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Año XVI, 29 de marzo de 2024


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Federaciones de universidades privadas se suman a debate por Reforma

Voceros de la Organización de Federaciones de la Educación Superior Privada (Ofesup), solicitaron al ministro del ramo, Nicolás Eyzaguirre, una reunión para que se consideren las inquietudes del sector en la Reforma. Uno de los problemas que quieren tratar es la organización o participación de los distintos estamentos institucionales y las dificultades que presenta esta inclusión.

Héctor Areyuna

  Miércoles 28 de mayo 2014 16:23 hrs. 
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La próxima semana, los integrantes de la Ofesup recibirán una respuesta del ministro Eyzaguirre. Al menos ese fue el compromiso suscrito por la subsecretaria Valentina Quiroga, quien recibió a los dirigentes este miércoles en la sede del Mineduc.

Los voceros de la organización Grace Arcos y Manuel Inostroza expresaron que el sector privado se encuentra excluido del debate público y algunos actores han sido invisibilizados.

La raíz del problema reside en la organización al interior de los planteles, si bien, hay orgánicas como Ofesup y el Mesup (Movimiento de Estudiantes de la Educación Superior), los dirigentes aseguran que existe al interior de algunas instituciones mecanismos para impedir la organización, como federaciones “oficialistas” o la criminalización de estas mismas.

Grace Arcos, de la Federación de Estudiantes de la Universidad Bernardo O’Higgins, dijo que la organización ha recibido varias denuncias en la materia.

“Las universidades privadas tienen entre comillas un privilegio de poder organizarse. Hoy en los Centros de Formación Técnica y los Institutos Profesionales aun se vulneran los derechos fundamentales que incluso pueden ser derechos humanos como la libre expresión, como la libre asociación, como el respeto a la otra persona, acá incluso se ha insultado a compañeros de universidades privadas, CFT e Institutos Profesionales por el solo hecho de crear organización por parte de las DAE o Dirección de vida Universitaria, que es una constante y que tenemos el deber de visibilizarlo”, explicó.

A su vez, Manuel Inostroza, de la Federación de la Universidad Adolfo Ibáñez, explicitó cuáles son algunas de los mecanismos aplicados por las casas de estudios que buscarían cooptar la organización estudiantil.

“Tenemos conocimiento de que en ciertas universidades hay Direcciones de Asuntos Estudiantiles que instalan federaciones para que sean oficialistas de las autoridades. En ese mismo proceso cuando se nos plantea que quieren ingresar federaciones de estudiantes que están en ese sentido, nosotros tratamos de que el proceso se regularice, que sea una elección realmente democrática, porque así podemos saber qué quieren los estudiantes de cada Casa de Estudios y para la educación en general”, indicó el dirigente.

El sector privado ha pasado a ser parte de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), y ahí se ha tomado el tema como un eje del movimiento.

La presidenta de la FECH, Melissa Sepúlveda explicó que un Decreto con Fuerza de Ley de la dictadura, impide la organización y ya se ha solicitado su derogación, pero además dijo que la falta de incidencia de todos los estamentos no es un problema exclusivo del sector privado.

“Si bien la reglamentación de los artículos del DFL no prohíben la organización al interior de las universidades estatales, sabemos que desde la dictadura en adelante han habido muy pocas modificaciones al interior de todas las instituciones, por ejemplo, en la Universidad de Chile hubo una elección de Rector, donde solo participan algunos académicos y hay una exclusión de la toma de decisiones al interior de las Casas de Estudio hacia los funcionarios, hacia los estudiantes, hacia la comunidad universitaria en general, por lo tanto, la persecución, la imposibilidad organizativa no solo se vive en el sector privado, sino que en todo el sistema educativo”, afirmó Melissa Sepúlveda.

La dirigenta aseguró que a la exigencia de derogar decretos, se suma la petición de que la participación de todos los actores sea una exigencia en los establecimientos, ya que a su juicio, la fiscalización interna mejora a través de una comunidad empoderada.

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