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Asistencias Técnicas Educativas: “Son pocas las que no lucran”

Especialistas en formación pedagógica analizaron la situación de estos cuestionados organismos técnicos. Desde el gobierno anuncian un proceso de certificación y desde la academia piden que se evalúe no sólo su financiamiento, sino también su impacto sobre las comunidades educativas.

Cristián Pacheco

  Lunes 16 de junio 2014 21:24 hrs. 
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En paralelo al desarrollo de proyectos de ley que regulen el sistema educativo, el gobierno se esfuerza en redirigir el funcionamiento de sus distintos actores, uno de ellos son las Asistencias Técnicas Educativas (ATE).

Si bien son heterogéneas en su origen y objetivos, es de conocimiento público que estos organismos han generado millonarias ganancias para sus dueños, muchas veces sostenedores de establecimientos o sus familiares, connotados empresarios de la educación e incluso personeros de la Alianza y de la Nueva Mayoría.

La triangulación de recursos entre corporaciones municipales, sostenedores y asesorías externas ha generado un nuevo mercado desde 2008, echando mano principalmente a los fondos que entrega la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP), cuyo presupuesto a repartir para 2014 es de 550 mil millones de pesos.

Ante los cuestionamientos por triangulación de recursos públicos, Gonzalo Muñoz, jefe de la División de Educación Superior del ministerio de Educación, afirmó: “El tema de las ATE, su regulación y su desarrollo ha sido abandonado y en el gobierno anterior fue absolutamente dejado de lado”.

Entrevistado en el programa Educación en el Aire de nuestra emisora, Muñoz aseguró que están trabajando en la regulación de estos organismos. “Las ATE pueden ser un recurso potente para el mejoramiento educativo, siempre cuando cumplan ciertas condiciones, que tanto las escuelas como el propio sistema educativo en su conjunto vaya definiendo. Vamos a avanzar hacia un mayor grado de desarrollo, entre otras cosas, un sistema de certificación de las ATE”, indicó el representante del Mineduc.

“Son pocas las que no lucran”, señaló Jenny Assael, académica del departamento de sicología de la Universidad de Chile e integrante del Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH).

“Hay mucha colusión de alcaldes y jefes de departamentos de Educación con ATEs”, agregó la académica, quien realiza una investigación cualitativa sobre la implementación de la Ley SEP en escuelas vulnerables y el impacto de las ATE en las comunidades educativas.

La académica señaló que una de las principales conclusiones es que los planes de mejoramiento de establecimientos emergentes o en recuperación, para cuyos fines los municipios contratan a las ATE, no considera las particularidades de cada comunidad.

“Muchas veces las ATE son impuestas a los docentes más que respondan a sus necesidades, ya sea por los sostenedores, alcaldes o jefes DAEM, quienes muchas veces determinan una ATE para todos los colegios de la comuna. Son programas estandarizados que no responden a las pertinencias de cada escuela, llegan y a los profes no les hace sentido y terminan siendo una recarga de trabajo que ellos sienten que no les sirve”, apuntó la investigadora.

Otras de las conclusiones es que se aplican planes poco atingentes y profesores que se sienten sometidos a vigilancia y control por parte de profesionales externos. “El CPEIP debe recuperar el rol que tuvo alguna vez, más que externalizar en ATE’s”, planteó la especialista.

No todas las ATE funcionan igual, eso es claro al analizar el registro público de estas entidades. Algunas de las diferencias importantes es el tipo de establecimientos con que trabajan, si se entrometen o no en la gestión de recursos, cuántas veces han sido evaluadas y con qué resultados.

Uno de las ATE´s que han funcionado con solvencia es el Programa de Educación Continua para el Magisterio (PEC) de la Universidad de Chile, quienes desde 1999 trabajan en formación pedagógica.

“Es de conocimiento público lo que hacen otras ATE, más bien privados, donde hay niveles de lucro importantes”, reclamó Gabriela Martini, subdirectora del PEC.

La investigadora y encargada de gestión agregó: “Debería haber una mayor fiscalización, eso sin duda. Tendría que haber una mayor evaluación del impacto del trabajo. No sólo fiscalizar si las actividades se hicieron o no, si se pagó o no y cómo, sino que del sentido e impacto que tiene en las escuelas”.

La socióloga asegura que las ATE son un recurso importante para los establecimientos donde no hay capacidades instaladas, sin embargo estas deben tener más requisitos para proponer aspectos tan importantes como la política educativa de una comuna o un establecimiento.

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