Una vez que el Tribunal Constitucional (TC) declaró que el acuerdo sobre el veto presidencial constituye una “actuación legislativa ilícita”, el organismo se abocará a una revisión rutinaria del proyecto de TV Digital, luego de la cual estaría en condiciones de ser promulgada, después de pasar más de cinco años en el Congreso Nacional.
El resultado de este rechazo es que en la ley se reconoce la llamada “Televisión de Diversidad”, es decir, la TV educativa, cultural, regional y comunitaria, a las que se les reserva espectro.
Además, con esto la definición de pluralismo alcanzará todos los espacios informativos. También se aprueban las campañas de interés público y se establece que será la Secretaría General de Gobierno la que las fijará, y no los canales, como pretendía el veto de Piñera.
Sin embargo, parlamentarios de ambos sectores reconocieron que la ley está retrasada debido al largo tiempo en trámite. Es decir, que la tecnología avanzó más rápido que la discusión regulatoria y que varios de los aspectos del texto legal deberán ser actualizados en siguientes revisiones. Pero, ¿en qué estado está la ley? ¿Qué aristas del trámite quedan pendientes?
Sobre esto se refirió el vocero de la Mesa de Ciudadanía y Televisión Digital, Juan Carlos Berner, quien señaló que “lo que ahora tiene que hacer la Presidenta de la República es aprobar la ley, pues no tiene otra instancia. Sin embargo, lo que se ha discutido es que ella envíe un nuevo proyecto de ley, lo que implicaría partir desde cero en varios aspectos. Además, junto a los artículos de la ley en algunos casos se podrían redactar ciertos reglamentos específicos, sobre cómo aplicarla. En ese sentido nos gustaría poder participar”.
El dirigente manifestó que hay varios puntos de la aplicación que están permitidos, pero que no se sabe cómo se van a resolver. Por nombrar algunos, existen dos señales reservadas para televisión de diversidad, pero se desconoce qué va a ocurrir con ellas.
La ley reconoce a la TV comunitaria, pero las organizaciones no tienen claro cómo se va a implementar y tampoco está resuelto que pasará con la segunda concesión de Televisión Nacional de Chile, si la ocupará o la entregará a privados.
El tema de las concesiones es inquietante, considerando que el 40 por ciento del espectro será solo el remanente una vez que hayan migrado las concesiones, lo que abre la duda sobre cuál será la capacidad real de incluir nuevos canales cuando, además, se rotuló a las iglesias como titulares de concesiones comunitarias.
Pero esto no tardará tanto en aclararse, como sostuvo Lorena Donoso, abogada del Observatorio de Medios (FUCATEL), al afirmar que “desde que se publique la ley, la Subtel tiene 60 días para transparentar y mostrar el plan técnico de radiodifusión televisiva, momento en el que realmente sabremos cuáles son las condiciones en las que podrán postular los concursantes a las concesiones de televisión digital”.
Entonces, según la abogada, “lo más expectante en este momento dice relación con las capacidades espectrales, el plan técnico de radiodifusión televisiva que fijará las condiciones y saber qué canales de televisión optarán por las nuevas concesiones o se quedarán con las concesiones indefinidas analógicas que tienen hasta hoy”.
Pensando en la diversidad en la televisión, la especialista en telecomunicaciones indicó que el proyecto no establece que el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) juzgue las propuestas programáticas. Si bien el texto señala que son públicas, el análisis lo hará el gobierno de turno, vía subsecretaría de Telecomunicaciones, y con criterios técnicos. “Habría que trabajar un poco en diseñar un sistema que garantice la diversidad”, manifestó, y añadió que estarán atentos a las políticas públicas que existan para garantizar apertura en la televisión.
En cuanto a los temas técnicos, la abogada se mostró conforme con los cinco años entregados para realizar la migración a la nueva tecnología, ya que existe un rápido recambio de equipos en el país. Aunque advirtió que, pese a lo expresado por el Gobierno, debería existir una política pública de entrega de decodificadores.
Según los especialistas ha faltado información en el debate, ya que la ciudadanía solo sabe que podrá ver TV en alta definición, pero no conoce todas las potencialidades que tiene la digitalización y que fueron discutidas en el Congreso de manera limitada, lo que deja a la ley en una posición bastante débil en comparación a la de otros países de la misma región.