedido de una serie de acontecimientos que fueron en escalada y que dieron cuenta de la omisión por parte de los vigilantes en advertir lo que estaba ocurriendo en el penal.
“La responsabilidad es de los centinelas, que no percibieron aquello que tenían enfrente por descuido, por no estar atentos ni vigilantes, y también del jefe de la guardia interna de esa noche, que no realizó las rondas a las que estaba obligado durante esa madrugada y permitió, por lo mismo, que este conflicto se desatara y llegara a un incendio que fue incontrolable”, explicó Núñez.
El fiscal afirmó que “el Ministerio Público, de acuerdo a como ha rendido sus pruebas, con un análisis exhaustivo, cree que los antecedentes están para que el tribunal entienda como ocurrieron las cosas y que los hechos implican la responsabilidad penal de los acusados”.
Luego de los alegatos de los acusadores y las defensas, se espera que el tribunal entregue un fallo a fines de abril.
