En la sesión número 40 del Tribunal se presentó esta denuncia por violación, específicamente del Derecho al Agua y el derecho a la Libre Determinación, donde los afectados son los integrantes de la comunidad diaguita de los Hualcoaltinos.
La abogada del Observatorio Ciudadano Nancy Yañez, afirmó que Barrick Gold ha vulnerado los derechos políticos y territoriales de esta comunidad y que actualmente no cuenta con el consentimiento de los legítimos titulares del territorio para la ejecución del proyecto, afectando directamente a su principal recurso.
En síntesis explicó que sobre las aguas, la evidencia entregada es que el Proyecto Minero Pascua Lama ha afectado las fuentes de agua, específicamente los glaciares, y no ha cumplido con el plan de manejo presentándose, según constató la autoridad ambiental, un proceso de acumulación de material particulado, con lo cual prácticamente éstos se encuentran en un proceso de extinción, antes siquiera de que comience la explotación del mineral.
Además en este caso se vierten drenajes ácidos sobre las aguas sobre el Río del Estrecho que alimenta de agua para la agricultura al Valle del Tránsito donde habita la comunidad, así como el agua que utilizan para el consumo. “La situación es particularmente grave”, sostuvo y afirmó que esperan que los gobiernos de Chile y Canadá no sigan aludiendo a “la responsabilidad de los privados”.
Esta no es la primera vez que Canadá llega a la Comisión Interamericana, el año pasado una serie de organizaciones sociales de distintos países del continente presentaron, en una Audiencia Temática, el caso Pascua Lama como ejemplo paradigmático que muestran el comportamiento que están teniendo las empresas canadienses en América Latina.
En esa oportunidad estuvo presente el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA). Su Director, Lucio Cuenca, quien se pronunció sobre el modo irregular de trabajo de las empresas que provienen de ese país. “Se registra una gran cantidad de conflictos en Latinoamérica producto de la expansión de la Meganimería, que ha ocurrido en las últimas dos décadas y que permanece, pro los niveles de inversión que se están anunciando, y donde los conflictos con las comunidades con los distintos países, en un 90 por ciento, son con empresas canadienses”, afirmó y explicó que esas empresas actúan en nuestros países con respaldo del Estado Canadiense que tienen una política de incentivo para que las empresas vayan a otras localidades.
En esta oportunidad en el Tribunal Permanente de los Pueblos expusieron casos de otros países también: Guatemala, Argentina, Honduras y México, países en los que operan desde hace varios años, y la entidad determinó, en su veredicto preliminar, que las industrias canadienses en la violación sistemática de Derechos Humanos, en puntual al derecho a la vida, a la alimentación, a la salud, al agua, a la vivienda, a la libertad e integridad de las personas, a la seguridad y a un medio ambiente sano y protegido.
Además, sostuvo que el Estado de Canadá tiene responsabilidad al haber facilitado, tolerado o encubierto dichas faltas, así como por impedir el acceso de las víctimas a un recurso que las protejas de estas violaciones.
En la sesión número 40 del Tribunal se presentó esta denuncia por violación, específicamente del Derecho al Agua y el derecho a la Libre Determinación, donde los afectados son los integrantes de la comunidad diaguita de los Hualcoaltinos.
La abogada del Observatorio Ciudadano Nancy Yañez, afirmó que Barrick Gold ha vulnerado los derechos políticos y territoriales de esta comunidad y que actualmente no cuenta con el consentimiento de los legítimos titulares del territorio para la ejecución del proyecto, afectando directamente a su principal recurso.
En síntesis explicó que sobre las aguas, la evidencia entregada es que el Proyecto Minero Pascua Lama ha afectado las fuentes de agua, específicamente los glaciares, y no ha cumplido con el plan de manejo presentándose, según constató la autoridad ambiental, un proceso de acumulación de material particulado, con lo cual prácticamente éstos se encuentran en un proceso de extinción, antes siquiera de que comience la explotación del mineral.
Además en este caso se vierten drenajes ácidos sobre las aguas sobre el Río del Estrecho que alimenta de agua para la agricultura al Valle del Tránsito donde habita la comunidad, así como el agua que utilizan para el consumo. “La situación es particularmente grave”, sostuvo y afirmó que esperan que los gobiernos de Chile y Canadá no sigan aludiendo a “la responsabilidad de los privados”.
Esta no es la primera vez que Canadá llega a la Comisión Interamericana, el año pasado una serie de organizaciones sociales de distintos países del continente presentaron, en una Audiencia Temática, el caso Pascua Lama como ejemplo paradigmático que muestran el comportamiento que están teniendo las empresas canadienses en América Latina.
En esa oportunidad estuvo presente el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA). Su Director, Lucio Cuenca, quien se pronunció sobre el modo irregular de trabajo de las empresas que provienen de ese país. “Se registra una gran cantidad de conflictos en Latinoamérica producto de la expansión de la Meganimería, que ha ocurrido en las últimas dos décadas y que permanece, pro los niveles de inversión que se están anunciando, y donde los conflictos con las comunidades con los distintos países, en un 90 por ciento, son con empresas canadienses”, afirmó y explicó que esas empresas actúan en nuestros países con respaldo del Estado Canadiense que tienen una política de incentivo para que las empresas vayan a otras localidades.
En esta oportunidad en el Tribunal Permanente de los Pueblos expusieron casos de otros países también: Guatemala, Argentina, Honduras y México, países en los que operan desde hace varios años, y la entidad determinó, en su veredicto preliminar, que las industrias canadienses en la violación sistemática de Derechos Humanos, en puntual al derecho a la vida, a la alimentación, a la salud, al agua, a la vivienda, a la libertad e integridad de las personas, a la seguridad y a un medio ambiente sano y protegido.
Además, sostuvo que el Estado de Canadá tiene responsabilidad al haber facilitado, tolerado o encubierto dichas faltas, así como por impedir el acceso de las víctimas a un recurso que las protejas de estas violaciones.
En la sesión número 40 del Tribunal se presentó esta denuncia por violación, específicamente del Derecho al Agua y el derecho a la Libre Determinación, donde los afectados son los integrantes de la comunidad diaguita de los Hualcoaltinos.
La abogada del Observatorio Ciudadano Nancy Yañez, afirmó que Barrick Gold ha vulnerado los derechos políticos y territoriales de esta comunidad y que actualmente no cuenta con el consentimiento de los legítimos titulares del territorio para la ejecución del proyecto, afectando directamente a su principal recurso.
En síntesis explicó que sobre las aguas, la evidencia entregada es que el Proyecto Minero Pascua Lama ha afectado las fuentes de agua, específicamente los glaciares, y no ha cumplido con el plan de manejo presentándose, según constató la autoridad ambiental, un proceso de acumulación de material particulado, con lo cual prácticamente éstos se encuentran en un proceso de extinción, antes siquiera de que comience la explotación del mineral.
Además en este caso se vierten drenajes ácidos sobre las aguas sobre el Río del Estrecho que alimenta de agua para la agricultura al Valle del Tránsito donde habita la comunidad, así como el agua que utilizan para el consumo. “La situación es particularmente grave”, sostuvo y afirmó que esperan que los gobiernos de Chile y Canadá no sigan aludiendo a “la responsabilidad de los privados”.
Esta no es la primera vez que Canadá llega a la Comisión Interamericana, el año pasado una serie de organizaciones sociales de distintos países del continente presentaron, en una Audiencia Temática, el caso Pascua Lama como ejemplo paradigmático que muestran el comportamiento que están teniendo las empresas canadienses en América Latina.
En esa oportunidad estuvo presente el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA). Su Director, Lucio Cuenca, quien se pronunció sobre el modo irregular de trabajo de las empresas que provienen de ese país. “Se registra una gran cantidad de conflictos en Latinoamérica producto de la expansión de la Meganimería, que ha ocurrido en las últimas dos décadas y que permanece, pro los niveles de inversión que se están anunciando, y donde los conflictos con las comunidades con los distintos países, en un 90 por ciento, son con empresas canadienses”, afirmó y explicó que esas empresas actúan en nuestros países con respaldo del Estado Canadiense que tienen una política de incentivo para que las empresas vayan a otras localidades.
En esta oportunidad en el Tribunal Permanente de los Pueblos expusieron casos de otros países también: Guatemala, Argentina, Honduras y México, países en los que operan desde hace varios años, y la entidad determinó, en su veredicto preliminar, que las industrias canadienses en la violación sistemática de Derechos Humanos, en puntual al derecho a la vida, a la alimentación, a la salud, al agua, a la vivienda, a la libertad e integridad de las personas, a la seguridad y a un medio ambiente sano y protegido.
Además, sostuvo que el Estado de Canadá tiene responsabilidad al haber facilitado, tolerado o encubierto dichas faltas, así como por impedir el acceso de las víctimas a un recurso que las protejas de estas violaciones.
