Con el objetivo de realizar trabajos de exploración, este jueves, funcionarios de la Empresa Nacional Minera de Ecuador (Enami EP) llegaron hasta la zona de Íntag, ubicada en la provincia de Imbabura, en el norte del país, con el apoyo de un importante contingente policial, lo que generó preocupación entre los habitantes.
Se trata de un proyecto que busca la extracción de cobre, que también considera la participación de la estatal chilena Codelco, en un valle en el que viven alrededor de 17 mil personas, donde existen agrupaciones que han manifestado su apoyo a la iniciativa, así como otras que lo rechazan.
Entre éstas, apuntan a la defensa de las fuentes de agua, bosques y agricultura que representa el pilar fundamental de la organización económica local.
Por su parte, la empresa ecuatoriana se defendió en su cuenta de twitter, asegurando que se trató de un ingreso pacífico a la zona de Llurimagua, puesto que “la Enami no pretende ingresar a la fuerza a ninguna parte. Sí proteger a ciudadanos, técnicos con derechos y familias, de agresiones que han sucedido”.
En un contexto de gobiernos progresistas que han estatizado la administración de los recursos naturales, el director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Lucio Cuenca, plantea que en el caso de Ecuador las autoridades se han propuesto desarrollar la minería a gran escala, donde el proyecto Íntag es un importante referente, pero con poca claridad en cuanto a los beneficios sociales que podrían generarse.
“Esto es producto de una política que se ha reproducido en algunos países con gobiernos progresistas, que para sostener determinadas políticas sociales han optado por mantener el sistema productivo extractivista de recursos naturales, por esta necesidad de tener muchos recursos frescos y satisfacer estas políticas asistencialistas”, explica.
Asimismo, no oculta su preocupación, ya que “esto está generando fuertes situaciones de conflicto, como es el caso de la provincia de Imbabura, donde de la mano de la empresa estatal ecuatoriana estaría ingresando Codelco, para desarrollar un proyecto de explotación minera”.
En esa misma línea, el economista Sebastián Ainzúa se detiene en lo que denomina como el fenómeno del neoextractivismo, donde el modelo de extracción de recursos naturales se mantiene, pero con la diferencia de que hoy los que gobiernan son sectores de izquierda.
A esto agrega el peligro de utilizar un discurso basado en lo nacional para justificar una avanzada extractivista, en el que las personas que protegen el medio ambiente han pasado a ser opositores al desarrollo.
“Hay una discusión de muy corto plazo respecto de los recursos. Los países están avanzando en la extracción de recursos naturales en esta lógica de obtener la mayor cantidad de rentabilidad de ingresos posibles, asociados a estas industrias extractivas que hoy, además, presentan muy altos precios. La pregunta es qué es lo que va a quedar después de ese proceso”, advierte.
El propio economista aclara que “lo que se está contraponiendo ahí no son solo rentas versus una comunidad, sino que se está poniendo en riesgo un proceso biológico y sistémico que probablemente no está valorado. El problema no es tanto en qué manos están las empresas, porque lamentablemente los procesos siguen siendo iguales”.
Otro factor a considerar es que en la práctica la nacionalización de los recursos naturales ha tenido muchos obstáculos, donde lo que finalmente se ha hecho es cambiar las reglas del juego en la vinculación con las multinacionales.
Así lo afirma la analista Paz Milet, académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, quien además apunta a la necesidad de desarrollar alianzas políticas y económicas.
“A pesar de los objetivos que tengan estos gobiernos, la verdad es que están muy condicionados por limitantes que les permitan desarrollar estas actividades productivas. Por un lado, no pueden actuar en contra de las multinacionales, que son empresas fundamentales para el Producto Interno Bruto de sus propios países. Y lo otro, es que básicamente son gobiernos que no están en condiciones de desarrollar esas actividades productivas de manera eficiente”, concluye.
Cabe destacar que los trabajos de sondaje que realiza Enami EP en alianza con Codelco, luego del protocolo firmado por ambas empresas estatales, ha incluido más de 20 posibilidades, donde la más relevante es precisamente Llurimagua, proceso que se encuentra a la espera de obtener los permisos ambientales en el marco de su última etapa de exploración.