El proyecto de ley tiene por objetivo regular los procesos de revocación de reconocimiento oficial de las universidades, institutos o centros de formación técnica, por lo que el delegado funcionará tanto para la administración provisional o para su cierre; y además se consideran nuevas causales para el arbitraje.
La Presidenta Michelle Bachelet aseguró que de esta manera, ante el eventual cierre de una casa de estudios, sus estudiantes no quedarán “desprotegidos ni en lo académico ni en lo financiero”.
A su vez, el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, reconoció que la iniciativa se complementará junto a otras, por lo que no enfrenta en su totalidad los problemas que el lucro genera en la educación superior: “Para eso es necesario una ley más compleja, una ley larga que es la Ley de Superintendencia de Educación que será enviada dentro de los cien primeros días, pero posterior al 21 de mayo. De alguna manera esta ley de administrador provisional es una ley corta para dar solución a estudiantes que eventualmente podrían quedar en la calle, pero la ley que va haciendo un paralelo con la medicina, hacer la medicina preventiva para que estas cosas no ocurran en el futuro es la Ley de Superintendencia de Educación Superior”.
Mientras el vicepresidente ejecutivo del CRUCH –y rector de la USACH-, Juan Manuel Zolezzi, ve con buenos ojos el anuncio, e indicó que “cuando el descalabro es tal, alguien debe intervenir. Estamos hablando de instituciones que pierden su autonomía, entonces lo mejor que puede hacer el Estado es salvarla y luego de ese período proponer el cierre de la institución”.
Si bien parlamentarios de la Nueva Mayoría celebraron la iniciativa, y otros independientes ya comprometieron su respaldo (como el senador por Magallanes, Carlos Bianchi), el diputado de Evópoli, Felipe Kast, cree que el proyecto se debió enviar después de otros documentos más profundos y complejos.
Kast manifestó sus diferencias por “no tolerar que se abra ninguna universidad si no está a la altura, no dejar que funcione ninguna universidad si no está a la altura, y por lo mismo lo que vamos a plantearle al ministro de Educación cuando vaya a la Comisión de Educación, que ojalá primero ingrese el proyecto de Superintendencia de Educación Superior y sobre todo el proyecto de Acreditación al nivel que signifique para una universidad estar tranquila, que está cumpliendo con el estándar y no que de la noche a la mañana se dé cuenta de que llega el Estado y le dice usted no está haciendo bien la pega sin haber sido advertida previamente sobre cuáles fueron sus falencias”, indicó.
Finalmente, Grace Arcos, vocera de la Organización de Federaciones de Educación Superior Privada (Ofesup), señaló que el anuncio es valorado, pero que aún debe ser estudiado en profundidad: “Siempre es positivo que salgan proyectos de ley, pero deben ir de la mano con los movimientos sociales. El ideal es que participen todos los estamentos de la universidad, ver a qué apunta y seguir desarrollando este tema”.
Desde diversas agrupaciones estudiantiles, como la Confech, señalaron que la medida era necesaria y urgente, pero que es necesario revisar la llamada “letra chica”.
El proyecto de ley tiene por objetivo regular los procesos de revocación de reconocimiento oficial de las universidades, institutos o centros de formación técnica, por lo que el delegado funcionará tanto para la administración provisional o para su cierre; y además se consideran nuevas causales para el arbitraje.
La Presidenta Michelle Bachelet aseguró que de esta manera, ante el eventual cierre de una casa de estudios, sus estudiantes no quedarán “desprotegidos ni en lo académico ni en lo financiero”.
A su vez, el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, reconoció que la iniciativa se complementará junto a otras, por lo que no enfrenta en su totalidad los problemas que el lucro genera en la educación superior: “Para eso es necesario una ley más compleja, una ley larga que es la Ley de Superintendencia de Educación que será enviada dentro de los cien primeros días, pero posterior al 21 de mayo. De alguna manera esta ley de administrador provisional es una ley corta para dar solución a estudiantes que eventualmente podrían quedar en la calle, pero la ley que va haciendo un paralelo con la medicina, hacer la medicina preventiva para que estas cosas no ocurran en el futuro es la Ley de Superintendencia de Educación Superior”.
Mientras el vicepresidente ejecutivo del CRUCH –y rector de la USACH-, Juan Manuel Zolezzi, ve con buenos ojos el anuncio, e indicó que “cuando el descalabro es tal, alguien debe intervenir. Estamos hablando de instituciones que pierden su autonomía, entonces lo mejor que puede hacer el Estado es salvarla y luego de ese período proponer el cierre de la institución”.
Si bien parlamentarios de la Nueva Mayoría celebraron la iniciativa, y otros independientes ya comprometieron su respaldo (como el senador por Magallanes, Carlos Bianchi), el diputado de Evópoli, Felipe Kast, cree que el proyecto se debió enviar después de otros documentos más profundos y complejos.
Kast manifestó sus diferencias por “no tolerar que se abra ninguna universidad si no está a la altura, no dejar que funcione ninguna universidad si no está a la altura, y por lo mismo lo que vamos a plantearle al ministro de Educación cuando vaya a la Comisión de Educación, que ojalá primero ingrese el proyecto de Superintendencia de Educación Superior y sobre todo el proyecto de Acreditación al nivel que signifique para una universidad estar tranquila, que está cumpliendo con el estándar y no que de la noche a la mañana se dé cuenta de que llega el Estado y le dice usted no está haciendo bien la pega sin haber sido advertida previamente sobre cuáles fueron sus falencias”, indicó.
Finalmente, Grace Arcos, vocera de la Organización de Federaciones de Educación Superior Privada (Ofesup), señaló que el anuncio es valorado, pero que aún debe ser estudiado en profundidad: “Siempre es positivo que salgan proyectos de ley, pero deben ir de la mano con los movimientos sociales. El ideal es que participen todos los estamentos de la universidad, ver a qué apunta y seguir desarrollando este tema”.
Desde diversas agrupaciones estudiantiles, como la Confech, señalaron que la medida era necesaria y urgente, pero que es necesario revisar la llamada “letra chica”.
El proyecto de ley tiene por objetivo regular los procesos de revocación de reconocimiento oficial de las universidades, institutos o centros de formación técnica, por lo que el delegado funcionará tanto para la administración provisional o para su cierre; y además se consideran nuevas causales para el arbitraje.
La Presidenta Michelle Bachelet aseguró que de esta manera, ante el eventual cierre de una casa de estudios, sus estudiantes no quedarán “desprotegidos ni en lo académico ni en lo financiero”.
A su vez, el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, reconoció que la iniciativa se complementará junto a otras, por lo que no enfrenta en su totalidad los problemas que el lucro genera en la educación superior: “Para eso es necesario una ley más compleja, una ley larga que es la Ley de Superintendencia de Educación que será enviada dentro de los cien primeros días, pero posterior al 21 de mayo. De alguna manera esta ley de administrador provisional es una ley corta para dar solución a estudiantes que eventualmente podrían quedar en la calle, pero la ley que va haciendo un paralelo con la medicina, hacer la medicina preventiva para que estas cosas no ocurran en el futuro es la Ley de Superintendencia de Educación Superior”.
Mientras el vicepresidente ejecutivo del CRUCH –y rector de la USACH-, Juan Manuel Zolezzi, ve con buenos ojos el anuncio, e indicó que “cuando el descalabro es tal, alguien debe intervenir. Estamos hablando de instituciones que pierden su autonomía, entonces lo mejor que puede hacer el Estado es salvarla y luego de ese período proponer el cierre de la institución”.
Si bien parlamentarios de la Nueva Mayoría celebraron la iniciativa, y otros independientes ya comprometieron su respaldo (como el senador por Magallanes, Carlos Bianchi), el diputado de Evópoli, Felipe Kast, cree que el proyecto se debió enviar después de otros documentos más profundos y complejos.
Kast manifestó sus diferencias por “no tolerar que se abra ninguna universidad si no está a la altura, no dejar que funcione ninguna universidad si no está a la altura, y por lo mismo lo que vamos a plantearle al ministro de Educación cuando vaya a la Comisión de Educación, que ojalá primero ingrese el proyecto de Superintendencia de Educación Superior y sobre todo el proyecto de Acreditación al nivel que signifique para una universidad estar tranquila, que está cumpliendo con el estándar y no que de la noche a la mañana se dé cuenta de que llega el Estado y le dice usted no está haciendo bien la pega sin haber sido advertida previamente sobre cuáles fueron sus falencias”, indicó.
Finalmente, Grace Arcos, vocera de la Organización de Federaciones de Educación Superior Privada (Ofesup), señaló que el anuncio es valorado, pero que aún debe ser estudiado en profundidad: “Siempre es positivo que salgan proyectos de ley, pero deben ir de la mano con los movimientos sociales. El ideal es que participen todos los estamentos de la universidad, ver a qué apunta y seguir desarrollando este tema”.
Desde diversas agrupaciones estudiantiles, como la Confech, señalaron que la medida era necesaria y urgente, pero que es necesario revisar la llamada “letra chica”.
