En el contexto del Seminario Internacional “Más y mejor democracia”, el Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública de la Universidad Central presentó resultados de una investigación que realiza un mapeo sobre la realidad actual de las organizaciones de la sociedad civil y cómo se orientan las políticas públicas del Estado en esa dirección.

El estudio entregó como resultados que al 2013 hay 160 mil organizaciones con personalidad jurídica vigente, de éstas, el 11 por ciento corresponden a corporaciones y fundaciones que se sitúan en su mayoría en la Región Metropolitana, Araucanía y Biobío.

Asimismo, existen 85 fondos concursables radicados en corporaciones que se sitúan en Ministerios, Servicios y Empresas Estatales. Los primeros se llevan el 2 por ciento de los fondos y se destinan principalmente hacia medios regionales y juntas de vecinos, y releva en importancia temas como diversidad sexual o VIH.

Mientras el 98 por ciento corresponden a subvenciones o subsidios, las donaciones privadas en Chile son de alrededor de 7 mil 600 millones y sus instituciones receptoras están constituidas por gremios empresariales o ligadas a la Iglesia Católica.

En conclusión, la investigadora Alicia Sánchez señaló que existe escasa diversidad de temas y éstos se acotan a las agendas de cada gobierno. Además, los fondos no necesariamente están relacionados con las áreas de incidencia de las organizaciones ni con los desafíos democráticos existentes.

“Los financiamientos están dirigidos a proyectos de iniciativas de corto plazo, la mayoría de ellos entre seis meses y un año, por lo tanto, son iniciativas que no pueden ser parte de un proyecto mayor que apunte a grandes desafíos relativos al fortalecimiento de la democracia, la instalación de derecho o poner otros temas en discusión”, explicó.

En tanto, el investigador Raúl Zarzuri se refirió a las percepciones del mundo privado respecto de las organizaciones e identificó que el sector hace una diferencia entre las organizaciones de sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales, puesto que en estas últimas existe un prejuicio de ser organismos políticos encubiertos.

“Es la concepción de las ONG como entorpecedoras del desarrollo, como lobo con piel de oveja, aliados de empresas extranjeras pro activas frente a la labor privada. Sin bien es cierto esto es algo que no es un discurso que se manifiesta en todos, pero sí evidentemente aparece en un número importante de entrevistados”, indicó.

Por su parte, el subsecretario del Ministerio Secretaría General de Gobierno, Rodolfo Baier, afirmó que el gobierno está preocupado en establecer una forma de financiamiento sustentable que permita trabajar a mediano y largo plazo con cada una de las organizaciones y se está abordando en el Consejo de Fondos de Fortalecimiento de organizaciones de interés público.

“En la nueva ley no se ha terminado de construir el Consejo a la brevedad lo estamos cerrando con sus componentes como para que este año tengan efectivamente esos dineros. Uno podría decir, es poco, es mucho, pero bueno hay fondos que se van a ocupar en esa línea, también está la idea de poder mejorar las condiciones en la medida de que podamos tener una discusión clara de cuánto es lo que efectivamente se necesita para seguir creciendo en ese sentido”.

En comparación con otras naciones, Damien Hazard, miembro del directorio Asociación Brasileña de ONG-ABONG, aseveró que existe un proyecto de ley en el Parlamento que establece regulación a las organizaciones.

“Un grupo de trabajo con la Secretaria General de la Presidencia, un proyecto de ley que ahora fue al Senado y fue votado de manera unánime, es muy difícil, pero se hace un gran proceso de articulación de los movimientos sociales y de las organizaciones, y esperamos en la Cámara de Diputados la próxima votación. Si en la votación la propia Presidente de la República Dilma Roussef se quedó con el proyecto más de un año sin asignarlo por lo que hay que presionar al gobierno”, señaló el investigador brasileño.

Mientras, Eduardo Toche, investigador del Centro de Estudios  y Promoción del Desarrollo- DESCO, Perú, aseguró que existen acontecimientos históricos que marcan la experiencia peruana de las organizaciones con el Estado.

“Las relaciones entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil, ahora las empresas es un ámbito prácticamente desregulado y es así porque de alguna u otra manera implícitamente los que estamos comprometidos así lo hemos querido, que sea un ámbito desregulado, lo cual no significa de que el Estado en determinados momentos haya generado normas, pero todas las normas a lo largo de los últimos sesenta años, han sido normas de control y normas intervencionistas”, indicó.

Toche remató indicando que existen grandes avances en términos de derechos humanos y equidad de género alcanzados por organizaciones, pero éstas enfrentan debilidades al no saber adaptarse a los cambios.