Llantos y gritos desatados, insultos a las autoridades e intentos de destrozos. La reacción de los familiares de los 81 reos muertos en la cárcel de San Miguel en el incendio de diciembre de 2010, fue una escena cruda de rabia y tristeza.
Se trata del juicio oral de más larga tramitación en lo que va de la Reforma Procesal Penal, largos meses de espera que concluyeron este miércoles con la Sexta Sala del Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolviendo a los ocho gendarmes acusados de cuasidelito de homicidio por el incendio en el centro penitenciario.
El juicio duró nueve meses y el juez José Rodríguez argumentó en la lectura del fallo que “hubo una desprolija redacción de los hechos en la acusación”, justificando críticas que se hicieron en contra de la Fiscalía.
Sin embargo, la lectura del fallo partió destacando que el caso puso sobre el tapete las precarias condiciones de las cárceles chilenas, por lo que sí cabe una responsabilidad al Estado, según Óscar Benavides, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, se trata de responsabilidades políticas con nombre y apellido: “Aquí hay personas que no fueron juzgadas y quiénes eran las responsables del sistema, qué pasó con Luis Masferrer Farías, ex director nacional de Gendarmería de Chile, qué pasó con Felipe Bulnes Prieto, ex ministro de Justicia, y qué pasó con la responsabilidad del ex presidente Piñera quien no construyó ni un metro cuadrado más de cárceles, para solucionar la problemática del hacinamiento carcelario. Son temas que quedarán pendientes”, dijo.
Por su parte, el jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, Raúl Guzmán, dijo que se analizará un recurso de nulidad ante los tribunales superiores sólo después de que el tribunal emita la sentencia definitiva. Guzmán recordó que “en Chile a la fecha van más de 140, 150 personas que han fallecido dentro de los penales producto de incendio por manipulación de elementos inflamables que se mantienen dentro del penal sin control alguno, existiendo desde el 2009 toda una implementación y regulación dentro de Gendarmería para impedir esos eventos, cuestión que no se ha producido. En este contexto, no tenemos nada más que señalar y vamos a esperar la sentencia definitiva y nuestro total desacuerdo con lo resuelto”, aseguró.
Además del Ministerio Público, la Defensoría Popular hizo de querellante, y el abogado Rodrigo Román aseguró que se deben impulsar nuevas acciones legales: “Solamente escuchando el veredicto, al Ministerio Público le asiste la obligación de reiniciar una nueva investigación, porque el tribunal lo que ha dicho es que no son estos los responsables, sin perjuicio de que haya responsables. Lo que señaló ahora el veredicto es que se dirigió incorrectamente la acción penal en contra de algunas personas y no en contra de quiénes sí se podía haber dirigido. Entonces ahí hay más que una señal, hay casi un mandato que está dando el tribunal oral en lo penal al encargado de la persecución penal que es el Ministerio Público, para que investigue directamente quiénes son los responsables, porque esto no puede quedar en la impunidad. Y la sensación que hay de incertidumbre y rabia en la gente creo que tiene relación con esto, en Chile nos acostumbramos a que las cosas queden impunes sobre todo cuando las víctimas son pobres”, señaló.
El caso deja como conclusión que la Fiscalía no realizó la presentación de pruebas de la mejor manera, ni en general su rol persecutor; además de las responsabilidades que no se pesquisaron. “La tragedia tuvo responsables, pero ciertamente no quienes hoy están aquí”, dijo el Juez.