Pese a que Michelle Bachelet ha mandatado al ministro Rodrigo Peñailillo a revisar la Ley Antiterrorista, continúa su aplicación en los casos de Emilio Berkhoff y Víctor Montoya.
Contra este último, la Intendencia Metropolitana presentó una querella pidiendo una pena mayor incluso a la que presentó Fiscalía. La errónea señal del Ejecutivo fue corregida sacando del cargo al abogado responsable.
Un tema delicado para el Gobierno, atento a no generar tensiones con el pueblo Mapuche y tratando de distanciarse de una mirada ligada a la represión, que tradicionalmente se asocia a los sectores más conservadores de la clase política.
Consultado por este caso, el diputado Hugo Gutiérrez, presidente de la comisión de Derechos Humanos, señaló que el gobierno se encuentra revisando esta materia y que no debiera aplicarse mientras se discuten sus alcances.
Por su parte, el diputado DC Claudio Arriagada señaló que el oficialismo debe cumplir con lo prometido en campaña y que por el momento no hay indicaciones que discutir en la comisión.
“Aquí se tiene que cumplir lo que se dijo en campaña: no corresponde aplicar la ley en los casos que se ha invocado. No hay discusión ni proyecto para revisar esto legalmente, pero debe respetarse lo indicado en campaña”, declaró.
Para Rodrigo Román, abogado de la Defensoría Popular que sigue la causa en representación de la familia de Montoya, la actitud del gobierno es inconsecuente y reclamó que esto es “borrar con el codo lo que se escribe con la mano”: “Hay una promesa de no aplicar la Ley Antiterrorista y se aplica en los casos de Montoya y Berkhoff. Esto da cuenta del populismo de la clase política”.
Víctor Montoya es imputado por su supuesta participación en la colocación de una bomba en el retén las Vizcachas y, en el mismo caso, por homicidio frustrado contra Carabineros.
El joven de 23 años lleva 1 año y dos meses recluido en la cárcel de Puente Alto, debido a las prórrogas que se determinaron para la investigación ya finalizada y cuyo juicio está pronto a iniciarse.
Su madre, Lidia Encina explicó que el 3 de marzo se enteraron que se querellaba la Intendencia y que el 18 del mes fue presentada invocando a la Ley Antiterrorista, solo una semana después del traspaso de mando.
Además, asegura que en la preparación del juicio oral, fiscalía presentó pruebas inconsistentes como fotografías, referencias a los tatuajes de Víctor y un cuaderno con anotaciones que le quitaron de la cárcel.
“La Ley Antiterrorista no sirve en nuestro país, y no tienen nada contra mi hijo. Yo pregunto cómo lo van a acusar sin una prueba tangible. Estoy de acuerdo si tuvieran pruebas, si se encontró pólvora, pero solo tienen testigos protegidos, amparados en esta ley”, señaló.
Lidia Encina indica que no hay pruebas contra su hijo y que amparados en la Ley Antiterrorista, la Fiscalía utilizará testigos protegidos.
Este miércoles, los familiares de Víctor Montoya participaron en una manifestación en apoyo a los presos políticos convocada por distintas organizaciones que denuncian al Estado de persecución. El juicio oral contra el joven se proyecta para la segunda quincena de mayo.
Pese a que Michelle Bachelet ha mandatado al ministro Rodrigo Peñailillo a revisar la Ley Antiterrorista, continúa su aplicación en los casos de Emilio Berkhoff y Víctor Montoya.
Contra este último, la Intendencia Metropolitana presentó una querella pidiendo una pena mayor incluso a la que presentó Fiscalía. La errónea señal del Ejecutivo fue corregida sacando del cargo al abogado responsable.
Un tema delicado para el Gobierno, atento a no generar tensiones con el pueblo Mapuche y tratando de distanciarse de una mirada ligada a la represión, que tradicionalmente se asocia a los sectores más conservadores de la clase política.
Consultado por este caso, el diputado Hugo Gutiérrez, presidente de la comisión de Derechos Humanos, señaló que el gobierno se encuentra revisando esta materia y que no debiera aplicarse mientras se discuten sus alcances.
Por su parte, el diputado DC Claudio Arriagada señaló que el oficialismo debe cumplir con lo prometido en campaña y que por el momento no hay indicaciones que discutir en la comisión.
“Aquí se tiene que cumplir lo que se dijo en campaña: no corresponde aplicar la ley en los casos que se ha invocado. No hay discusión ni proyecto para revisar esto legalmente, pero debe respetarse lo indicado en campaña”, declaró.
Para Rodrigo Román, abogado de la Defensoría Popular que sigue la causa en representación de la familia de Montoya, la actitud del gobierno es inconsecuente y reclamó que esto es “borrar con el codo lo que se escribe con la mano”: “Hay una promesa de no aplicar la Ley Antiterrorista y se aplica en los casos de Montoya y Berkhoff. Esto da cuenta del populismo de la clase política”.
Víctor Montoya es imputado por su supuesta participación en la colocación de una bomba en el retén las Vizcachas y, en el mismo caso, por homicidio frustrado contra Carabineros.
El joven de 23 años lleva 1 año y dos meses recluido en la cárcel de Puente Alto, debido a las prórrogas que se determinaron para la investigación ya finalizada y cuyo juicio está pronto a iniciarse.
Su madre, Lidia Encina explicó que el 3 de marzo se enteraron que se querellaba la Intendencia y que el 18 del mes fue presentada invocando a la Ley Antiterrorista, solo una semana después del traspaso de mando.
Además, asegura que en la preparación del juicio oral, fiscalía presentó pruebas inconsistentes como fotografías, referencias a los tatuajes de Víctor y un cuaderno con anotaciones que le quitaron de la cárcel.
“La Ley Antiterrorista no sirve en nuestro país, y no tienen nada contra mi hijo. Yo pregunto cómo lo van a acusar sin una prueba tangible. Estoy de acuerdo si tuvieran pruebas, si se encontró pólvora, pero solo tienen testigos protegidos, amparados en esta ley”, señaló.
Lidia Encina indica que no hay pruebas contra su hijo y que amparados en la Ley Antiterrorista, la Fiscalía utilizará testigos protegidos.
Este miércoles, los familiares de Víctor Montoya participaron en una manifestación en apoyo a los presos políticos convocada por distintas organizaciones que denuncian al Estado de persecución. El juicio oral contra el joven se proyecta para la segunda quincena de mayo.
Pese a que Michelle Bachelet ha mandatado al ministro Rodrigo Peñailillo a revisar la Ley Antiterrorista, continúa su aplicación en los casos de Emilio Berkhoff y Víctor Montoya.
Contra este último, la Intendencia Metropolitana presentó una querella pidiendo una pena mayor incluso a la que presentó Fiscalía. La errónea señal del Ejecutivo fue corregida sacando del cargo al abogado responsable.
Un tema delicado para el Gobierno, atento a no generar tensiones con el pueblo Mapuche y tratando de distanciarse de una mirada ligada a la represión, que tradicionalmente se asocia a los sectores más conservadores de la clase política.
Consultado por este caso, el diputado Hugo Gutiérrez, presidente de la comisión de Derechos Humanos, señaló que el gobierno se encuentra revisando esta materia y que no debiera aplicarse mientras se discuten sus alcances.
Por su parte, el diputado DC Claudio Arriagada señaló que el oficialismo debe cumplir con lo prometido en campaña y que por el momento no hay indicaciones que discutir en la comisión.
“Aquí se tiene que cumplir lo que se dijo en campaña: no corresponde aplicar la ley en los casos que se ha invocado. No hay discusión ni proyecto para revisar esto legalmente, pero debe respetarse lo indicado en campaña”, declaró.
Para Rodrigo Román, abogado de la Defensoría Popular que sigue la causa en representación de la familia de Montoya, la actitud del gobierno es inconsecuente y reclamó que esto es “borrar con el codo lo que se escribe con la mano”: “Hay una promesa de no aplicar la Ley Antiterrorista y se aplica en los casos de Montoya y Berkhoff. Esto da cuenta del populismo de la clase política”.
Víctor Montoya es imputado por su supuesta participación en la colocación de una bomba en el retén las Vizcachas y, en el mismo caso, por homicidio frustrado contra Carabineros.
El joven de 23 años lleva 1 año y dos meses recluido en la cárcel de Puente Alto, debido a las prórrogas que se determinaron para la investigación ya finalizada y cuyo juicio está pronto a iniciarse.
Su madre, Lidia Encina explicó que el 3 de marzo se enteraron que se querellaba la Intendencia y que el 18 del mes fue presentada invocando a la Ley Antiterrorista, solo una semana después del traspaso de mando.
Además, asegura que en la preparación del juicio oral, fiscalía presentó pruebas inconsistentes como fotografías, referencias a los tatuajes de Víctor y un cuaderno con anotaciones que le quitaron de la cárcel.
“La Ley Antiterrorista no sirve en nuestro país, y no tienen nada contra mi hijo. Yo pregunto cómo lo van a acusar sin una prueba tangible. Estoy de acuerdo si tuvieran pruebas, si se encontró pólvora, pero solo tienen testigos protegidos, amparados en esta ley”, señaló.
Lidia Encina indica que no hay pruebas contra su hijo y que amparados en la Ley Antiterrorista, la Fiscalía utilizará testigos protegidos.
Este miércoles, los familiares de Víctor Montoya participaron en una manifestación en apoyo a los presos políticos convocada por distintas organizaciones que denuncian al Estado de persecución. El juicio oral contra el joven se proyecta para la segunda quincena de mayo.
