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Año XIV, 1 de diciembre de 2022

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Presupuesto podría retrasar proyecto de interventor en comisión de Hacienda

La mañana de este jueves debería revisarse en la comisión de Hacienda el informe presupuestario del proyecto de ley de interventor que fue aprobado en la comisión de Educación y del que parlamentarios aseguran no tener muchos detalles.

Hector Areyuna

  Miércoles 14 de mayo 2014 21:30 hrs. 
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Además, el constitucionalista Fernando Atria despejó las dudas de “inconstitucionalidad” que se le acusaron a la iniciativa.

Según el presidente de la Comisión de Hacienda, Pablo Lorenzini, la mañana de este jueves se revisará el proyecto de ley de administrador provisional y de cierre que aprobó el comité de Educación de la Corporación.

La iniciativa se aprobó con los votos de la Nueva Mayoría, además de Giorgio Jackson, Felipe Kast (del movimiento opositor Evópoli) y el UDI Romilio Gutiérrez. Solo se abstuvieron los gremialistas María José Hoffman y Jaime Bellolio.

Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI) tiene una mayor presencia en la Comisión de Hacienda, pero según Lorenzini no debiera haber traspiés en su aprobación al haberse visado algunas de las indicaciones de la oposición.

El parlamentario aseguró que el informe financiero no se ha revisado en profundidad, por lo que no se puede tener una opinión formada, pero se analizará con calma con las autoridades correspondientes.

“Esto se hará cargo con los montos ya aprobados en presupuesto en general de la Subsecretaría, pero quiero tener claro cuántos gastos tiene esa glosa dentro del presupuesto, cuánto quedaría disponible, si la ley se aprueba en los próximos días y sino para ver algún financiamiento, efectivamente es el tema que nos corresponde analizar mañana, aparte de otros temas de multas y otros que tienen que ver con los números, pero mientras no tengamos una explicación, le hemos pedido que asista también el encargado de presupuesto del ministerio de Educación, así es que estará seguramente el subsecretario de Hacienda y alguien de la dirección de Presupuestos para analizarlo con calma y hacer un buen proyecto”, dijo el diputado DC.

El diputado de RN Alejandro Santana, integrante de la comisión de Hacienda, consultado sobre lo mismo y las eventuales discrepancias de la oposición sobre el informe de gasto, aseguró que el nivel de detalle se dará a conocer durante la discusión de este jueves.

De todas formas el legislador reiteró las discrepancias que existen dentro de la oposición al proyecto, destacando que “uno lo que tiene que hacer son elementos de regulación por eso la Superintendencia de Calidad de la Educación a mi juicio tiene un mayor valor en términos de hacer acciones preventivas, acciones proactivas de interlocución permanente con las instituciones de educación”

Santana precisó que “el interventor tiene más un carácter de reacción, tiene un carácter después que ya los problemas están, que los problemas ya existen, y a mi juicio el enfoque del ministerio de Educación tiene que ser más preventivo”.

Otra de las críticas planteadas durante la discusión de la iniciativa, fue la del rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, quien planteó una eventual inconstitucionalidad de la iniciativa.

De acuerdo a lo planteado, el interventor, como lo planteó el Gobierno busca “alterar contratos en curso, contratos vigentes, algo que está prohibido en todos los sistemas legales y, desde luego, en la Constitución”.

Ante esto y durante la discusión, la diputada comunista Camila Vallejo dijo que dichas afirmaciones buscan “con lenguaje técnico”, esconder una posición política.

A su vez, el abogado constitucionalista Fernando Atria aseguró que no extraña que cualquier reforma significativa encuentre resistencia en la Constitución ya que la Carta Fundamental está pensada para evitar cambios significativos.

Según el experto de todas formas no existen problemas de constitucionalidad ya que “un interventor por su propia naturaleza es ejercer poderes que la administración tiene, pero con un funcionario designado porque ha habido una administración irregular que ha llevado a la institución a una situación inestable o porque ha realizado actos ilegales”.

“La lógica del interventor es que la administración de una institución no es una cuestión de interés netamente privado”, concluyó.

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