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Año XI, 14 de octubre de 2019

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Boleta de garantía pedida a Marcha por el Agua reabre debate por costos de manifestaciones

Organizaciones sociales reaccionaron molestas luego que el municipio de Santiago intentara que los organizadores de la manifestación presentaran el documento.

Paula Correa

  Domingo 11 de mayo 2014 20:55 hrs. 
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Una boleta en garantía para poder realizar en el Parque Almagro el acto central de la Marcha del Agua solicitó el comité Vía Pública de la municipalidad de Santiago a los coordinadores de la movilización, que agrupó a más de 80 organizaciones sociales de distintos puntos del país.

Primero se pedían cerca de tres millones de pesos, luego el monto se redujo a un millón y finalmente se canceló la solicitud.

Esto inquietó a las organizaciones, que afirman haber incluso “normalizado” la petición hasta comprender que el derecho a reunión está garantizado por la Constitución y no puede haber ningún tipo de condicionamiento económico, por lo que, si persistía la solicitud, tenían el derecho de presentar un recurso de protección.

Esto fue expuesto por los Observadores de Derechos Humanos de la Casa de Memoria José Domingo Cañas, quienes afirmaron que se busca amedrentar a los manifestantes.

La coordinadora del organismo, Marta Cisternas, dijo que “es otra forma de castigar y es como decirte ‘tú, ciudadano, hazte cargo, pero yo, el Estado, no me hago cargo’. El Estado debe garantizar el derecho a la manifestación, movilización y protesta social. Eso lo dicen todos los tratados internacionales que ha firmado Chile, no es algo que estemos inventando. Cuando hacen que el organizador entregue un cheque en garantía, en el fondo, no se están haciendo cargo de su rol”.

El encargado del Comité Vía Pública de la municipalidad de Santiago, Hernán Ortega, estimó que las marchas se deben analizar en el contexto de la organización y gestión de la ciudad, ya que implican costos no considerados en los presupuestos municipales y afectan la calidad de vida de los vecinos.

En ese sentido, indicó que “los derechos de los manifestantes no pueden invadir los derechos de los habitantes de la comuna”.

El funcionario indicó además que la solicitud se retiró porque no les interesa “aparecer obstaculizando la libertad de derechos”, sino que querían instalar otro tema.

“¿Quién paga la cuenta? Eso es lo que hay que resolver y es lo que se ha planteado. Por ejemplo, este mes ya tuvimos la marcha del agua y la de los estudiantes. El próximo fin de semana tenemos dos marchas de grupos supuestamente de minorías, como el Movilh y Mums, pero que convocan a 60 u 80 mil personas. Tienen dos actos programados y a ellos les pedimos lo mismo”, señaló.

El encargado de gestión vial afirmó que tampoco tienen formas de exigir a las organizaciones el cumplimiento de sus acuerdos y que el tema no está reglado. “Nosotros estamos dispuestos a conversar, pero lo importante es que esto no quede al aire eternamente”, sostuvo.

Cabe recordar que la alcaldesa Carolina Tohá ha afirmado que la Alameda es el lugar apropiado para manifestaciones, pero planteó que exista un fondo nacional para hacerse cargo de esos costos.

Esta parece una opción más razonable, porque el cargo se le hace al Estado, según sostuvo Consuelo Infante, colaboradora del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA).

“Uno puede preguntarse: si queda la embarrada, ¿por qué tiene que cargar la municipalidad? Bueno, tiene que hacerlo la municipalidad o el Estado, porque la cultura que se está generando en este país conduce a que queden embarradas. Tenemos que articular un tejido social que apunte hacia otro lado, pero no hacernos cargo de la precaria cultura que se ha generado en participación, empoderamiento y protagonismo, como haciéndonos cargo de las externalidades”, indicó.

Radio Universidad de Chile contactó a la Intendencia Metropolitana, que autorizó las cuatro marchas que convergían en el parque. Pese a no ser ellos quienes exigieron la boleta, afirmaron que no se referirían al tema.