Héctor Llaitul: “La criminalización va a seguir como política de Estado”
Conversamos con Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), quien cumple una condena de 15 años en la cárcel “El Manzano” de Concepción por el atentado al fiscal Mario Elgueta, juicio que fue altamente cuestionado por la utilización de la Ley Antiterrorista y por los bajos estándares de pruebas, pero avalado por la Corte Suprema.
Desde la prisión, Héctor Llaitul se pronunció sobre temas de la contingencia relativos a lo que considera “un escenario político y social de continuidad”, y explicó los ejes del movimiento, su lucha por la autonomía y el territorio.
¿Cómo observa el panorama con la llegada de Michelle Bachelet al Gobierno, y sus dichos de campaña sobre la no utilización de la Ley Antiterrorista?
– En relación a la Ley Antiterrorista si se aplica o no se aplica, de alguna manera consideramos significativo el pronunciamiento al respecto y, al parecer, fue una postura oficial porque la escuchamos directamente de la señora Bachelet y después fue ratificado oficialmente por el ministro del Interior. Pero nosotros, al hacer un análisis más profundo de esta situación, consideramos que la Ley Antiterrorista ha exacerbado los ánimos en relación al significado de la criminalización de nuestras demandas, pero no consideramos que sea algo demasiado importante para crear nuevas condiciones en ese marco de criminalización, porque hemos visto que con ella o sin ella la criminalización va a seguir, como una de las políticas del Estado. Independientemente de la aplicación de esta ley, se va a seguir con la persecución política y el encarcelamiento de comuneros mapuche, de militantes, de dirigentes, comprometidos con la causa de nuestro pueblo, esa va a ser una realidad.
La Presidenta Bachelet dice justamente que no es necesario utilizar la Ley Antiterrorista en estos casos, pero indica que la ley común es suficiente para enfrentar este conflicto, ¿cómo ve eso usted?
– Exactamente, eso grafica lo que estamos diciendo, de hecho en las declaraciones que hay de la mayoría de los personeros de Gobierno están diciendo que la justicia debe actuar en algunos casos del conflicto mapuche. Entonces estamos claros que la criminalización, la militarización van a continuar y tal vez algunos hechos que violenten a las comunidades de parte de la institucionalidad. Para nosotros no hay un motivo mayor de cambios en el fondo. Si bien la Ley Antiterrorista cumple una función, porque no está descartada de plano, también existen otras herramientas jurídicas y políticas para perseguir y criminalizar a nuestro pueblo. Nosotros allí en ese ámbito no vemos muy clara una posición al respecto, si van a seguir reprimiendo nuestras legítimas demandas, nuestro legítimo proceso. Ahora, en el entendido también de que hubo una disposición del Gobierno de no aplicarla, no por razones humanitarias tan de fondo, sino más bien políticas, porque la aplicación de la Ley Antiterrorista no se ajusta a estándares internacionales para el derecho al debido proceso que debiéramos tener los que somos encausados por el llamado conflicto mapuche, entonces hay también una presión internacional y la idea de quedar bien con esos estándares, pero sin duda que van a haber otras medidas que van a dar continuidad a esta política represiva.
Considerando la continuidad que plantea sobre la política de criminalización ¿cómo evalúa la figura del ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo?
– Particularmente el caso del ministro del Interior es bastante claro al respecto. Él fue gobernador de Arauco hace aproximadamente diez años, justamente en un contexto de fuertes movilizaciones de las comunidades por la recuperación de tierras y derechos políticos, y se comenzó a ocupar la Ley Antiterrorista a partir de ese tiempo, porque la primera aplicación de la ley es en el 2003 en el contexto de la persecución a la coordinadora Arauco Malleco en los tribunales de Temuco, sin embargo también en la zona de Arauco donde era Gobernador el ministro actual, hubo una persecución y una querella presentada por la autoridad del momento.
Nosotros estamos claros en que no es tan fácil decir que no se va a aplicar cuando hay algún compromiso anterior de que sí se aplicó y se hizo en forma doble, porque en mi caso personal, yo fui como uno de los dirigentes de ese momento que fui querellado por la Ley Antiterrorista, en circunstancias de que ya estaba siendo perseguido y acusado por lo mismo en la zona de la novena región. Nosotros tendríamos que remitirnos también a los antecedentes de las nuevas autoridades políticas, qué tan coherentes son en sus planteamientos ahora.
En esa línea, ¿Cómo están viendo las palabras y señales del Intendente de La Araucanía Francisco Huernchumilla?
– Yo haría una separación, y tal vez tiene que ver con uno de los procesos importantes en la lucha de nuestro pueblo y tiene que ver con lo que nos ha pasado a todos los mapuches en algún sentido. Es un poco un rescate de la identidad, la resignificación de lo propio, el tema mapuche. Yo creo que al señor Huenchumilla algo de eso también le ha pasado, pero no lo veo solamente en ese marco. Hay algunos dichos de él que lo grafican en ese sentido, por ejemplo, decir que este es un problema que tiene una data de 130 años es un gran avance por parte de una autoridad política y que ha instalado fuerte en el contexto de la discusión. Sin embargo, nosotros lo vemos a él como la expresión de lo que se quiere de los mapuche, que estemos integrados, que seamos parte de la sociedad chilena, la sociedad mayor, una sociedad que tiene su entramado político, ideológico y que para el pueblo mapuche lo que más fuerte se plantea es la integración forzada de los mapuche, o sea convertir a los mapuche en chilenos. Además que Huenchumilla es militante de un partido, el Partido Demócrata Cristiano y nosotros entendemos de nuestra postura autonomista que cualquier tipo de expresión desde los partidos es una práctica de dominación hacia nuestro pueblo, se persiste de alguna manera en participar en un sistema trazado desde la oficialidad. Entonces, hay una intromisión de la cultura dominante de lo que respecta a la situación de nuestro pueblo y es a través de eso que se va consolidando estos marcos de opresión. Por lo tanto, lo vemos como a una figura que representa la oficialidad, al quehacer político del Estado.
Francisco Huenchumilla, intendente de Araucanía
Sin embargo, tampoco descarto la intención política que va un poco más allá, pero esto rápidamente se puedes diluir en lo que él representa. Lo vemos a él como parte del entramado del poder, por ejemplo yo podría rescatar dos situaciones de sus dichos que son interesantes, como cuando se refiere al perdón al pueblo mapuche, porque grafica que hay una responsabilidad de parte del Estado. Ahora, si usted se da cuenta, posteriormente él dice que es una declaración personal y no representa al Estado. Lo otro es que, tiempo atrás, yo recuerdo que en una reunión con los sectores empresariales planteó derechamente que el problema pasaba directamente porque las forestales abandonaran el territorio mapuche, y él lo planteó derechamente y yo creo que por allí va el asunto. No sé si lo dijo porque se sintió interpelado por el movimiento en su conjunto, por ser mapuche, porque nosotros lo hemos planteado con tanta fuerza, que ha significado un avance sustantivo en el pensamiento político de nuestros hermanos, indistintamente de las agrupaciones que existan, de que la visión tienen que ser anticapitalista y que el problema es contra el sistema que nos oprime que es el sistema que está sustentado en la propiedad usurpada que tienen las forestales principalmente. (…) Él dejó eso al gobierno y yo hoy día lo volvería a increpar directamente.
Hay quienes dicen que el Intendente no tiene necesariamente piso político y, como usted recordaba, hay declaraciones que ha hecho “a título personal”, ¿Comparte usted esta mirada?
– Lo compartimos, porque estamos claros que en este país el poder lo tienen los grupos económicos, el empresariado y lo que determinan es lo que se puede hacer, y sobre todo en la territorialidad mapuche, donde el empresariado es muy poderoso, y la clase política va en función del empresariado. En la CAM nos dedicamos anticapitalistas y nuestro enemigo principal es el capitalismo. Hoy sufrimos una tercera invasión, la primera fueron los españoles, al segunda fue el Estado chileno cuando se conforma y arremete contra el Wallmapu, pero esta es una tercera invasión, del sistema capitalista encabezada principalmente por los consorcios económicos de la industria forestal. El trasfondo es ese, principalmente cómo nosotros confrontamos con ese poder en el marco de nuestras luchas. Al intendente se le va a presentar una situación compleja, me parece que él dijo que había pensado mucho en asumir el cargo y dos, que dijo que pensaba que no iba a durar mucho en el cargo.
Otra cosa que hizo el Intendente Huenchumilla fue reunirse con los voceros de la cárcel de Angol, ¿Cómo ve esa señal en específico y también cómo ve la nueva huelga de hambre de los comuneros de la Cárcel de Angol y sus planteamientos?
– Yo creo que él sì tiene intenciones, pero estas se limitan por el entramado que tienen atrás que va a coartar un poco la voluntad que tiene el señor Huenchumilla. En esa línea también va el compromiso de interceder por la huelga. ¿Cuánto va a lograr?, está por verse, porque seguramente va a tratar con el ministerio de Justicia y allí se cierran algunas puertas, porque existe la persistencia de la criminalización, lo que obliga a las huelgas por ejemplo. Esto no debiera haber ocurrido el tema de las huelgas. El programa de Bachelet deja claramente establecido que iba a hacerse cargo de las causas de los mapuche encarcelados, incluso se plantea en el programa (de manera ambigua esa sí) que habría una voluntad de desprocesar a los comuneros, pero no se dice cómo, ni el plazo, ni quienes lo van a asumir, por eso decimos que es ambiguo y eso va a obligar a las movilizaciones en torno a la libertad de los presos políticos u otros hechos relacionados. En ese marco se circunscribe la huelga que están llevando los hermanos de Angol y que tienen sus legítimas demandas, son muy legítimas. Obviamente yo no voy a referirme al respecto, porque tienen que ser ellos quienes se refieran a sus puntos. Ahora, si hay solución o no hay solución también va a entregar luces de cómo va a ser la política del Estado.
En otro tema, ¿cómo observa hasta este momento las primeras declaraciones de las autoridades sobre la política de tierras?
– Nosotros entendemos que la política de entrega de tierras se va a mantener en orden a lo que ha sido la gobernanza neoliberal, muy bien administrada por la Concertación. En ese sentido, nosotros decimos que la salida a los conflictos por tierra va a estar en relación a la política indígena que se ha impuesto de un tiempo ya y que se va a mantener tal cual, no va a haber ningún cambio sustancial. Por lo mismo hoy día podemos afirmar que la política de tierras se va a mantener y esta apunta a la desintegración de las comunidades, no resuelve el tema de la demanda y de alguna forma está sujeta a la lógica del mercado, porque se pasa en un tipo de resolución de compra/venta, donde el libre albedrío queda de mano de los propietarios, se hace especulación en relación a las tierras y eso es una solución muy ajustada al modelo capitalista. Es una fórmula que se impuso para confrontar las recuperaciones territoriales y eso se va a mantener, entonces, esta forma de resolución del conflicto por tierras tienen como objetivo claro ser parte de una estrategia de contra- insurgencia social, frenar un poco los procesos autonomistas y de territorialidad que tenemos los mapuches y en ese sentido va a continuar.
Por lo mismo nosotros cuestionamos y prevemos una agudización del conflicto por esta situación y yo creo que este nuevo gobierno a un mes y medio ha mostrado claramente una posición al respecto de mantener esta misma política y por lo mismo van a ser responsables de la agudización del conflicto.
Contexto político
El dirigente también se refirió al artículo 10 del Convenio 169 de la Organización Internacional Trabajo (OIT) indica que se deben buscar “otros medios” antes de la prisión en el caso que se produzcan delitos en el marco de las protestas por reivindicación territorial, afirmando que la aplicación del convenio no rige, porque la razón es persecución política y eso pesa más que algún tipo de consideración jurídica que lo establezca de otra manera. “En la práctica, lo que vemos es todo lo contrario a lo que dice el convenio. A nosotros nunca se nos ha dado la oportunidad de llegar a un CET u otro beneficio, todo lo contrario, se nos aísla. Yo fui sacado de Angol por una política de dispersión de presos políticos, porque estaba en un lugar que era epicentro del movimiento, por lo tanto a mí se me saca de esa zona, se me desarraiga, se me niega la posibilidad de ejercer mis derechos culturales, y eso atenta contra el Convenio”, sostuvo.
Sin embargo, reconoció que la expresión de los relatores internacionales ha ido en ascenso. En ese sentido indicó que las recomendaciones del relator de la ONU, Ben Emmerson, quien fue “bastante fuerte en sus opiniones y consideraciones, lo que creo un nuevo contexto de cuestionamiento en relación a la Ley Antiterrorista”.
Además, indicó “a mí me lo dijo, estuvo con nosotros conversando y dejó muy en claro que nosotros no debíamos estar condenados, porque se hizo sobre la base de un testigo protegido”. En esa línea afirmó que al actual contexto de cuestionamiento a la normativa favorece a colaboradores como Emilio Berkhoff, que también ha sido criminalizado, “podría haber un triunfo político jurídico de desprocesar al hermano, que es lo que nosotros esperamos”. Además, hizo un llamado a las autoridades: “Si la señora Bachelet y el ministerio del Interior dicen que fue un error aplicar la Ley Antiterrorista, piden perdón al respecto, nosotros emplazamos y decimos ¿y aquellos que fuimos sometidos a proceso y condenados por esta ley, donde el estándar de pruebas da cuenta de su utilización y llevamos cinco años encarcelados y seguimos encarcelados, cuál es la solución con nosotros?”. En ese sentido, afirmó que hay que reconocer cuánto es el discurso hacia organismos internacionales y cuál es la realidad.
El líder de la CAM se refirió también a uno de los casos más bullados en la prensa, la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay. Al respecto catalogó los hechos como “lamentables” e indicó que más allá de la ira acumulada por la situación de los colonos en oposición a las comunidades, este tipo de hechos no les sirve para acumular algún tipo de avance en sus planteamientos. Por lo mismo, este caso tuvo más resonancia en la prensa, porque con esto se demoniza también su expresión. “Por lo mismo hemos sido críticos de algún tipo de expresión y creemos que este lamentable crimen se circunscribió en ese marco”, dijo.
El dirigente se pronunció también sobre las detenciones a machis y weichafes, en el marco de la llamada “restitución del weichan”, la auto-convocatoria que se da el pueblo mapuche para luchar y defender su territorio, donde todos los integrantes del pueblo tuvieron roles que les han permitido mantenerse en libertad. En ese sentido, es que apuntan a la restitución de esas figuras de re significación. “Hay un todo en el conjunto del pueblo mapuche, el tema espiritual es importante pero lo reafirmamos sobre la base de la cosmovisión de nuestro pueblo”. En ese sentido, reafirmó los ejes de su organización: la conquista de la autonomía, la lucha anticapitalista y la reconstrucción del ser mapuche y, finalmente, la necesidad de conformar organización, con el fin de recuperar el territorio en un “proceso de liberación nacional”.
Desde la prisión, Héctor Llaitul se pronunció sobre temas de la contingencia relativos a lo que considera “un escenario político y social de continuidad”, y explicó los ejes del movimiento, su lucha por la autonomía y el territorio.
¿Cómo observa el panorama con la llegada de Michelle Bachelet al Gobierno, y sus dichos de campaña sobre la no utilización de la Ley Antiterrorista?
– En relación a la Ley Antiterrorista si se aplica o no se aplica, de alguna manera consideramos significativo el pronunciamiento al respecto y, al parecer, fue una postura oficial porque la escuchamos directamente de la señora Bachelet y después fue ratificado oficialmente por el ministro del Interior. Pero nosotros, al hacer un análisis más profundo de esta situación, consideramos que la Ley Antiterrorista ha exacerbado los ánimos en relación al significado de la criminalización de nuestras demandas, pero no consideramos que sea algo demasiado importante para crear nuevas condiciones en ese marco de criminalización, porque hemos visto que con ella o sin ella la criminalización va a seguir, como una de las políticas del Estado. Independientemente de la aplicación de esta ley, se va a seguir con la persecución política y el encarcelamiento de comuneros mapuche, de militantes, de dirigentes, comprometidos con la causa de nuestro pueblo, esa va a ser una realidad.
La Presidenta Bachelet dice justamente que no es necesario utilizar la Ley Antiterrorista en estos casos, pero indica que la ley común es suficiente para enfrentar este conflicto, ¿cómo ve eso usted?
– Exactamente, eso grafica lo que estamos diciendo, de hecho en las declaraciones que hay de la mayoría de los personeros de Gobierno están diciendo que la justicia debe actuar en algunos casos del conflicto mapuche. Entonces estamos claros que la criminalización, la militarización van a continuar y tal vez algunos hechos que violenten a las comunidades de parte de la institucionalidad. Para nosotros no hay un motivo mayor de cambios en el fondo. Si bien la Ley Antiterrorista cumple una función, porque no está descartada de plano, también existen otras herramientas jurídicas y políticas para perseguir y criminalizar a nuestro pueblo. Nosotros allí en ese ámbito no vemos muy clara una posición al respecto, si van a seguir reprimiendo nuestras legítimas demandas, nuestro legítimo proceso. Ahora, en el entendido también de que hubo una disposición del Gobierno de no aplicarla, no por razones humanitarias tan de fondo, sino más bien políticas, porque la aplicación de la Ley Antiterrorista no se ajusta a estándares internacionales para el derecho al debido proceso que debiéramos tener los que somos encausados por el llamado conflicto mapuche, entonces hay también una presión internacional y la idea de quedar bien con esos estándares, pero sin duda que van a haber otras medidas que van a dar continuidad a esta política represiva.
Considerando la continuidad que plantea sobre la política de criminalización ¿cómo evalúa la figura del ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo?
– Particularmente el caso del ministro del Interior es bastante claro al respecto. Él fue gobernador de Arauco hace aproximadamente diez años, justamente en un contexto de fuertes movilizaciones de las comunidades por la recuperación de tierras y derechos políticos, y se comenzó a ocupar la Ley Antiterrorista a partir de ese tiempo, porque la primera aplicación de la ley es en el 2003 en el contexto de la persecución a la coordinadora Arauco Malleco en los tribunales de Temuco, sin embargo también en la zona de Arauco donde era Gobernador el ministro actual, hubo una persecución y una querella presentada por la autoridad del momento.
Nosotros estamos claros en que no es tan fácil decir que no se va a aplicar cuando hay algún compromiso anterior de que sí se aplicó y se hizo en forma doble, porque en mi caso personal, yo fui como uno de los dirigentes de ese momento que fui querellado por la Ley Antiterrorista, en circunstancias de que ya estaba siendo perseguido y acusado por lo mismo en la zona de la novena región. Nosotros tendríamos que remitirnos también a los antecedentes de las nuevas autoridades políticas, qué tan coherentes son en sus planteamientos ahora.
En esa línea, ¿Cómo están viendo las palabras y señales del Intendente de La Araucanía Francisco Huernchumilla?
– Yo haría una separación, y tal vez tiene que ver con uno de los procesos importantes en la lucha de nuestro pueblo y tiene que ver con lo que nos ha pasado a todos los mapuches en algún sentido. Es un poco un rescate de la identidad, la resignificación de lo propio, el tema mapuche. Yo creo que al señor Huenchumilla algo de eso también le ha pasado, pero no lo veo solamente en ese marco. Hay algunos dichos de él que lo grafican en ese sentido, por ejemplo, decir que este es un problema que tiene una data de 130 años es un gran avance por parte de una autoridad política y que ha instalado fuerte en el contexto de la discusión. Sin embargo, nosotros lo vemos a él como la expresión de lo que se quiere de los mapuche, que estemos integrados, que seamos parte de la sociedad chilena, la sociedad mayor, una sociedad que tiene su entramado político, ideológico y que para el pueblo mapuche lo que más fuerte se plantea es la integración forzada de los mapuche, o sea convertir a los mapuche en chilenos. Además que Huenchumilla es militante de un partido, el Partido Demócrata Cristiano y nosotros entendemos de nuestra postura autonomista que cualquier tipo de expresión desde los partidos es una práctica de dominación hacia nuestro pueblo, se persiste de alguna manera en participar en un sistema trazado desde la oficialidad. Entonces, hay una intromisión de la cultura dominante de lo que respecta a la situación de nuestro pueblo y es a través de eso que se va consolidando estos marcos de opresión. Por lo tanto, lo vemos como a una figura que representa la oficialidad, al quehacer político del Estado.
Francisco Huenchumilla, intendente de Araucanía
Sin embargo, tampoco descarto la intención política que va un poco más allá, pero esto rápidamente se puedes diluir en lo que él representa. Lo vemos a él como parte del entramado del poder, por ejemplo yo podría rescatar dos situaciones de sus dichos que son interesantes, como cuando se refiere al perdón al pueblo mapuche, porque grafica que hay una responsabilidad de parte del Estado. Ahora, si usted se da cuenta, posteriormente él dice que es una declaración personal y no representa al Estado. Lo otro es que, tiempo atrás, yo recuerdo que en una reunión con los sectores empresariales planteó derechamente que el problema pasaba directamente porque las forestales abandonaran el territorio mapuche, y él lo planteó derechamente y yo creo que por allí va el asunto. No sé si lo dijo porque se sintió interpelado por el movimiento en su conjunto, por ser mapuche, porque nosotros lo hemos planteado con tanta fuerza, que ha significado un avance sustantivo en el pensamiento político de nuestros hermanos, indistintamente de las agrupaciones que existan, de que la visión tienen que ser anticapitalista y que el problema es contra el sistema que nos oprime que es el sistema que está sustentado en la propiedad usurpada que tienen las forestales principalmente. (…) Él dejó eso al gobierno y yo hoy día lo volvería a increpar directamente.
Hay quienes dicen que el Intendente no tiene necesariamente piso político y, como usted recordaba, hay declaraciones que ha hecho “a título personal”, ¿Comparte usted esta mirada?
– Lo compartimos, porque estamos claros que en este país el poder lo tienen los grupos económicos, el empresariado y lo que determinan es lo que se puede hacer, y sobre todo en la territorialidad mapuche, donde el empresariado es muy poderoso, y la clase política va en función del empresariado. En la CAM nos dedicamos anticapitalistas y nuestro enemigo principal es el capitalismo. Hoy sufrimos una tercera invasión, la primera fueron los españoles, al segunda fue el Estado chileno cuando se conforma y arremete contra el Wallmapu, pero esta es una tercera invasión, del sistema capitalista encabezada principalmente por los consorcios económicos de la industria forestal. El trasfondo es ese, principalmente cómo nosotros confrontamos con ese poder en el marco de nuestras luchas. Al intendente se le va a presentar una situación compleja, me parece que él dijo que había pensado mucho en asumir el cargo y dos, que dijo que pensaba que no iba a durar mucho en el cargo.
Otra cosa que hizo el Intendente Huenchumilla fue reunirse con los voceros de la cárcel de Angol, ¿Cómo ve esa señal en específico y también cómo ve la nueva huelga de hambre de los comuneros de la Cárcel de Angol y sus planteamientos?
– Yo creo que él sì tiene intenciones, pero estas se limitan por el entramado que tienen atrás que va a coartar un poco la voluntad que tiene el señor Huenchumilla. En esa línea también va el compromiso de interceder por la huelga. ¿Cuánto va a lograr?, está por verse, porque seguramente va a tratar con el ministerio de Justicia y allí se cierran algunas puertas, porque existe la persistencia de la criminalización, lo que obliga a las huelgas por ejemplo. Esto no debiera haber ocurrido el tema de las huelgas. El programa de Bachelet deja claramente establecido que iba a hacerse cargo de las causas de los mapuche encarcelados, incluso se plantea en el programa (de manera ambigua esa sí) que habría una voluntad de desprocesar a los comuneros, pero no se dice cómo, ni el plazo, ni quienes lo van a asumir, por eso decimos que es ambiguo y eso va a obligar a las movilizaciones en torno a la libertad de los presos políticos u otros hechos relacionados. En ese marco se circunscribe la huelga que están llevando los hermanos de Angol y que tienen sus legítimas demandas, son muy legítimas. Obviamente yo no voy a referirme al respecto, porque tienen que ser ellos quienes se refieran a sus puntos. Ahora, si hay solución o no hay solución también va a entregar luces de cómo va a ser la política del Estado.
En otro tema, ¿cómo observa hasta este momento las primeras declaraciones de las autoridades sobre la política de tierras?
– Nosotros entendemos que la política de entrega de tierras se va a mantener en orden a lo que ha sido la gobernanza neoliberal, muy bien administrada por la Concertación. En ese sentido, nosotros decimos que la salida a los conflictos por tierra va a estar en relación a la política indígena que se ha impuesto de un tiempo ya y que se va a mantener tal cual, no va a haber ningún cambio sustancial. Por lo mismo hoy día podemos afirmar que la política de tierras se va a mantener y esta apunta a la desintegración de las comunidades, no resuelve el tema de la demanda y de alguna forma está sujeta a la lógica del mercado, porque se pasa en un tipo de resolución de compra/venta, donde el libre albedrío queda de mano de los propietarios, se hace especulación en relación a las tierras y eso es una solución muy ajustada al modelo capitalista. Es una fórmula que se impuso para confrontar las recuperaciones territoriales y eso se va a mantener, entonces, esta forma de resolución del conflicto por tierras tienen como objetivo claro ser parte de una estrategia de contra- insurgencia social, frenar un poco los procesos autonomistas y de territorialidad que tenemos los mapuches y en ese sentido va a continuar.
Por lo mismo nosotros cuestionamos y prevemos una agudización del conflicto por esta situación y yo creo que este nuevo gobierno a un mes y medio ha mostrado claramente una posición al respecto de mantener esta misma política y por lo mismo van a ser responsables de la agudización del conflicto.
Contexto político
El dirigente también se refirió al artículo 10 del Convenio 169 de la Organización Internacional Trabajo (OIT) indica que se deben buscar “otros medios” antes de la prisión en el caso que se produzcan delitos en el marco de las protestas por reivindicación territorial, afirmando que la aplicación del convenio no rige, porque la razón es persecución política y eso pesa más que algún tipo de consideración jurídica que lo establezca de otra manera. “En la práctica, lo que vemos es todo lo contrario a lo que dice el convenio. A nosotros nunca se nos ha dado la oportunidad de llegar a un CET u otro beneficio, todo lo contrario, se nos aísla. Yo fui sacado de Angol por una política de dispersión de presos políticos, porque estaba en un lugar que era epicentro del movimiento, por lo tanto a mí se me saca de esa zona, se me desarraiga, se me niega la posibilidad de ejercer mis derechos culturales, y eso atenta contra el Convenio”, sostuvo.
Sin embargo, reconoció que la expresión de los relatores internacionales ha ido en ascenso. En ese sentido indicó que las recomendaciones del relator de la ONU, Ben Emmerson, quien fue “bastante fuerte en sus opiniones y consideraciones, lo que creo un nuevo contexto de cuestionamiento en relación a la Ley Antiterrorista”.
Además, indicó “a mí me lo dijo, estuvo con nosotros conversando y dejó muy en claro que nosotros no debíamos estar condenados, porque se hizo sobre la base de un testigo protegido”. En esa línea afirmó que al actual contexto de cuestionamiento a la normativa favorece a colaboradores como Emilio Berkhoff, que también ha sido criminalizado, “podría haber un triunfo político jurídico de desprocesar al hermano, que es lo que nosotros esperamos”. Además, hizo un llamado a las autoridades: “Si la señora Bachelet y el ministerio del Interior dicen que fue un error aplicar la Ley Antiterrorista, piden perdón al respecto, nosotros emplazamos y decimos ¿y aquellos que fuimos sometidos a proceso y condenados por esta ley, donde el estándar de pruebas da cuenta de su utilización y llevamos cinco años encarcelados y seguimos encarcelados, cuál es la solución con nosotros?”. En ese sentido, afirmó que hay que reconocer cuánto es el discurso hacia organismos internacionales y cuál es la realidad.
El líder de la CAM se refirió también a uno de los casos más bullados en la prensa, la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay. Al respecto catalogó los hechos como “lamentables” e indicó que más allá de la ira acumulada por la situación de los colonos en oposición a las comunidades, este tipo de hechos no les sirve para acumular algún tipo de avance en sus planteamientos. Por lo mismo, este caso tuvo más resonancia en la prensa, porque con esto se demoniza también su expresión. “Por lo mismo hemos sido críticos de algún tipo de expresión y creemos que este lamentable crimen se circunscribió en ese marco”, dijo.
El dirigente se pronunció también sobre las detenciones a machis y weichafes, en el marco de la llamada “restitución del weichan”, la auto-convocatoria que se da el pueblo mapuche para luchar y defender su territorio, donde todos los integrantes del pueblo tuvieron roles que les han permitido mantenerse en libertad. En ese sentido, es que apuntan a la restitución de esas figuras de re significación. “Hay un todo en el conjunto del pueblo mapuche, el tema espiritual es importante pero lo reafirmamos sobre la base de la cosmovisión de nuestro pueblo”. En ese sentido, reafirmó los ejes de su organización: la conquista de la autonomía, la lucha anticapitalista y la reconstrucción del ser mapuche y, finalmente, la necesidad de conformar organización, con el fin de recuperar el territorio en un “proceso de liberación nacional”.
Desde la prisión, Héctor Llaitul se pronunció sobre temas de la contingencia relativos a lo que considera “un escenario político y social de continuidad”, y explicó los ejes del movimiento, su lucha por la autonomía y el territorio.
¿Cómo observa el panorama con la llegada de Michelle Bachelet al Gobierno, y sus dichos de campaña sobre la no utilización de la Ley Antiterrorista?
– En relación a la Ley Antiterrorista si se aplica o no se aplica, de alguna manera consideramos significativo el pronunciamiento al respecto y, al parecer, fue una postura oficial porque la escuchamos directamente de la señora Bachelet y después fue ratificado oficialmente por el ministro del Interior. Pero nosotros, al hacer un análisis más profundo de esta situación, consideramos que la Ley Antiterrorista ha exacerbado los ánimos en relación al significado de la criminalización de nuestras demandas, pero no consideramos que sea algo demasiado importante para crear nuevas condiciones en ese marco de criminalización, porque hemos visto que con ella o sin ella la criminalización va a seguir, como una de las políticas del Estado. Independientemente de la aplicación de esta ley, se va a seguir con la persecución política y el encarcelamiento de comuneros mapuche, de militantes, de dirigentes, comprometidos con la causa de nuestro pueblo, esa va a ser una realidad.
La Presidenta Bachelet dice justamente que no es necesario utilizar la Ley Antiterrorista en estos casos, pero indica que la ley común es suficiente para enfrentar este conflicto, ¿cómo ve eso usted?
– Exactamente, eso grafica lo que estamos diciendo, de hecho en las declaraciones que hay de la mayoría de los personeros de Gobierno están diciendo que la justicia debe actuar en algunos casos del conflicto mapuche. Entonces estamos claros que la criminalización, la militarización van a continuar y tal vez algunos hechos que violenten a las comunidades de parte de la institucionalidad. Para nosotros no hay un motivo mayor de cambios en el fondo. Si bien la Ley Antiterrorista cumple una función, porque no está descartada de plano, también existen otras herramientas jurídicas y políticas para perseguir y criminalizar a nuestro pueblo. Nosotros allí en ese ámbito no vemos muy clara una posición al respecto, si van a seguir reprimiendo nuestras legítimas demandas, nuestro legítimo proceso. Ahora, en el entendido también de que hubo una disposición del Gobierno de no aplicarla, no por razones humanitarias tan de fondo, sino más bien políticas, porque la aplicación de la Ley Antiterrorista no se ajusta a estándares internacionales para el derecho al debido proceso que debiéramos tener los que somos encausados por el llamado conflicto mapuche, entonces hay también una presión internacional y la idea de quedar bien con esos estándares, pero sin duda que van a haber otras medidas que van a dar continuidad a esta política represiva.
Considerando la continuidad que plantea sobre la política de criminalización ¿cómo evalúa la figura del ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo?
– Particularmente el caso del ministro del Interior es bastante claro al respecto. Él fue gobernador de Arauco hace aproximadamente diez años, justamente en un contexto de fuertes movilizaciones de las comunidades por la recuperación de tierras y derechos políticos, y se comenzó a ocupar la Ley Antiterrorista a partir de ese tiempo, porque la primera aplicación de la ley es en el 2003 en el contexto de la persecución a la coordinadora Arauco Malleco en los tribunales de Temuco, sin embargo también en la zona de Arauco donde era Gobernador el ministro actual, hubo una persecución y una querella presentada por la autoridad del momento.
Nosotros estamos claros en que no es tan fácil decir que no se va a aplicar cuando hay algún compromiso anterior de que sí se aplicó y se hizo en forma doble, porque en mi caso personal, yo fui como uno de los dirigentes de ese momento que fui querellado por la Ley Antiterrorista, en circunstancias de que ya estaba siendo perseguido y acusado por lo mismo en la zona de la novena región. Nosotros tendríamos que remitirnos también a los antecedentes de las nuevas autoridades políticas, qué tan coherentes son en sus planteamientos ahora.
En esa línea, ¿Cómo están viendo las palabras y señales del Intendente de La Araucanía Francisco Huernchumilla?
– Yo haría una separación, y tal vez tiene que ver con uno de los procesos importantes en la lucha de nuestro pueblo y tiene que ver con lo que nos ha pasado a todos los mapuches en algún sentido. Es un poco un rescate de la identidad, la resignificación de lo propio, el tema mapuche. Yo creo que al señor Huenchumilla algo de eso también le ha pasado, pero no lo veo solamente en ese marco. Hay algunos dichos de él que lo grafican en ese sentido, por ejemplo, decir que este es un problema que tiene una data de 130 años es un gran avance por parte de una autoridad política y que ha instalado fuerte en el contexto de la discusión. Sin embargo, nosotros lo vemos a él como la expresión de lo que se quiere de los mapuche, que estemos integrados, que seamos parte de la sociedad chilena, la sociedad mayor, una sociedad que tiene su entramado político, ideológico y que para el pueblo mapuche lo que más fuerte se plantea es la integración forzada de los mapuche, o sea convertir a los mapuche en chilenos. Además que Huenchumilla es militante de un partido, el Partido Demócrata Cristiano y nosotros entendemos de nuestra postura autonomista que cualquier tipo de expresión desde los partidos es una práctica de dominación hacia nuestro pueblo, se persiste de alguna manera en participar en un sistema trazado desde la oficialidad. Entonces, hay una intromisión de la cultura dominante de lo que respecta a la situación de nuestro pueblo y es a través de eso que se va consolidando estos marcos de opresión. Por lo tanto, lo vemos como a una figura que representa la oficialidad, al quehacer político del Estado.
Francisco Huenchumilla, intendente de Araucanía
Sin embargo, tampoco descarto la intención política que va un poco más allá, pero esto rápidamente se puedes diluir en lo que él representa. Lo vemos a él como parte del entramado del poder, por ejemplo yo podría rescatar dos situaciones de sus dichos que son interesantes, como cuando se refiere al perdón al pueblo mapuche, porque grafica que hay una responsabilidad de parte del Estado. Ahora, si usted se da cuenta, posteriormente él dice que es una declaración personal y no representa al Estado. Lo otro es que, tiempo atrás, yo recuerdo que en una reunión con los sectores empresariales planteó derechamente que el problema pasaba directamente porque las forestales abandonaran el territorio mapuche, y él lo planteó derechamente y yo creo que por allí va el asunto. No sé si lo dijo porque se sintió interpelado por el movimiento en su conjunto, por ser mapuche, porque nosotros lo hemos planteado con tanta fuerza, que ha significado un avance sustantivo en el pensamiento político de nuestros hermanos, indistintamente de las agrupaciones que existan, de que la visión tienen que ser anticapitalista y que el problema es contra el sistema que nos oprime que es el sistema que está sustentado en la propiedad usurpada que tienen las forestales principalmente. (…) Él dejó eso al gobierno y yo hoy día lo volvería a increpar directamente.
Hay quienes dicen que el Intendente no tiene necesariamente piso político y, como usted recordaba, hay declaraciones que ha hecho “a título personal”, ¿Comparte usted esta mirada?
– Lo compartimos, porque estamos claros que en este país el poder lo tienen los grupos económicos, el empresariado y lo que determinan es lo que se puede hacer, y sobre todo en la territorialidad mapuche, donde el empresariado es muy poderoso, y la clase política va en función del empresariado. En la CAM nos dedicamos anticapitalistas y nuestro enemigo principal es el capitalismo. Hoy sufrimos una tercera invasión, la primera fueron los españoles, al segunda fue el Estado chileno cuando se conforma y arremete contra el Wallmapu, pero esta es una tercera invasión, del sistema capitalista encabezada principalmente por los consorcios económicos de la industria forestal. El trasfondo es ese, principalmente cómo nosotros confrontamos con ese poder en el marco de nuestras luchas. Al intendente se le va a presentar una situación compleja, me parece que él dijo que había pensado mucho en asumir el cargo y dos, que dijo que pensaba que no iba a durar mucho en el cargo.
Otra cosa que hizo el Intendente Huenchumilla fue reunirse con los voceros de la cárcel de Angol, ¿Cómo ve esa señal en específico y también cómo ve la nueva huelga de hambre de los comuneros de la Cárcel de Angol y sus planteamientos?
– Yo creo que él sì tiene intenciones, pero estas se limitan por el entramado que tienen atrás que va a coartar un poco la voluntad que tiene el señor Huenchumilla. En esa línea también va el compromiso de interceder por la huelga. ¿Cuánto va a lograr?, está por verse, porque seguramente va a tratar con el ministerio de Justicia y allí se cierran algunas puertas, porque existe la persistencia de la criminalización, lo que obliga a las huelgas por ejemplo. Esto no debiera haber ocurrido el tema de las huelgas. El programa de Bachelet deja claramente establecido que iba a hacerse cargo de las causas de los mapuche encarcelados, incluso se plantea en el programa (de manera ambigua esa sí) que habría una voluntad de desprocesar a los comuneros, pero no se dice cómo, ni el plazo, ni quienes lo van a asumir, por eso decimos que es ambiguo y eso va a obligar a las movilizaciones en torno a la libertad de los presos políticos u otros hechos relacionados. En ese marco se circunscribe la huelga que están llevando los hermanos de Angol y que tienen sus legítimas demandas, son muy legítimas. Obviamente yo no voy a referirme al respecto, porque tienen que ser ellos quienes se refieran a sus puntos. Ahora, si hay solución o no hay solución también va a entregar luces de cómo va a ser la política del Estado.
En otro tema, ¿cómo observa hasta este momento las primeras declaraciones de las autoridades sobre la política de tierras?
– Nosotros entendemos que la política de entrega de tierras se va a mantener en orden a lo que ha sido la gobernanza neoliberal, muy bien administrada por la Concertación. En ese sentido, nosotros decimos que la salida a los conflictos por tierra va a estar en relación a la política indígena que se ha impuesto de un tiempo ya y que se va a mantener tal cual, no va a haber ningún cambio sustancial. Por lo mismo hoy día podemos afirmar que la política de tierras se va a mantener y esta apunta a la desintegración de las comunidades, no resuelve el tema de la demanda y de alguna forma está sujeta a la lógica del mercado, porque se pasa en un tipo de resolución de compra/venta, donde el libre albedrío queda de mano de los propietarios, se hace especulación en relación a las tierras y eso es una solución muy ajustada al modelo capitalista. Es una fórmula que se impuso para confrontar las recuperaciones territoriales y eso se va a mantener, entonces, esta forma de resolución del conflicto por tierras tienen como objetivo claro ser parte de una estrategia de contra- insurgencia social, frenar un poco los procesos autonomistas y de territorialidad que tenemos los mapuches y en ese sentido va a continuar.
Por lo mismo nosotros cuestionamos y prevemos una agudización del conflicto por esta situación y yo creo que este nuevo gobierno a un mes y medio ha mostrado claramente una posición al respecto de mantener esta misma política y por lo mismo van a ser responsables de la agudización del conflicto.
Contexto político
El dirigente también se refirió al artículo 10 del Convenio 169 de la Organización Internacional Trabajo (OIT) indica que se deben buscar “otros medios” antes de la prisión en el caso que se produzcan delitos en el marco de las protestas por reivindicación territorial, afirmando que la aplicación del convenio no rige, porque la razón es persecución política y eso pesa más que algún tipo de consideración jurídica que lo establezca de otra manera. “En la práctica, lo que vemos es todo lo contrario a lo que dice el convenio. A nosotros nunca se nos ha dado la oportunidad de llegar a un CET u otro beneficio, todo lo contrario, se nos aísla. Yo fui sacado de Angol por una política de dispersión de presos políticos, porque estaba en un lugar que era epicentro del movimiento, por lo tanto a mí se me saca de esa zona, se me desarraiga, se me niega la posibilidad de ejercer mis derechos culturales, y eso atenta contra el Convenio”, sostuvo.
Sin embargo, reconoció que la expresión de los relatores internacionales ha ido en ascenso. En ese sentido indicó que las recomendaciones del relator de la ONU, Ben Emmerson, quien fue “bastante fuerte en sus opiniones y consideraciones, lo que creo un nuevo contexto de cuestionamiento en relación a la Ley Antiterrorista”.
Además, indicó “a mí me lo dijo, estuvo con nosotros conversando y dejó muy en claro que nosotros no debíamos estar condenados, porque se hizo sobre la base de un testigo protegido”. En esa línea afirmó que al actual contexto de cuestionamiento a la normativa favorece a colaboradores como Emilio Berkhoff, que también ha sido criminalizado, “podría haber un triunfo político jurídico de desprocesar al hermano, que es lo que nosotros esperamos”. Además, hizo un llamado a las autoridades: “Si la señora Bachelet y el ministerio del Interior dicen que fue un error aplicar la Ley Antiterrorista, piden perdón al respecto, nosotros emplazamos y decimos ¿y aquellos que fuimos sometidos a proceso y condenados por esta ley, donde el estándar de pruebas da cuenta de su utilización y llevamos cinco años encarcelados y seguimos encarcelados, cuál es la solución con nosotros?”. En ese sentido, afirmó que hay que reconocer cuánto es el discurso hacia organismos internacionales y cuál es la realidad.
El líder de la CAM se refirió también a uno de los casos más bullados en la prensa, la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay. Al respecto catalogó los hechos como “lamentables” e indicó que más allá de la ira acumulada por la situación de los colonos en oposición a las comunidades, este tipo de hechos no les sirve para acumular algún tipo de avance en sus planteamientos. Por lo mismo, este caso tuvo más resonancia en la prensa, porque con esto se demoniza también su expresión. “Por lo mismo hemos sido críticos de algún tipo de expresión y creemos que este lamentable crimen se circunscribió en ese marco”, dijo.
El dirigente se pronunció también sobre las detenciones a machis y weichafes, en el marco de la llamada “restitución del weichan”, la auto-convocatoria que se da el pueblo mapuche para luchar y defender su territorio, donde todos los integrantes del pueblo tuvieron roles que les han permitido mantenerse en libertad. En ese sentido, es que apuntan a la restitución de esas figuras de re significación. “Hay un todo en el conjunto del pueblo mapuche, el tema espiritual es importante pero lo reafirmamos sobre la base de la cosmovisión de nuestro pueblo”. En ese sentido, reafirmó los ejes de su organización: la conquista de la autonomía, la lucha anticapitalista y la reconstrucción del ser mapuche y, finalmente, la necesidad de conformar organización, con el fin de recuperar el territorio en un “proceso de liberación nacional”.
