Hasta el total despacho del proyecto sesionaron los miembros de la comisión de Educación de la Cámara Baja, quienes aprobaron en general la iniciativa presentada por el Ejecutivo.
Con la presencia del ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, los diputados aprobaron en general este proyecto que crea la figura de “administrador provisional”, que opera con amplias facultades bajo una serie de condiciones previas para su aparición.
Con diez votos a favor, tres abstenciones y ninguno en contra, destacaron entre las aprobaciones el diputado UDI Romilio Gutiérrez y el representante de Evópoli Felipe Kast.
A ratos tensa, la discusión se desarrolló principalmente respecto del carácter interventor que tiene esta figura legal, criticada por los parlamentarios de la Alianza y defendida por la Nueva Mayoría.
La ex ministra de Educación Yasna Provoste fue una de las que enfatizó en que el administrador provisional solo incide luego de superar varias etapas previas.
“Otorga al ministerio de Educación facultades de intervenir transitoriamente, o de administrar provisionalmente una institución de educación superior, pero después de una investigación, después que ha habido acuerdo del Consejo Nacional de Educación y de que se le ha dado plazo a las entidades para que establezcan compromisos y mejoras”, explicó.
Por su parte, Felipe Kast valoró la inclusión de indicaciones previo a la votación, pero también fue el encargado de presentar los reparos de la Alianza.
“La figura de una intervención acompañada, lo que permitía, era respetar el espíritu original del proyecto educativo con un plan de mejoras. De forma tal que esto no sea simplemente una intervención administrativa, sino que de modo profundo permitiera avanzar en la mejora que el mismo ministerio de Educación buscaba. El hecho de que en el caso de los colegios el plazo de la intervención sea indefinido, creemos que habla de un proceso posible de desmunicipalizar por decreto”, manifestó.
Desde el Partido Comunista, Camila Vallejo enfatizó que fue el movimiento social el que puso urgencia a este proyecto, que busca resguardar a los estudiantes y trabajadores de instituciones que necesiten de la intervención del Estado.
“No ha sido únicamente la Cámara la que ha anunciado esto. También las mismas organizaciones estudiantiles y el movimiento social han planteado la necesidad de regular nuestro sistema y cambiar las reglas del juego, nuestra institucionalidad en materia de educación. Y también hacer que el Estado se haga cargo de resguardar ciertos derechos, y particularmente el derecho a la educación”, destacó.
La figura del administrador provisional se crea como una ley corta, es decir, con un plazo acotado mientras se crea la Superintendencia de Educación, la que tendría las mismas facultades.
Serán dos los roles del administrador. Por una parte, actuar aplicando un plan provisional y, por otra, aplicar un plan de cierre de una institución, nueva facultad que se agregaría para el caso de los establecimientos escolares.
Una participación fundamental tendría el Consejo Nacional de Educación, que hasta el momento sería el ente que evaluará la pertinencia y aprobará la creación del administrador provisional.
Una vez que se analice en la comisión de Educación, el proyecto pasará a la comisión de Hacienda, la que tendrá cuatro días para analizar la iniciativa. Posteriormente, será votada en la Sala, para luego ser enviada al Senado.
Hasta el total despacho del proyecto sesionaron los miembros de la comisión de Educación de la Cámara Baja, quienes aprobaron en general la iniciativa presentada por el Ejecutivo.
Con la presencia del ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, los diputados aprobaron en general este proyecto que crea la figura de “administrador provisional”, que opera con amplias facultades bajo una serie de condiciones previas para su aparición.
Con diez votos a favor, tres abstenciones y ninguno en contra, destacaron entre las aprobaciones el diputado UDI Romilio Gutiérrez y el representante de Evópoli Felipe Kast.
A ratos tensa, la discusión se desarrolló principalmente respecto del carácter interventor que tiene esta figura legal, criticada por los parlamentarios de la Alianza y defendida por la Nueva Mayoría.
La ex ministra de Educación Yasna Provoste fue una de las que enfatizó en que el administrador provisional solo incide luego de superar varias etapas previas.
“Otorga al ministerio de Educación facultades de intervenir transitoriamente, o de administrar provisionalmente una institución de educación superior, pero después de una investigación, después que ha habido acuerdo del Consejo Nacional de Educación y de que se le ha dado plazo a las entidades para que establezcan compromisos y mejoras”, explicó.
Por su parte, Felipe Kast valoró la inclusión de indicaciones previo a la votación, pero también fue el encargado de presentar los reparos de la Alianza.
“La figura de una intervención acompañada, lo que permitía, era respetar el espíritu original del proyecto educativo con un plan de mejoras. De forma tal que esto no sea simplemente una intervención administrativa, sino que de modo profundo permitiera avanzar en la mejora que el mismo ministerio de Educación buscaba. El hecho de que en el caso de los colegios el plazo de la intervención sea indefinido, creemos que habla de un proceso posible de desmunicipalizar por decreto”, manifestó.
Desde el Partido Comunista, Camila Vallejo enfatizó que fue el movimiento social el que puso urgencia a este proyecto, que busca resguardar a los estudiantes y trabajadores de instituciones que necesiten de la intervención del Estado.
“No ha sido únicamente la Cámara la que ha anunciado esto. También las mismas organizaciones estudiantiles y el movimiento social han planteado la necesidad de regular nuestro sistema y cambiar las reglas del juego, nuestra institucionalidad en materia de educación. Y también hacer que el Estado se haga cargo de resguardar ciertos derechos, y particularmente el derecho a la educación”, destacó.
La figura del administrador provisional se crea como una ley corta, es decir, con un plazo acotado mientras se crea la Superintendencia de Educación, la que tendría las mismas facultades.
Serán dos los roles del administrador. Por una parte, actuar aplicando un plan provisional y, por otra, aplicar un plan de cierre de una institución, nueva facultad que se agregaría para el caso de los establecimientos escolares.
Una participación fundamental tendría el Consejo Nacional de Educación, que hasta el momento sería el ente que evaluará la pertinencia y aprobará la creación del administrador provisional.
Una vez que se analice en la comisión de Educación, el proyecto pasará a la comisión de Hacienda, la que tendrá cuatro días para analizar la iniciativa. Posteriormente, será votada en la Sala, para luego ser enviada al Senado.
Hasta el total despacho del proyecto sesionaron los miembros de la comisión de Educación de la Cámara Baja, quienes aprobaron en general la iniciativa presentada por el Ejecutivo.
Con la presencia del ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, los diputados aprobaron en general este proyecto que crea la figura de “administrador provisional”, que opera con amplias facultades bajo una serie de condiciones previas para su aparición.
Con diez votos a favor, tres abstenciones y ninguno en contra, destacaron entre las aprobaciones el diputado UDI Romilio Gutiérrez y el representante de Evópoli Felipe Kast.
A ratos tensa, la discusión se desarrolló principalmente respecto del carácter interventor que tiene esta figura legal, criticada por los parlamentarios de la Alianza y defendida por la Nueva Mayoría.
La ex ministra de Educación Yasna Provoste fue una de las que enfatizó en que el administrador provisional solo incide luego de superar varias etapas previas.
“Otorga al ministerio de Educación facultades de intervenir transitoriamente, o de administrar provisionalmente una institución de educación superior, pero después de una investigación, después que ha habido acuerdo del Consejo Nacional de Educación y de que se le ha dado plazo a las entidades para que establezcan compromisos y mejoras”, explicó.
Por su parte, Felipe Kast valoró la inclusión de indicaciones previo a la votación, pero también fue el encargado de presentar los reparos de la Alianza.
“La figura de una intervención acompañada, lo que permitía, era respetar el espíritu original del proyecto educativo con un plan de mejoras. De forma tal que esto no sea simplemente una intervención administrativa, sino que de modo profundo permitiera avanzar en la mejora que el mismo ministerio de Educación buscaba. El hecho de que en el caso de los colegios el plazo de la intervención sea indefinido, creemos que habla de un proceso posible de desmunicipalizar por decreto”, manifestó.
Desde el Partido Comunista, Camila Vallejo enfatizó que fue el movimiento social el que puso urgencia a este proyecto, que busca resguardar a los estudiantes y trabajadores de instituciones que necesiten de la intervención del Estado.
“No ha sido únicamente la Cámara la que ha anunciado esto. También las mismas organizaciones estudiantiles y el movimiento social han planteado la necesidad de regular nuestro sistema y cambiar las reglas del juego, nuestra institucionalidad en materia de educación. Y también hacer que el Estado se haga cargo de resguardar ciertos derechos, y particularmente el derecho a la educación”, destacó.
La figura del administrador provisional se crea como una ley corta, es decir, con un plazo acotado mientras se crea la Superintendencia de Educación, la que tendría las mismas facultades.
Serán dos los roles del administrador. Por una parte, actuar aplicando un plan provisional y, por otra, aplicar un plan de cierre de una institución, nueva facultad que se agregaría para el caso de los establecimientos escolares.
Una participación fundamental tendría el Consejo Nacional de Educación, que hasta el momento sería el ente que evaluará la pertinencia y aprobará la creación del administrador provisional.
Una vez que se analice en la comisión de Educación, el proyecto pasará a la comisión de Hacienda, la que tendrá cuatro días para analizar la iniciativa. Posteriormente, será votada en la Sala, para luego ser enviada al Senado.
