Terremoto en el norte
Expertos subrayan prevención sísmica y política habitacional en reconstrucción
El reciente terremoto en el norte plantea un nuevo desafío de reconstrucción, aun cuando queda trabajo respecto del cataclismo del 2010. El sismo de Tocopilla en 2007 es un caso mirado con cautela por los nortinos. Mientras las autoridades plantean los problemas de déficit habitacional y la dificultad para acceder a nuevos terrenos, los expertos apuntan a la organización de ciudades más justas y edificar fuera de las zonas de riesgo.
Domingo 13 de abril 2014 9:29 hrs.
El proceso de reconstrucción a partir del terremoto y maremoto de febrero de 2010 está inconcluso, mismo resultado para la experiencia del sismo de 2007 que afectó especialmente a la comuna de Tocopilla.
Por ello, el inicio de un nuevo proceso luego del desastre que afectó a las regiones de Arica-Parinacota y Tarapacá, mantiene la preocupación entre los damnificados, especialmente de aquellos que perdieron sus viviendas.
En el caso de Arica, por ejemplo, el diputado Vlado Mirosevic no solo apunta a las consecuencias inmediatas que generó el sismo, y señala que éste ha permitido visibilizar problemas anteriores respecto del déficit habitacional, el que aumenta anualmente en cerca de mil 500 viviendas sociales.
Proyectando el proceso de reconstrucción, Mirosevic alude a las dificultades para adquirir terrenos fuera de las zonas de inundación, donde el obstáculo de la propiedad privada aparece en forma reiterada, por lo que las autoridades regionales están realizando un catastro de terrenos fiscales.
“Es necesario hacerse cargo no solamente de la reconstrucción producto del terremoto, sino que de un problema de déficit habitacional de mucha más larga data, como ocurre por ejemplo con la población Guañacagua, que por el problema de los suelos salinos las casas comenzaron a quebrarse hace muchos años y no han tenido una solución definitiva”, detalla.
En respuesta a esos inconvenientes, el parlamentario explica que “en el sector norte cercano a la frontera con Perú, debiéramos tener un acuerdo con los privados de tal manera de ampliar la ciudad”.
Desde el ámbito académico, el arquitecto Claudio Pulgar, investigador del Observatorio de la Reconstrucción de la Universidad de Chile, reconoce avances de conocimientos y acumulación de experiencias desde el terremoto de Tocopilla, lo que continúa con lo que denomina el “fracaso de Chaitén” y luego con el terremoto de 2010 y su consiguiente proceso.
Todo esto, afirma, en un marco que se mantiene en los últimos 35 años con políticas urbanas y de vivienda abiertas al mercado y con carácter subsidiario.
El arquitecto plantea que lo que ha cambiado son los procesos específicos de cómo abordar cada caso, lo que se relaciona con la inexistencia en el país de políticas de reducción de riesgos o planes por desastres y reconstrucción, en el contexto de uno de los territorios de mayor riesgo sísmico.
“Se habla en general de desastres naturales, como que fueran solamente causas de la naturaleza, pero es importante agregar el factor socionatural porque son desastres que afectan a las personas que habitan en un territorio específico”, aclara.
Además, agrega que “antes de que ocurriera el desastre natural se decidió habitar un determinado territorio y se asumió, con conocimiento o no, que existía una cierta cantidad de vulnerabilidades, donde se tomaron o no las medidas para mitigarlas. Pero todavía no estamos preparados, a pesar de esta continuidad de los últimos años desde el 2007 hasta ahora”.
Para el arquitecto Genaro Cuadros, director del Laboratorio Ciudad y Territorio UDP, si bien entre los terremotos de Tocopilla y de Iquique han surgido diversos aprendizajes, aún falta un sistema institucionalizado con herramientas, planes y recursos propios.
Por ello, plantea que el conflicto y la catástrofe deben ser considerados como una oportunidad para repensar las ciudades, cuyo desarrollo debiera surgir desde el sector público, en conjunto con la sociedad civil y el mercado.
Según el arquitecto, además de la necesidad de revisar el sistema de subsidio de viviendas, se trata de una oportunidad para las políticas públicas.
“El rol subsidiario del Estado anclado única y exclusivamente en repartir vouchers para que las personas resuelvan sus problemas de vivienda de manera individual, no resuelve los problemas de crear ciudad y generar barrios”, critica Cuadros, añadiendo que “hay que aprovechar precisamente estos momentos para mejorar y crear nuevas herramientas de intervención, de parte del Estado, para hacer barrios y ciudades más justas. Y los terremotos son una buena oportunidad para empezar a hacerlo”
En esta línea, la Presidenta Michelle Bachelet firmó el decreto que crea el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, un organismo que depende del ministerio de Vivienda y que tiene como objetivos estudiar políticas sectoriales de desarrollo urbano, revisar la legislación nacional vigente y proponer reformas y perfeccionamientos.
El proceso de reconstrucción a partir del terremoto y maremoto de febrero de 2010 está inconcluso, mismo resultado para la experiencia del sismo de 2007 que afectó especialmente a la comuna de Tocopilla.
Por ello, el inicio de un nuevo proceso luego del desastre que afectó a las regiones de Arica-Parinacota y Tarapacá, mantiene la preocupación entre los damnificados, especialmente de aquellos que perdieron sus viviendas.
En el caso de Arica, por ejemplo, el diputado Vlado Mirosevic no solo apunta a las consecuencias inmediatas que generó el sismo, y señala que éste ha permitido visibilizar problemas anteriores respecto del déficit habitacional, el que aumenta anualmente en cerca de mil 500 viviendas sociales.
Proyectando el proceso de reconstrucción, Mirosevic alude a las dificultades para adquirir terrenos fuera de las zonas de inundación, donde el obstáculo de la propiedad privada aparece en forma reiterada, por lo que las autoridades regionales están realizando un catastro de terrenos fiscales.
“Es necesario hacerse cargo no solamente de la reconstrucción producto del terremoto, sino que de un problema de déficit habitacional de mucha más larga data, como ocurre por ejemplo con la población Guañacagua, que por el problema de los suelos salinos las casas comenzaron a quebrarse hace muchos años y no han tenido una solución definitiva”, detalla.
En respuesta a esos inconvenientes, el parlamentario explica que “en el sector norte cercano a la frontera con Perú, debiéramos tener un acuerdo con los privados de tal manera de ampliar la ciudad”.
Desde el ámbito académico, el arquitecto Claudio Pulgar, investigador del Observatorio de la Reconstrucción de la Universidad de Chile, reconoce avances de conocimientos y acumulación de experiencias desde el terremoto de Tocopilla, lo que continúa con lo que denomina el “fracaso de Chaitén” y luego con el terremoto de 2010 y su consiguiente proceso.
Todo esto, afirma, en un marco que se mantiene en los últimos 35 años con políticas urbanas y de vivienda abiertas al mercado y con carácter subsidiario.
El arquitecto plantea que lo que ha cambiado son los procesos específicos de cómo abordar cada caso, lo que se relaciona con la inexistencia en el país de políticas de reducción de riesgos o planes por desastres y reconstrucción, en el contexto de uno de los territorios de mayor riesgo sísmico.
“Se habla en general de desastres naturales, como que fueran solamente causas de la naturaleza, pero es importante agregar el factor socionatural porque son desastres que afectan a las personas que habitan en un territorio específico”, aclara.
Además, agrega que “antes de que ocurriera el desastre natural se decidió habitar un determinado territorio y se asumió, con conocimiento o no, que existía una cierta cantidad de vulnerabilidades, donde se tomaron o no las medidas para mitigarlas. Pero todavía no estamos preparados, a pesar de esta continuidad de los últimos años desde el 2007 hasta ahora”.
Para el arquitecto Genaro Cuadros, director del Laboratorio Ciudad y Territorio UDP, si bien entre los terremotos de Tocopilla y de Iquique han surgido diversos aprendizajes, aún falta un sistema institucionalizado con herramientas, planes y recursos propios.
Por ello, plantea que el conflicto y la catástrofe deben ser considerados como una oportunidad para repensar las ciudades, cuyo desarrollo debiera surgir desde el sector público, en conjunto con la sociedad civil y el mercado.
Según el arquitecto, además de la necesidad de revisar el sistema de subsidio de viviendas, se trata de una oportunidad para las políticas públicas.
“El rol subsidiario del Estado anclado única y exclusivamente en repartir vouchers para que las personas resuelvan sus problemas de vivienda de manera individual, no resuelve los problemas de crear ciudad y generar barrios”, critica Cuadros, añadiendo que “hay que aprovechar precisamente estos momentos para mejorar y crear nuevas herramientas de intervención, de parte del Estado, para hacer barrios y ciudades más justas. Y los terremotos son una buena oportunidad para empezar a hacerlo”
En esta línea, la Presidenta Michelle Bachelet firmó el decreto que crea el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, un organismo que depende del ministerio de Vivienda y que tiene como objetivos estudiar políticas sectoriales de desarrollo urbano, revisar la legislación nacional vigente y proponer reformas y perfeccionamientos.
El proceso de reconstrucción a partir del terremoto y maremoto de febrero de 2010 está inconcluso, mismo resultado para la experiencia del sismo de 2007 que afectó especialmente a la comuna de Tocopilla.
Por ello, el inicio de un nuevo proceso luego del desastre que afectó a las regiones de Arica-Parinacota y Tarapacá, mantiene la preocupación entre los damnificados, especialmente de aquellos que perdieron sus viviendas.
En el caso de Arica, por ejemplo, el diputado Vlado Mirosevic no solo apunta a las consecuencias inmediatas que generó el sismo, y señala que éste ha permitido visibilizar problemas anteriores respecto del déficit habitacional, el que aumenta anualmente en cerca de mil 500 viviendas sociales.
Proyectando el proceso de reconstrucción, Mirosevic alude a las dificultades para adquirir terrenos fuera de las zonas de inundación, donde el obstáculo de la propiedad privada aparece en forma reiterada, por lo que las autoridades regionales están realizando un catastro de terrenos fiscales.
“Es necesario hacerse cargo no solamente de la reconstrucción producto del terremoto, sino que de un problema de déficit habitacional de mucha más larga data, como ocurre por ejemplo con la población Guañacagua, que por el problema de los suelos salinos las casas comenzaron a quebrarse hace muchos años y no han tenido una solución definitiva”, detalla.
En respuesta a esos inconvenientes, el parlamentario explica que “en el sector norte cercano a la frontera con Perú, debiéramos tener un acuerdo con los privados de tal manera de ampliar la ciudad”.
Desde el ámbito académico, el arquitecto Claudio Pulgar, investigador del Observatorio de la Reconstrucción de la Universidad de Chile, reconoce avances de conocimientos y acumulación de experiencias desde el terremoto de Tocopilla, lo que continúa con lo que denomina el “fracaso de Chaitén” y luego con el terremoto de 2010 y su consiguiente proceso.
Todo esto, afirma, en un marco que se mantiene en los últimos 35 años con políticas urbanas y de vivienda abiertas al mercado y con carácter subsidiario.
El arquitecto plantea que lo que ha cambiado son los procesos específicos de cómo abordar cada caso, lo que se relaciona con la inexistencia en el país de políticas de reducción de riesgos o planes por desastres y reconstrucción, en el contexto de uno de los territorios de mayor riesgo sísmico.
“Se habla en general de desastres naturales, como que fueran solamente causas de la naturaleza, pero es importante agregar el factor socionatural porque son desastres que afectan a las personas que habitan en un territorio específico”, aclara.
Además, agrega que “antes de que ocurriera el desastre natural se decidió habitar un determinado territorio y se asumió, con conocimiento o no, que existía una cierta cantidad de vulnerabilidades, donde se tomaron o no las medidas para mitigarlas. Pero todavía no estamos preparados, a pesar de esta continuidad de los últimos años desde el 2007 hasta ahora”.
Para el arquitecto Genaro Cuadros, director del Laboratorio Ciudad y Territorio UDP, si bien entre los terremotos de Tocopilla y de Iquique han surgido diversos aprendizajes, aún falta un sistema institucionalizado con herramientas, planes y recursos propios.
Por ello, plantea que el conflicto y la catástrofe deben ser considerados como una oportunidad para repensar las ciudades, cuyo desarrollo debiera surgir desde el sector público, en conjunto con la sociedad civil y el mercado.
Según el arquitecto, además de la necesidad de revisar el sistema de subsidio de viviendas, se trata de una oportunidad para las políticas públicas.
“El rol subsidiario del Estado anclado única y exclusivamente en repartir vouchers para que las personas resuelvan sus problemas de vivienda de manera individual, no resuelve los problemas de crear ciudad y generar barrios”, critica Cuadros, añadiendo que “hay que aprovechar precisamente estos momentos para mejorar y crear nuevas herramientas de intervención, de parte del Estado, para hacer barrios y ciudades más justas. Y los terremotos son una buena oportunidad para empezar a hacerlo”
En esta línea, la Presidenta Michelle Bachelet firmó el decreto que crea el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, un organismo que depende del ministerio de Vivienda y que tiene como objetivos estudiar políticas sectoriales de desarrollo urbano, revisar la legislación nacional vigente y proponer reformas y perfeccionamientos.
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