Este jueves la Presidenta Michelle Bachelet anunció los detalles de la agenda corta en educación para el fortalecimiento de la educación pública, lo que involucra una inversión de 20 mil millones de pesos provenientes del Fondo de Apoyo a la Educación Municipal, y que buscan iniciar el proceso de desmunicipalización.
En ese contexto, el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, atendió la preocupación de aquellos sostenedores que piensan que sus recursos se verán disminuidos por el fin al copago.
“Nosotros sabemos perfectamente que hay colegios que producto del financiamiento compartido, que tienen un volumen de recursos que aporta la familia que es mucho mayor, de 84 mil 300 pesos. Tenemos la mayor disposición para ver la transición y si la que hemos propuesto significa que algunos colegios sientan que van a tener restricción de recursos, estamos disponibles para conversarlo”, aclaró.
Por lo tanto, añadió que “ningún colegio del sector particular subvencionado debiera tener ninguna inquietud ni necesidad de traspasarse al sistema particular pagado, habida cuenta de que si algo vamos a procurar es que todos tengan más recursos”.
Por su parte, Jesús Triguero, presidente de la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE), sugirió que la ayuda que se está entregando a la educación municipal también se dé al sector particular que no copaga, no lucra ni selecciona, y que cuentan con alumnos vulnerables.
Además, criticó que las primeras medidas no apuntan a la calidad, tanto como las que se tienen preparadas para el segundo semestre.
“Yo creo que esta agenda del segundo semestre, si se lleva bien, puede tocar más, porque ahí se aterriza en la sala de clases, la calidad de los docentes, se toca la provisión municipal que está necesitada en Chile. Lo importante es que se haga con justicia, pensando siempre en los alumnos vulnerables que no solamente se encuentran en la educación municipal, sino también en la particular. Si se hace inteligentemente, sin prisa como se ve en la situación que se ha producido en estos primeros proyectos, con problemas en el copago, cómo se va a terminar, y problemas en la selección”, explicó Triguero.
Rodrigo Ketterer, secretario general de Corporación de Colegios Particulares (Conacep), coincidió con Triguero en que no debería haber discriminación de los estudiantes en función del establecimiento, sino que por falta de recursos.
Por ello, consideró importante cumplir lo que está señalado en el programa de gobierno sobre el copago, es decir, “que el financiamiento se iba a reemplazar peso a peso, y que ningún colegio o alumno dispondría de menos recursos de los que estaba disponiendo actualmente”.
“Lamentablemente el proyecto de ley trae medidas que hacen que no se cumplan esas condiciones. Uno es congelar el monto del financiamiento compartido que logran los colegios. Lo congela en su valor en pesos, por lo tanto, la inflación va a ir achicando año a año la disponibilidad de recursos que tienen los colegios. Segundo, que se hayan reemplazado o no se hayan reemplazado los recursos, el financiamiento compartido se termina y los colegios se van a ver obligados a disminuir algunas prestaciones educacionales, lo que es dañino para los estudiantes”.
Asimismo, el alcalde de Punta Arenas, Emilio Bocazzi, desestimó el monto anunciado por el Ejecutivo y apuntó al aporte de los municipios para cofinanciar la educación, que en el año 2013 llegó a los 200 mil millones de pesos.
“Se trata de una cifra ínfima, porque nosotros tenemos en Punta Arenas un pago previsional mensual de cerca de 380 millones en la Corporación Municipal. Tenemos cerca de tres mil funcionarios, en el área de educación son cerca de mil 800, entre asistentes de educación y docentes, y pagamos cerca de 300 millones de pesos en imposiciones en el área de Educación”, detalló.
El propio Bocazzi añadió que “de la cifra de 20 mil millones, si uno saca la proporcionalidad, nos van a tocar cerca de 200 millones de pesos, puede ser que suba un poco más, pero no nos cubre ni siquiera un mes previsional”.
Finalmente, en el contexto de la decisión de la Contraloría de pedir al Mineduc frenar el ingreso de nuevos alumnos a las carreras de pedagogía en Institutos Profesionales, el ministro Eyzaguirre aseguró que va a “proteger los derechos” de estos alumnos matriculados.