Los archivos son uno de los instrumentos esenciales para establecer verdad sobre los crímenes de la Dictadura, y su importancia cobró mayor fuerza luego que se supiera de la existencia de alrededor de 45 mil documentos encontrados en la ex Colonia Dignidad, y que en abril el juez Jorge Zepeda traspasó al Instituto Nacional de Derechos Humanos, entidad que ha anunciado su publicación luego de una evaluación de los documentos.
En ese contexto, el espacio de memoria, y ex Centro de Tortura, Londres 38 desarrolla la campaña No más Archivos Secretos, marco en el que este jueves organizó el conversatorio sobre derecho a la información, el que tuvo una amplia convocatoria de agrupaciones que buscan justicia, familiares de víctimas y abogados especialistas.
Una de ellas, la abogada Gloria Elgueta, planteó durante su exposición que el pacto de silencio de los victimarios ha sido una clara voluntad de ocultamiento que en los gobiernos post dictatoriales se mantuvo bajo el discurso de la reconciliación, bajo la consigna “verdad y justicia en la medida de lo posible”.
Pero esto no han sido sólo trabas burocráticas, señaló la especialista, sino que ha sido un pacto político que busca borrar las huellas de la Dictadura. El último tiempo ha habido avances, en comparación a fuerte retroceso en transparencia durante los gobiernos de la Concertación, criticó Gloria Elgueta.
“Los archivos así como la información en general han sido objeto de una disputa política y nosotros creemos que ha habido una voluntad de ocultamiento, no es casual, no son sólo trabas burocráticas. Finalmente las trabas burocráticas expresan una cierta voluntad política de hacer verdad, de dar libre acceso a la información o no”, indicó.
La campaña “No más archivos secretos” incluye tres dimensiones. La publicación y difusión de los testimonios entregados en el marco de los informes Rettig y Valech; la apertura de los archivos encontrados en Colonia Dignidad; y el conjunto de documentos indeterminado, creados por organismos de inteligencia y que hoy están en distintas reparticiones del Estado.
Barnislav Marelic fue otro de los especialistas que participó del conversatorio. El egresado de derecho e involucrado en denuncias internacionales contra el Estado chileno sobre esta materia, señaló que la sociedad tiene derecho a recibir la información, pero también el Estado tiene una responsabilidad de que la verdad sea de conocimiento público.
“Las investigaciones judiciales y los productos de las investigaciones judiciales tienen que ser unificados para que la sociedad conozca lo que ocurrió, pero también el estado en contextos no judiciales tiene que tener y poner a disposición de las personas y de la sociedad las cosas que realmente pasaron y ahí juega su protagonismo el derecho a la transparencia, el derecho a la información pública”, afirmó.
La también especialista Patricia Huenuqueo, reclama la urgencia de modificar las restricciones para que los archivos sean de conocimiento público. “Hay que avanzar en varios niveles, tanto en la liberación de archivos como en la localización de documentos no disponibles aún”, agregó la experta. “Chile es de los países más retrógrados, ni siquiera existe una norma general que resguarde lo público”.
“Estamos frente a un panorama que es absolutamente diverso y arbitrario en temas de decisión de cómo se van administrando los documentos, no sólo que ya puedan existir, sino que respecto de los documentos que se van creando cada vez, como normas más complejas, se va haciendo más complejo el panorama porque se va definiendo caso a caso”, aseveró.
María José Pérez, coordinadora de Londres 38 indicó que: “Pronto vamos a tener una reunión con la ministra Ximena Rincón, donde esperamos también conocer más detalles respecto de cómo están pensando el tema de la subsecretaria de Derechos Humanos, como también el tema de los archivos y ahí poder tener un pronunciamiento mucho más claro del Ejecutivo”.
Los archivos son uno de los instrumentos esenciales para establecer verdad sobre los crímenes de la Dictadura, y su importancia cobró mayor fuerza luego que se supiera de la existencia de alrededor de 45 mil documentos encontrados en la ex Colonia Dignidad, y que en abril el juez Jorge Zepeda traspasó al Instituto Nacional de Derechos Humanos, entidad que ha anunciado su publicación luego de una evaluación de los documentos.
En ese contexto, el espacio de memoria, y ex Centro de Tortura, Londres 38 desarrolla la campaña No más Archivos Secretos, marco en el que este jueves organizó el conversatorio sobre derecho a la información, el que tuvo una amplia convocatoria de agrupaciones que buscan justicia, familiares de víctimas y abogados especialistas.
Una de ellas, la abogada Gloria Elgueta, planteó durante su exposición que el pacto de silencio de los victimarios ha sido una clara voluntad de ocultamiento que en los gobiernos post dictatoriales se mantuvo bajo el discurso de la reconciliación, bajo la consigna “verdad y justicia en la medida de lo posible”.
Pero esto no han sido sólo trabas burocráticas, señaló la especialista, sino que ha sido un pacto político que busca borrar las huellas de la Dictadura. El último tiempo ha habido avances, en comparación a fuerte retroceso en transparencia durante los gobiernos de la Concertación, criticó Gloria Elgueta.
“Los archivos así como la información en general han sido objeto de una disputa política y nosotros creemos que ha habido una voluntad de ocultamiento, no es casual, no son sólo trabas burocráticas. Finalmente las trabas burocráticas expresan una cierta voluntad política de hacer verdad, de dar libre acceso a la información o no”, indicó.
La campaña “No más archivos secretos” incluye tres dimensiones. La publicación y difusión de los testimonios entregados en el marco de los informes Rettig y Valech; la apertura de los archivos encontrados en Colonia Dignidad; y el conjunto de documentos indeterminado, creados por organismos de inteligencia y que hoy están en distintas reparticiones del Estado.
Barnislav Marelic fue otro de los especialistas que participó del conversatorio. El egresado de derecho e involucrado en denuncias internacionales contra el Estado chileno sobre esta materia, señaló que la sociedad tiene derecho a recibir la información, pero también el Estado tiene una responsabilidad de que la verdad sea de conocimiento público.
“Las investigaciones judiciales y los productos de las investigaciones judiciales tienen que ser unificados para que la sociedad conozca lo que ocurrió, pero también el estado en contextos no judiciales tiene que tener y poner a disposición de las personas y de la sociedad las cosas que realmente pasaron y ahí juega su protagonismo el derecho a la transparencia, el derecho a la información pública”, afirmó.
La también especialista Patricia Huenuqueo, reclama la urgencia de modificar las restricciones para que los archivos sean de conocimiento público. “Hay que avanzar en varios niveles, tanto en la liberación de archivos como en la localización de documentos no disponibles aún”, agregó la experta. “Chile es de los países más retrógrados, ni siquiera existe una norma general que resguarde lo público”.
“Estamos frente a un panorama que es absolutamente diverso y arbitrario en temas de decisión de cómo se van administrando los documentos, no sólo que ya puedan existir, sino que respecto de los documentos que se van creando cada vez, como normas más complejas, se va haciendo más complejo el panorama porque se va definiendo caso a caso”, aseveró.
María José Pérez, coordinadora de Londres 38 indicó que: “Pronto vamos a tener una reunión con la ministra Ximena Rincón, donde esperamos también conocer más detalles respecto de cómo están pensando el tema de la subsecretaria de Derechos Humanos, como también el tema de los archivos y ahí poder tener un pronunciamiento mucho más claro del Ejecutivo”.
Los archivos son uno de los instrumentos esenciales para establecer verdad sobre los crímenes de la Dictadura, y su importancia cobró mayor fuerza luego que se supiera de la existencia de alrededor de 45 mil documentos encontrados en la ex Colonia Dignidad, y que en abril el juez Jorge Zepeda traspasó al Instituto Nacional de Derechos Humanos, entidad que ha anunciado su publicación luego de una evaluación de los documentos.
En ese contexto, el espacio de memoria, y ex Centro de Tortura, Londres 38 desarrolla la campaña No más Archivos Secretos, marco en el que este jueves organizó el conversatorio sobre derecho a la información, el que tuvo una amplia convocatoria de agrupaciones que buscan justicia, familiares de víctimas y abogados especialistas.
Una de ellas, la abogada Gloria Elgueta, planteó durante su exposición que el pacto de silencio de los victimarios ha sido una clara voluntad de ocultamiento que en los gobiernos post dictatoriales se mantuvo bajo el discurso de la reconciliación, bajo la consigna “verdad y justicia en la medida de lo posible”.
Pero esto no han sido sólo trabas burocráticas, señaló la especialista, sino que ha sido un pacto político que busca borrar las huellas de la Dictadura. El último tiempo ha habido avances, en comparación a fuerte retroceso en transparencia durante los gobiernos de la Concertación, criticó Gloria Elgueta.
“Los archivos así como la información en general han sido objeto de una disputa política y nosotros creemos que ha habido una voluntad de ocultamiento, no es casual, no son sólo trabas burocráticas. Finalmente las trabas burocráticas expresan una cierta voluntad política de hacer verdad, de dar libre acceso a la información o no”, indicó.
La campaña “No más archivos secretos” incluye tres dimensiones. La publicación y difusión de los testimonios entregados en el marco de los informes Rettig y Valech; la apertura de los archivos encontrados en Colonia Dignidad; y el conjunto de documentos indeterminado, creados por organismos de inteligencia y que hoy están en distintas reparticiones del Estado.
Barnislav Marelic fue otro de los especialistas que participó del conversatorio. El egresado de derecho e involucrado en denuncias internacionales contra el Estado chileno sobre esta materia, señaló que la sociedad tiene derecho a recibir la información, pero también el Estado tiene una responsabilidad de que la verdad sea de conocimiento público.
“Las investigaciones judiciales y los productos de las investigaciones judiciales tienen que ser unificados para que la sociedad conozca lo que ocurrió, pero también el estado en contextos no judiciales tiene que tener y poner a disposición de las personas y de la sociedad las cosas que realmente pasaron y ahí juega su protagonismo el derecho a la transparencia, el derecho a la información pública”, afirmó.
La también especialista Patricia Huenuqueo, reclama la urgencia de modificar las restricciones para que los archivos sean de conocimiento público. “Hay que avanzar en varios niveles, tanto en la liberación de archivos como en la localización de documentos no disponibles aún”, agregó la experta. “Chile es de los países más retrógrados, ni siquiera existe una norma general que resguarde lo público”.
“Estamos frente a un panorama que es absolutamente diverso y arbitrario en temas de decisión de cómo se van administrando los documentos, no sólo que ya puedan existir, sino que respecto de los documentos que se van creando cada vez, como normas más complejas, se va haciendo más complejo el panorama porque se va definiendo caso a caso”, aseveró.
María José Pérez, coordinadora de Londres 38 indicó que: “Pronto vamos a tener una reunión con la ministra Ximena Rincón, donde esperamos también conocer más detalles respecto de cómo están pensando el tema de la subsecretaria de Derechos Humanos, como también el tema de los archivos y ahí poder tener un pronunciamiento mucho más claro del Ejecutivo”.
