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CDE investiga desvíos de fondos de la Ley de Subvención Escolar Preferencial

El Consejo de Defensa del Estado informó que actualmente son 17 los municipios que se investigan por desviar fondos de la Ley SEP, a fines distintos por un total de 16 mil millones de pesos. Municipios se defienden reclamando déficit de fondos fiscales para los establecimientos, mientras profesores exigen que se investigue y sancione a los alcaldes y responsables de las malversaciones o posibles fraudes.

Cristián Pacheco

  Lunes 30 de junio 2014 21:24 hrs. 
ley sep

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Desde 2010 a la fecha, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se ha querellado 24 veces contra municipios por malversación o desvío a otros fines de los fondos que se inyectan vía ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP). Del total de investigaciones, aún hay 17 vigentes contra municipalidades e involucran un monto superior a 16 mil millones de pesos.

Entre los municipios investigados destacan Ovalle, San Bernardo y Conchalí, con desvíos superiores a los dos mil millones, además de La Serena, Valparaíso, La Florida, Pudahuel y Copiapó, por cifras no tan lejanas.

Precisamente, desde el 13 de junio que los profesores de Copiapó se encuentran en paro indefinido, al denunciar al municipio por el mal uso de recursos provenientes de la ley SEP, caso en el que el Colegio de Profesores se hizo parte e interpuso un recurso de protección en la Corte de Apelaciones.

Estas irregularidades muestran el problema estructural del financiamiento de la educación escolar, afirmó el economista Marco Kremerman. El investigador de la Fundación Sol apuntó a que el problema de fondo es la subvención por alumno que asiste a clases, el conocido sistema de voucher o subsidio a la demanda.

En ese contexto, Kremerman aseguró que el problema del actual sistema de subsidio es que el financiamiento no considera los distintos gastos que involucra un proyecto educativo.

“No existe un financiamiento basal que considere el pago de los profesores, sus horas lectivas y no lectivas, otros profesionales vinculados, lo que termina produciendo que el financiamiento sea insuficiente, porque no solo es un problema en la forma, sino de la cantidad. Esta subvención creada en 1981 jamás tuvo una vinculación con una idea de estándar de calidad de la educación que se quiere tener en las escuelas”, analizó el economista de Fundación Sol.

“La desmunicipalización es un medio, pero no es un fin en sí mismo”, insistió Kremerman, quien planteó que solo la entrega de un aporte basal termina con este sistema educativo mercantilizado.

Desde los municipios se defienden con algunos de estos argumentos. “Yo tengo la impresión de que hay más falta administrativa”, afirmó Christian Vittori, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades.

Christian Vittori argumentó. “Viene a poner en relieve el déficit inmenso que hay en los colegios, dado que la subvención que reciben los municipios no alcanza a cubrir el total de los costos operativos de los establecimiento. Muchos municipios, evidentemente que en su desesperación por pagar previsión, por pagar cuentas, destinaron parte de esos recursos a cancelar otro objetivo”.

En la línea de las reformas presentadas por el gobierno, Vittori sentenció: “El gobierno debe suplir ese financiamiento”. Asimismo, agregó que los municipios aprendieron que aunque sufran de déficit, no pueden echar mano a la ley SEP.

“Es el Estado el responsable. Son muy pocas las responsabilidades que hoy día el Estado tiene y aquellas pocas que le quedan, como en Educación y Salud, debe entregar la garantía no solo en financiamiento, sino también en acceso, oportunidades y en calidad a los niños y jóvenes de nuestro país”, concluyó.

Sobre el caso de Copiapó, es primera vez que los profesores no se van a huelga por remuneraciones o condiciones precarias, destacó el prosecretario del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, quien no está de acuerdo con la defensa que hace el representante de los alcaldes.

Mario Aguilar precisó que “esa es una muy mala justificación, porque la situación deficitaria del sistema no se resuelve malversando fondos, lo que es un delito. Será propiciando nuevos recursos, modificaciones legislativas, pero de ninguna manera dejar sin fondos a las escuelas que atienden a los niños más vulnerables”.

Hay un “hoyo negro” que debe ser “saneado” antes de que el sistema pase a manos del Estado, apuntó Aguilar. El representante del gremio aseguró que las malversaciones deben ser llevadas a la justicia para que la nueva institucionalidad comience con un paso firme.

“Si aquí hay alcaldes que tienen que quedar enjuiciados y eventualmente ser sacados de sus cargos por mal uso de recursos o directamente fraude, el Estado, a través del Mineduc y la Superintendencia, tienen que tomar cartas en el asunto y hacer los juicios que correspondan”, advirtió el dirigente gremial.

Tanto profesores como alcaldes concuerdan en que esto es una muestra más de la necesidad urgente de desmunicipalizar el sistema y que el Estado asuma su responsabilidad.

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