El proyecto que crea la figura de un interventor provisional para universidades y colegios en que se haya acreditado lucro ha generado diversas reacciones en el mundo político.
La autoridad será nombrada por el ministerio de Educacion para diseñar e implementar un plan de estabilización o cierre de instituciones educativas a las que se les haya comprobado que actuaron con fines de lucro, lo que provocaría que las facultades del rector o máxima autoridad de la casa de estudios queden sin efecto.
Así lo indicó el diputado Giorgio Jackson (RD), quien se mostró conforme con la iniciativa: “Nombra dos figuras, un administrador provisional y un administrador de cierre. No podemos repetir el desastre que hubo con la Universidad del Mar y hay que tomar las medidas precautorias. Hay muchos estudiantes con incertidumbre porque sus instituciones están siendo investigadas por temas de lucro y es mejor anticiparse a esos temas. Es sumamente necesario que exista una figura como el interventor del Estado, como ya existe en el sistema primario y secundario”, dijo.
Por su parte, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC), Naschla Aburman, se sumó a las palabras del ex líder estudiantil, no obstante advirtió que la reforma educacional no se reduce a esta medida: “Me parece positivo, era una medida que había que tomar lo antes posible. Entendemos que la reforma no se reduce al interventor, por supuesto, pero es evidente que hay que dar solución a quienes hoy son parte del problema y me parece que esto apunta en esa dirección, porque está lejos de solucionar el problema de la educación”.
Sin embargo, la dirigenta advirtió que se debe “ver qué pasa una vez que el proyecto entre al Congreso, porque todos sabemos lo que pasa allá adentro, si van a primar los intereses personales de los distintos sectores políticos o si va a primar el verdadero compromiso con una reforma y con los cambios que necesita el país”.
Por otra parte, los diputados UDI Jaime Bellolio, José Antonio Kast y María José Hoffmann solicitaron a la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, que retire la suma urgencia que tiene el proyecto, al que tildaron “inconstitucional”.
Ante esto, el jefe de la División de Educación Superior, Francisco Martínez, respondió que estudiarían la solicitud.
Por su parte, el presidente de la organización Educación 2020, Mario Waissbluth, indicó que este proyecto era absolutamente necesario: “No solo nos parece positivo, nos parece que era la ley más urgente que tenía que mandar el Gobierno al Congreso. Hay estudiantes y funcionarios de universidades en peligro y es imperativo que se trate de proteger, en una de esas, a decenas de miles de estudiantes que podrían quedar damnificados, además de profesores y funcionarios, en caso que la Fiscalía ejerza algún tipo de dictamen que impida que esas universidad continúen funcionando”, indicó.
El proyecto está en primer trámite legislativo. Si se mantiene la suma urgencia, se votaría el martes y al día siguiente se debería despachar a la comisión de Hacienda, que tiene cuatro días para analizarlo.