El pasado martes, mediante un oficio de la Superintendencia del Medioambiente (SMA), se inició un procedimiento sancionatorio contra Minera Española Chile, que ejecuta el proyecto Mina Panales 1/54, emplazada en la Quebrada de La Plata.
Se trata de un proyecto ubicado al interior del fundo Rinconada, propiedad de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, en la comuna de Maipú.
La formulación de cargos contra la empresa se debe a que ésta realiza faenas de extracción de mineral sin haber sido evaluada ambientalmente. En ese sentido, el dictamen se establece luego que diversos actores sociales, como la Red por la Defensa de la Quebrada de La Plata, en conjunto con la Clínica de Justicia Ambiental de la Universidad Diego Portales, interpusieran una denuncia en junio de este año.
Otros dos recursos de protección fueron presentados previamente, en 2013, por la Municipalidad de Maipú y la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, instancia en que la SMA realizó labores de fiscalización al proyecto.
Sin embargo, el ente fiscalizador indicó que dicha faena no requería ingresar a evaluación. No obstante, en enero de 2014, la Corte Suprema ordenó a la empresa el cese sus actividades hasta que no cuente con las autorizaciones ambientales y mineras correspondientes.
Respecto de la resolución sancionatoria de este martes, se manifestó David Briones, vocero de la Red por la Defensa de la Quebrada de La Plata, quien manifestó que el objetivo de esta organización social es el desalojo de la empresa.
“Es que es un paso muy importante, porque el organismo del Estado que realmente tiene las atribuciones para efectuar un desalojo es precisamente la Superintendencia. Esto, después de los dos recursos de protección que fueron interpuestos el año pasado, pero entendiendo que los tribunales de justicia no tienen las atribuciones administrativas para lograr un desalojo. Estos son unos delincuentes, unos criminales que continuaron trabajando, pero finalmente el pasado martes la Contraloría emitió este oficio y lo primero que se hace es formular los cargos, donde nosotros solicitamos el desalojo”, sentenció Briones.
El alcalde de Maipú, Cristián Vittori, apuntó al desalojo de la minera, reparando que quedan en evidencia las deficiencias de la institucionalidad ambiental y cuidado del patrimonio.
“Primero, nos quedamos con un sabor amargo, porque esto demuestra que la institucionalidad ambiental que tenemos en nuestro país, está lejos de ser una entidad robusta. Finalmente, hemos logrado esto, pero lo que esperamos es la sanción. Lo que nosotros esperamos es la confiscación de la maquinaria, el desalojo inmediato de la Quebrada de La Plata por parte de Minera Española. Estamos cansados de que se vulnere el Estado de Derecho y esperamos que estas empresas dejen de especular”, precisó el jefe comunal.
En cuanto a las sanciones de la SMA, Vittori calificó como “muy grave” la infracción cometida por Minera Española. En ese sentido, cabe destacar que la Ley Orgánica de la Superintendencia establece que una infracción gravísima puede ser objeto de clausura y multas de hasta diez mil Unidades Tributarias Anuales.
El pasado martes, mediante un oficio de la Superintendencia del Medioambiente (SMA), se inició un procedimiento sancionatorio contra Minera Española Chile, que ejecuta el proyecto Mina Panales 1/54, emplazada en la Quebrada de La Plata.
Se trata de un proyecto ubicado al interior del fundo Rinconada, propiedad de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, en la comuna de Maipú.
La formulación de cargos contra la empresa se debe a que ésta realiza faenas de extracción de mineral sin haber sido evaluada ambientalmente. En ese sentido, el dictamen se establece luego que diversos actores sociales, como la Red por la Defensa de la Quebrada de La Plata, en conjunto con la Clínica de Justicia Ambiental de la Universidad Diego Portales, interpusieran una denuncia en junio de este año.
Otros dos recursos de protección fueron presentados previamente, en 2013, por la Municipalidad de Maipú y la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, instancia en que la SMA realizó labores de fiscalización al proyecto.
Sin embargo, el ente fiscalizador indicó que dicha faena no requería ingresar a evaluación. No obstante, en enero de 2014, la Corte Suprema ordenó a la empresa el cese sus actividades hasta que no cuente con las autorizaciones ambientales y mineras correspondientes.
Respecto de la resolución sancionatoria de este martes, se manifestó David Briones, vocero de la Red por la Defensa de la Quebrada de La Plata, quien manifestó que el objetivo de esta organización social es el desalojo de la empresa.
“Es que es un paso muy importante, porque el organismo del Estado que realmente tiene las atribuciones para efectuar un desalojo es precisamente la Superintendencia. Esto, después de los dos recursos de protección que fueron interpuestos el año pasado, pero entendiendo que los tribunales de justicia no tienen las atribuciones administrativas para lograr un desalojo. Estos son unos delincuentes, unos criminales que continuaron trabajando, pero finalmente el pasado martes la Contraloría emitió este oficio y lo primero que se hace es formular los cargos, donde nosotros solicitamos el desalojo”, sentenció Briones.
El alcalde de Maipú, Cristián Vittori, apuntó al desalojo de la minera, reparando que quedan en evidencia las deficiencias de la institucionalidad ambiental y cuidado del patrimonio.
“Primero, nos quedamos con un sabor amargo, porque esto demuestra que la institucionalidad ambiental que tenemos en nuestro país, está lejos de ser una entidad robusta. Finalmente, hemos logrado esto, pero lo que esperamos es la sanción. Lo que nosotros esperamos es la confiscación de la maquinaria, el desalojo inmediato de la Quebrada de La Plata por parte de Minera Española. Estamos cansados de que se vulnere el Estado de Derecho y esperamos que estas empresas dejen de especular”, precisó el jefe comunal.
En cuanto a las sanciones de la SMA, Vittori calificó como “muy grave” la infracción cometida por Minera Española. En ese sentido, cabe destacar que la Ley Orgánica de la Superintendencia establece que una infracción gravísima puede ser objeto de clausura y multas de hasta diez mil Unidades Tributarias Anuales.
El pasado martes, mediante un oficio de la Superintendencia del Medioambiente (SMA), se inició un procedimiento sancionatorio contra Minera Española Chile, que ejecuta el proyecto Mina Panales 1/54, emplazada en la Quebrada de La Plata.
Se trata de un proyecto ubicado al interior del fundo Rinconada, propiedad de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, en la comuna de Maipú.
La formulación de cargos contra la empresa se debe a que ésta realiza faenas de extracción de mineral sin haber sido evaluada ambientalmente. En ese sentido, el dictamen se establece luego que diversos actores sociales, como la Red por la Defensa de la Quebrada de La Plata, en conjunto con la Clínica de Justicia Ambiental de la Universidad Diego Portales, interpusieran una denuncia en junio de este año.
Otros dos recursos de protección fueron presentados previamente, en 2013, por la Municipalidad de Maipú y la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, instancia en que la SMA realizó labores de fiscalización al proyecto.
Sin embargo, el ente fiscalizador indicó que dicha faena no requería ingresar a evaluación. No obstante, en enero de 2014, la Corte Suprema ordenó a la empresa el cese sus actividades hasta que no cuente con las autorizaciones ambientales y mineras correspondientes.
Respecto de la resolución sancionatoria de este martes, se manifestó David Briones, vocero de la Red por la Defensa de la Quebrada de La Plata, quien manifestó que el objetivo de esta organización social es el desalojo de la empresa.
“Es que es un paso muy importante, porque el organismo del Estado que realmente tiene las atribuciones para efectuar un desalojo es precisamente la Superintendencia. Esto, después de los dos recursos de protección que fueron interpuestos el año pasado, pero entendiendo que los tribunales de justicia no tienen las atribuciones administrativas para lograr un desalojo. Estos son unos delincuentes, unos criminales que continuaron trabajando, pero finalmente el pasado martes la Contraloría emitió este oficio y lo primero que se hace es formular los cargos, donde nosotros solicitamos el desalojo”, sentenció Briones.
El alcalde de Maipú, Cristián Vittori, apuntó al desalojo de la minera, reparando que quedan en evidencia las deficiencias de la institucionalidad ambiental y cuidado del patrimonio.
“Primero, nos quedamos con un sabor amargo, porque esto demuestra que la institucionalidad ambiental que tenemos en nuestro país, está lejos de ser una entidad robusta. Finalmente, hemos logrado esto, pero lo que esperamos es la sanción. Lo que nosotros esperamos es la confiscación de la maquinaria, el desalojo inmediato de la Quebrada de La Plata por parte de Minera Española. Estamos cansados de que se vulnere el Estado de Derecho y esperamos que estas empresas dejen de especular”, precisó el jefe comunal.
En cuanto a las sanciones de la SMA, Vittori calificó como “muy grave” la infracción cometida por Minera Española. En ese sentido, cabe destacar que la Ley Orgánica de la Superintendencia establece que una infracción gravísima puede ser objeto de clausura y multas de hasta diez mil Unidades Tributarias Anuales.
