Este año dos tragedias que afectaron a millares de personas pusieron en el tapete las condiciones de inequidad en que viven cientos de miles de chilenos y, en consecuencia,  cómo el Estado está dando respuesta a la necesidad de viviendas de calidad para las familias vulnerables.

En primer término, el terremoto del pasado 1 de abril de 8.2 grados en la escala de Richter dejó en la región de Arica y Parinacota un total de 1.694 casas dañadas, de las cuales 119 están en condiciones irreparables y es necesario reconstruir.

Luego, el 12 de abril, un incendio que empezó en la zona boscosa cercana a sectores habitados se propagó con fuerza arrasando 12 barrios emplazados en diez cerros de Valparaíso, afectando a 3 mil 258 casas, de las cuales 2 mil 491 tiene daño irreparable con más de 11 mil damnificados.

En Chile, la política habitacional es un derecho Constitucional en términos del derecho a la vivienda, al igual que el derecho a la salud y el derecho a la educación, sin embargo, funciona bajo los  principios de la oferta y la demanda de la economía de mercado, donde el lucro juega un rol central.

Para entender esto, hay que tener presente que hace 35 años, cuando las autoridades de la dictadura militar definieron la política habitacional, el Estado asumió un papel subsidiario, donde actores privados -desde entonces- se encargan de gestionar los recursos públicos destinados a la construcción de viviendas para los sectores vulnerables.

El director del Instituto de la Vivienda de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, Jorge Larenas, se refirió al funcionamiento de estos subsidios.

“A fines de los años ´70 y comienzo de los ´80 que esta política que funciona como un mecanismo subsidiario para generar condiciones para el acceso a la vivienda y donde el Estado de alguna u otra manera se ha desvinculado de algunos procesos que tienen que ver con el fenómeno habitacional y que tienen que ver con los temas de la Planificación, la Provisión, del Mantenimiento una vez que las viviendas son entregadas”, explicó el académico.

El presupuesto de vivienda se focaliza a través de la Ficha de Protección Social (FPS)que entrega el subsidio habitacional a quienes tienen de 8.500 puntos hacia abajo, quedando marginado un amplio segmento que es catalogado como clase emergente y clase media, con lo cual disminuye el número de beneficiarios de vivienda sin deuda.

Ante los factores expuestos, Lautaro Guanca, del Movimiento de Pobladores en Lucha (MPL) afirmó que la política de vivienda está en crisis y denunció que debido la intervención de las entidades que especulan con el suelo, como las inmobiliarias y constructoras de cada 1 UF de subsidio sólo 0,2 UF se convierte en casa construida.

El dirigente enfatizó que: “Creemos que la única solución es un cambio fundamental, estructural, a nivel Constitucional, donde abordemos el tema de la propiedad privada. Mientras ésta exista el problema de vivienda continuará. En Suecia el 14% del territorio es propiedad privada, en EE.UU. el 99% responde a ese concepto,  y en Chile el 50% del territorio nacional está bajo la administración del ministerio de Bienes Nacionales. Acá hay un debate estructural que estamos abriendo a partir de la asamblea que llamamos Constituyente Social”, apuntó.

El representante también forma parte de la Federación Nacional de Pobladores (FENAPO), agrupación que desde el 11 de junio tiene instalado un campamento de 50 personas en la ribera norte del río Mapocho a la altura del puente Pio Nono en demanda por una solución para los allegados.

Guanca indicó que el Movimiento de Pobladores siempre ha estado abierto a las conversaciones con las autoridades y destacó la importancia de poder participar en las políticas de vivienda que los afecta.

“Hemos llamado al Gobierno a involucrarse en un marco de diálogo, al que llamamos Mesa Social, que es un consenso popular y la instalación en una mesa de trabajo con distintas autoridades. Sin embargo, hace más de una semana estamos en la ribera del río Mapocho y las respuestas del subsecretario Jaime Romero y de la ministra de Vivienda, Paulina Saball, son contradictorias con esta manifestación”, señaló.

El diputado Jaime Pilowsky (DC), integrante de la comisión de Vivienda señaló como un grave problema el hecho de que más de 36 mil familias que tienen en su poder el subsidio habitacional no cuentan con el terreno y en algunos casos tampoco con el proyecto donde construir las casas.

“Muchas personas y comités hoy tienen el subsidio habitacional, pero no tienen el proyecto, lo que significa que tienen el papel que acredita ser beneficiarios, pero en definitiva no tienen ni el terreno, ni se están construyendo las casas. Si el SERVIU no interviene también en la compra de terrenos en algunos casos va a ser un documento inservible para efectos prácticos y las personas van a quedar con un subsidio, pero sin la vivienda”.

Finalmente, este lunes los pobladores que se manifiestan en la ribera del río Mapocho realizarán una asamblea para definir los pasos a seguir ante la nula respuesta del Gobierno a su demanda por el derecho a una vivienda definitiva y la posibilidad de trabajar, en conjunto con las autoridades, soluciones para un problema que está lejos de sólo existir en momentos de catástrofe y reconstrucción.