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Año XIII, 18 de octubre de 2021

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Organizaciones exigen participación ciudadana en reformas de gobierno

En la víspera de que la Presidenta Michelle Bachelet rinda su cuenta pública en el Congreso Nacional, distintos actores políticos, dirigentes estudiantiles y representantes de organizaciones sociales se refieren a las expectativas sobre los anuncios, entre las que destacan reformas profundas en Educación, Salud y Trabajo, así como otras medidas para el fortalecimiento de la democracia.

Paula Correa

  Martes 20 de mayo 2014 19:32 hrs. 
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A la espera del mensaje presidencial del 21 de mayo, la Nueva Mayoría destacó el avance en las amplias reformas propuestas por el programa de la mandataria. En esa línea, apuntaron a la aprobación en la Cámara del proyecto de ley de Reforma Tributaria y el envío de los primeros proyectos de la Reforma Educacional, avanzando en el cumplimiento con lo esperado para los primeros días de Gobierno.

En ese contexto, el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, afirmó tener “una expectativa interesante desde el punto de vista de lo que se ha hecho en estos dos meses, que creo que ha sido harto. Además, ha sido muy coherente con lo que es la promesa fundacional de este Gobierno, que es la lucha contra la desigualdad. Y mi expectativa es que se incremente el anuncio en esa perspectiva, de forma tal que el compromiso de la Presidenta con la ciudadanía, que se expresa en su programa, se pueda cumplir rigurosamente”.

El diputado sostuvo que espera que la Presidenta ratifique el compromiso de avanzar durante el segundo semestre en la Reforma Laboral, añadiendo que la Reforma Constitucional es un tema para el próximo año, aunque será en éste en el que se definirá la vía por la que se realicen los cambios.

Pero no todos son optimistas. En la oposición perciben que los objetivos no están claramente establecidos y asociados a plazos. Así lo planteó el nuevo presidente de la UDI, diputado Ernesto Silva, quien criticó también la forma en la que se han enfrentado las catástrofes naturales del norte y Valparaíso.

“Nosotros esperamos que la Presidenta le diga al país cuáles son las metas que se pone su Gobierno, en materia de creación de trabajo, en mejora de la calidad de la educación, de crecimiento económico y en la mejora de la atención de salud. Queremos saber las metas, a qué se compromete. Y también esperamos que nos pueda rendir cuenta de por qué ha habido lentitud en el proceso de reconstrucción, especialmente en Iquique”, exigió.

Sin duda que la piedra angular del debate en estos días es la oposición a la forma en la que el Gobierno está enfrentando el tema educacional. Melissa Sepúlveda, vocera de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), recordó que el domingo ratificaron su rechazo a los proyectos enviados “de espalda a las organizaciones sociales”.

También se refirió a las materias que debieran abordarse. “El llamado a marchar para este 21 de mayo y la interpelación a la Presidenta de la República, para que se posicione sobre los temas centrales que ha puesto el movimiento estudiantil. La gratuidad universal a través de financiamiento directo a las instituciones y acabar con el voucher y la subvención por matrícula y asistencia. Estamos hablando de terminar con el lucro en todos los niveles de la educación. Democratizar las instituciones educativas y que pueda haber asociaciones en todas las instituciones, lo que sea una exigencia”, explicó.

La dirigenta expresó que tendrían que enviarse nuevos proyectos que apunten en esa dirección. Esto, además de enfrentar otros asuntos contingentes como la condonación de la deuda de miles de familias y estudiantes que han sido “estafados”, así como sobre las condiciones laborales de todos quienes estén involucrados en el proceso educativo.

Para la vicepresidenta de la ONG Acción, Francis Valverde, este tipo de oposición pasa por la falta de una disposición real a escuchar, uno de los problemas de fondo que se debe enfrentar.

“Los temas más de fondo tienen que ver con cuál es la voluntad política de real participación de la sociedad civil, tanto en la generación como en la difusión de las leyes y políticas públicas a nivel nacional. Es muy relevante hacer un cambio, por ejemplo, a la ley 20.500 de participación, la cual fue promulgada en el gobierno pasado, con más de diez años de difusión, y que tiene falencias relevantes”, aclaró.

La especialista añadió que se requiere avanzar hacia la participación real de la sociedad civil en la toma de decisiones, lo que permita validar el modelo político representativo, como un paso fundamental para profundizar la tan cuestionada democracia.

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