Por primera vez, el juez Mario Carroza llamará a declarar a dos altos mandos civiles de la Dictadura como presuntos responsables de la muerte del entonces estudiante de ingeniería de la Universidad de Chile, Patricio Manzano.
Esto luego que la quinta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocara la negativa del ministro Carroza a la solicitud presentada en marzo de 2013.
De esta forma, tanto el ex ministro del Interior Sergio Onofre Jarpa y su subsecretario Alberto Cardemil serán citados por el juez Mario Carroza para que entreguen su versión sobre los hechos.
El abogado Hernán Montealegre fue el encargado de realizar los alegatos que culminaron con la decisión inédita de la Corte. Solicitud que argumentó en que la orden de arresto fue emitida por el ministerio, arresto que terminó con la golpiza de los estudiantes y la muerte de Manzano.
Montealegre valoró el fallo que podría abrir nuevos interrogatorios y causas sobre violación a los derechos humanos en que se hayan visto involucrados civiles y autoridades de gobierno.
“Se data un fallo muy importante, porque abre la puerta a que pueda haber otras situaciones donde haya autoridades civiles del gobierno militar que estén comprometidas en violaciones y ya se habría terminado con el tabú de que esta gente no se la puede citar a los tribunales”, aseguró el abogado Montealegre.
En el verano de 1985, el estudiante de ingeniería de 21 años, Patricio Manzano se encontraba realizando trabajos voluntarios en las zonas aledañas a San Felipe. En ese momento, la actividad organizada por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), organismo que recién retomaba su actividad, estaba prohibida por las autoridades
Después de una semana realizando labores sociales, los estudiantes que participaron fueron arrestados y golpeados por agentes del gobierno. Estos siguiendo una orden emitida por el ministerio del Interior.
Por este hecho, las hermanas de Patricio Manzano se querellaron contra dos uniformados, un mayor y un subteniente, quienes serían los responsables directos del asesinato. Sin embargo, uno de ellos ya atestiguó que seguían una orden del ministerio.
Sobre esto, Montealegre explicó que condenar a un mando inferior sin condenar a su superior es inaceptable según la doctrina de Derecho Humanos, ya que la “responsabilidad criminal es ascendente”.
El abogado explicó también la razón por la que trabajan junto a la mesa directiva de la FECh en la búsqueda de verdad, aclarando que “Patricio Manzano, la persona muerta es un mártir de la FECh, es el segundo estudiante de la FECh que aparece en el informe Rettig, como una persona que muere a causa de los maltratos que recibió”.
Por su parte, la actual presidenta de la FECh, Melissa Sepúlveda señaló que han realizado esfuerzos importantes en recuperar la memoria y la historia de los estudiantes perseguidos y torturados en Dictadura.
“Tuvimos la posibilidad de acompañar a la familia en la búsqueda de verdad y también de castigo para los responsables en la muerte de Patricio Manzano, que termina siendo un ícono, un símbolo de miles de estudiantes que fueron perseguidos, torturados y también asesinados durante la dictadura”, destacó la presidenta de la FECh.
El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, el juez Mario Carroza debe definir el día en que citará a las ex autoridades de la Dictadura, hasta hace poco también autoridades del Estado que ya no gozan de fuero alguno que les permita evitar la justicia.
Por primera vez, el juez Mario Carroza llamará a declarar a dos altos mandos civiles de la Dictadura como presuntos responsables de la muerte del entonces estudiante de ingeniería de la Universidad de Chile, Patricio Manzano.
Esto luego que la quinta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocara la negativa del ministro Carroza a la solicitud presentada en marzo de 2013.
De esta forma, tanto el ex ministro del Interior Sergio Onofre Jarpa y su subsecretario Alberto Cardemil serán citados por el juez Mario Carroza para que entreguen su versión sobre los hechos.
El abogado Hernán Montealegre fue el encargado de realizar los alegatos que culminaron con la decisión inédita de la Corte. Solicitud que argumentó en que la orden de arresto fue emitida por el ministerio, arresto que terminó con la golpiza de los estudiantes y la muerte de Manzano.
Montealegre valoró el fallo que podría abrir nuevos interrogatorios y causas sobre violación a los derechos humanos en que se hayan visto involucrados civiles y autoridades de gobierno.
“Se data un fallo muy importante, porque abre la puerta a que pueda haber otras situaciones donde haya autoridades civiles del gobierno militar que estén comprometidas en violaciones y ya se habría terminado con el tabú de que esta gente no se la puede citar a los tribunales”, aseguró el abogado Montealegre.
En el verano de 1985, el estudiante de ingeniería de 21 años, Patricio Manzano se encontraba realizando trabajos voluntarios en las zonas aledañas a San Felipe. En ese momento, la actividad organizada por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), organismo que recién retomaba su actividad, estaba prohibida por las autoridades
Después de una semana realizando labores sociales, los estudiantes que participaron fueron arrestados y golpeados por agentes del gobierno. Estos siguiendo una orden emitida por el ministerio del Interior.
Por este hecho, las hermanas de Patricio Manzano se querellaron contra dos uniformados, un mayor y un subteniente, quienes serían los responsables directos del asesinato. Sin embargo, uno de ellos ya atestiguó que seguían una orden del ministerio.
Sobre esto, Montealegre explicó que condenar a un mando inferior sin condenar a su superior es inaceptable según la doctrina de Derecho Humanos, ya que la “responsabilidad criminal es ascendente”.
El abogado explicó también la razón por la que trabajan junto a la mesa directiva de la FECh en la búsqueda de verdad, aclarando que “Patricio Manzano, la persona muerta es un mártir de la FECh, es el segundo estudiante de la FECh que aparece en el informe Rettig, como una persona que muere a causa de los maltratos que recibió”.
Por su parte, la actual presidenta de la FECh, Melissa Sepúlveda señaló que han realizado esfuerzos importantes en recuperar la memoria y la historia de los estudiantes perseguidos y torturados en Dictadura.
“Tuvimos la posibilidad de acompañar a la familia en la búsqueda de verdad y también de castigo para los responsables en la muerte de Patricio Manzano, que termina siendo un ícono, un símbolo de miles de estudiantes que fueron perseguidos, torturados y también asesinados durante la dictadura”, destacó la presidenta de la FECh.
El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, el juez Mario Carroza debe definir el día en que citará a las ex autoridades de la Dictadura, hasta hace poco también autoridades del Estado que ya no gozan de fuero alguno que les permita evitar la justicia.
Por primera vez, el juez Mario Carroza llamará a declarar a dos altos mandos civiles de la Dictadura como presuntos responsables de la muerte del entonces estudiante de ingeniería de la Universidad de Chile, Patricio Manzano.
Esto luego que la quinta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocara la negativa del ministro Carroza a la solicitud presentada en marzo de 2013.
De esta forma, tanto el ex ministro del Interior Sergio Onofre Jarpa y su subsecretario Alberto Cardemil serán citados por el juez Mario Carroza para que entreguen su versión sobre los hechos.
El abogado Hernán Montealegre fue el encargado de realizar los alegatos que culminaron con la decisión inédita de la Corte. Solicitud que argumentó en que la orden de arresto fue emitida por el ministerio, arresto que terminó con la golpiza de los estudiantes y la muerte de Manzano.
Montealegre valoró el fallo que podría abrir nuevos interrogatorios y causas sobre violación a los derechos humanos en que se hayan visto involucrados civiles y autoridades de gobierno.
“Se data un fallo muy importante, porque abre la puerta a que pueda haber otras situaciones donde haya autoridades civiles del gobierno militar que estén comprometidas en violaciones y ya se habría terminado con el tabú de que esta gente no se la puede citar a los tribunales”, aseguró el abogado Montealegre.
En el verano de 1985, el estudiante de ingeniería de 21 años, Patricio Manzano se encontraba realizando trabajos voluntarios en las zonas aledañas a San Felipe. En ese momento, la actividad organizada por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), organismo que recién retomaba su actividad, estaba prohibida por las autoridades
Después de una semana realizando labores sociales, los estudiantes que participaron fueron arrestados y golpeados por agentes del gobierno. Estos siguiendo una orden emitida por el ministerio del Interior.
Por este hecho, las hermanas de Patricio Manzano se querellaron contra dos uniformados, un mayor y un subteniente, quienes serían los responsables directos del asesinato. Sin embargo, uno de ellos ya atestiguó que seguían una orden del ministerio.
Sobre esto, Montealegre explicó que condenar a un mando inferior sin condenar a su superior es inaceptable según la doctrina de Derecho Humanos, ya que la “responsabilidad criminal es ascendente”.
El abogado explicó también la razón por la que trabajan junto a la mesa directiva de la FECh en la búsqueda de verdad, aclarando que “Patricio Manzano, la persona muerta es un mártir de la FECh, es el segundo estudiante de la FECh que aparece en el informe Rettig, como una persona que muere a causa de los maltratos que recibió”.
Por su parte, la actual presidenta de la FECh, Melissa Sepúlveda señaló que han realizado esfuerzos importantes en recuperar la memoria y la historia de los estudiantes perseguidos y torturados en Dictadura.
“Tuvimos la posibilidad de acompañar a la familia en la búsqueda de verdad y también de castigo para los responsables en la muerte de Patricio Manzano, que termina siendo un ícono, un símbolo de miles de estudiantes que fueron perseguidos, torturados y también asesinados durante la dictadura”, destacó la presidenta de la FECh.
El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, el juez Mario Carroza debe definir el día en que citará a las ex autoridades de la Dictadura, hasta hace poco también autoridades del Estado que ya no gozan de fuero alguno que les permita evitar la justicia.
